La organización ambiental advirtió que la decisión podría frenar medidas clave para proteger ecosistemas, regular emisiones contaminantes y enfrentar la crisis climática en Chile.
La organización ambiental Greenpeace expresó su preocupación tras la decisión del Ministerio del Medio Ambiente de retirar 43 decretos que se encontraban en proceso de revisión en la Contraloría. Desde la entidad señalaron que se trata de una medida que podría afectar avances importantes en materia de protección ambiental en el país.
A través de una declaración pública, la abogada de Greenpeace Chile, Roxana Núñez, afirmó que es necesario que las autoridades entreguen una explicación clara sobre la decisión. “Urge que el gobierno explique con total claridad las razones que llevaron a la Subsecretaría de Medio Ambiente a retirar del trámite de toma de razón en Contraloría un total de 43 decretos en materias fundamentales para la protección ambiental del país”, sostuvo.
Según la organización, la medida no sería un procedimiento administrativo menor, sino una señal que genera preocupación respecto al rumbo de las políticas ambientales. En ese sentido, Núñez advirtió que la decisión “representa una señal preocupante de desmantelamiento progresivo de la institucionalidad ambiental”.
Los decretos retirados abordan diversas materias ambientales relevantes, entre ellas normas de calidad del aire, regulaciones para emisiones industriales —incluyendo el sector termoeléctrico—, planes de descontaminación como el del lago Villarrica y herramientas de adaptación frente al cambio climático.
También se verían afectadas iniciativas vinculadas a la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, así como programas de recuperación de especies en peligro, entre ellas la ranita de Darwin. A esto se suma la paralización de medidas como la declaración del pingüino de Humboldt como Monumento Natural y la creación de nuevas áreas protegidas en distintos ecosistemas del país.
Desde Greenpeace advirtieron que el retiro de estas normativas podría retrasar la entrada en vigencia de políticas diseñadas para proteger la salud de las personas y la biodiversidad. “Lo que está en juego no es solo la tramitación de decretos, sino la capacidad real del país de enfrentar la crisis climática y ecológica con la urgencia que exige el momento actual”, señaló Núñez.
La organización ambiental insistió en que el Gobierno debe transparentar las razones de esta decisión y asegurar que no se esté debilitando el marco institucional que protege el patrimonio natural de Chile.
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