Una nueva controversia política se abrió luego de conocerse que distintas reparticiones del Estado recibieron instrucciones internas para suspender temporalmente tramitaciones administrativas, compras públicas y contrataciones, medida que afectaría a organismos vinculados a los ministerios de Vivienda y Agricultura.
Los documentos, enviados mediante oficios a distintas instituciones, instruyen a las jefaturas y oficinas administrativas detener el despacho de documentos y la tramitación de actos administrativos asociados a nuevas adquisiciones o contrataciones, hasta que las nuevas autoridades definan directrices para el funcionamiento de los servicios.
Entre las instituciones involucradas aparecen el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y organismos dependientes del Ministerio de Agricultura, como la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y la Comisión Nacional de Riego, entre otros.
Qué establecen los oficios
De acuerdo con el contenido de los documentos, los servicios fueron instruidos a abstenerse de despachar cualquier tipo de documentación institucional, tanto interna como externa, mientras se revisa el flujo de actos administrativos y los procesos en curso.
Además, los oficios ordenan suspender la tramitación de antecedentes relacionados con nuevas compras públicas, adquisiciones o contrataciones, al menos hasta que las autoridades entrantes definan nuevas directrices para el funcionamiento de los servicios.
Según el propio instructivo, la medida se adoptó para ordenar y revisar los procesos administrativos en el contexto del cambio de administración, con el objetivo de priorizar y controlar los procedimientos institucionales.
Críticas desde el Congreso
La instrucción generó críticas desde la oposición. El diputado José Montalva (PPD) cuestionó el alcance de la medida y advirtió que podría implicar una paralización de trámites relevantes, especialmente en el ámbito habitacional.
El parlamentario sostuvo que el instructivo podría afectar procesos como pagos a proveedores, asignaciones directas y entrega de subsidios habitacionales, lo que a su juicio podría retrasar soluciones para familias que esperan acceso a vivienda.
Ante esta situación, Montalva anunció que solicitará explicaciones formales y que recurrirá a la Contraloría General de la República para que revise la legalidad de la instrucción y determine si se respeta el principio de continuidad del servicio público.
Respuesta del gobierno
Desde el Ministerio de Vivienda señalaron que el oficio no implica la paralización de programas o planes habitacionales, sino que busca ordenar procedimientos internos mientras se revisan decisiones adoptadas en la etapa final de la administración anterior.
La controversia se produce en un contexto marcado por el cambio de autoridades en distintos ministerios y la revisión de procesos administrativos en curso dentro del aparato estatal.
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