La senadora advirtió que el alza de casos en La Araucanía y a nivel nacional revela vacíos en prevención, protección y justicia, señalando que la respuesta del Estado sigue siendo tardía frente a una de las vulneraciones más graves de derechos humanos.
La senadora Carmen Gloria Aravena manifestó hoy su profunda inquietud frente a la delicada realidad de la explotación sexual infantil y adolescente en Chile, luego de conocerse que desde 2022 se han registrado 66 casos con indicadores de explotación sexual infantil en la Región de La Araucanía, sin que se hayan traducido en sanciones efectivas hasta la fecha. Estos registros, según la parlamentaria, son solo “la punta visible de un problema mucho más amplio y complejo”.
“No es posible que sigamos hablando de cifras sin entender que cada número representa a una niña o a un niño que ha sufrido vulneraciones profundas de derechos humanos”, enfatizó Aravena.Para la senadora, este fenómeno no se reduce a una ocurrencia aislada, sino que revela una tendencia estructural que exige respuestas urgentes, coordinadas y con recursos especializados.
En ese sentido, la parlamentaria recalcó que, aunque se han aprobado leyes y políticas en materia de infancia, los procesos de implementación y despliegue de recursos aún presentan deficiencias graves, tanto en prevención como en la atención inmediata de los casos, especialmente cuando estos ocurren en contextos familiares complejos o en hogares de acogida. “Hay legislación, pero la puesta en marcha efectiva de los programas aún es insuficiente”, sostuvo Aravena.
Los datos disponibles a nivel nacional refuerzan su preocupación: entre 2022 y 2024, las tasas de víctimas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes crecieron hasta 89%, según el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, con un total de 858 víctimas en 2024 registradas en delitos relacionados con obtención y facilitación de explotación sexual. En estas cifras, el 90% de las víctimas corresponde a niñas y adolescentes mujeres, y un 82% tiene entre 14 y 17 años, evidenciando un impacto severo en la adolescencia.
“Cuando el daño ya está hecho, muchas veces el sistema llega tarde. Esa realidad deja en evidencia que nuestros instrumentos de prevención, protección y justicia no están alcanzando a quienes más lo necesitan”, afirmó Aravena.
La senadora también señaló que la brecha entre denuncias y condenas efectivas es preocupante; muchos casos no llegan a las instancias judiciales por obstáculos estructurales, y otros quedan en procesos largos sin resolución definitiva, lo que genera frustración en las víctimas y sus familias.
Aravena destacó que las cifras actuales deben servir como alarma para fortalecer capacidades institucionales, enfatizando la necesidad de capacitación especializada de equipos técnicos, mayor coordinación entre las redes de protección, y una estrategia más robusta de prevención y respuesta inmediata. “No basta con reconocer el problema si no lo traducimos en acciones concretas que cambien la realidad de nuestros niños, niñas y adolescentes”, afirmó.
Finalmente, la senadora reafirmó su compromiso de trabajar en iniciativas que promuevan la protección efectiva de la infancia y adolescencia y de impulsar espacios de diálogo y trabajo colaborativo que permitan enfrentar de manera más eficaz esta grave vulneración de derechos.
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