El combustible caro como síntoma de un país vulnerable

Cristian Sánchez López, Ingeniero Civil en Minas y académico U. Central

Chile enfrenta una presión energética que ya no es un problema pasajero ni una simple consecuencia del precio internacional. Cada alza de los combustibles impacta el transporte público, el traslado de alimentos, las pymes, la agricultura, la minería y el comercio, recayendo directa o indirectamente sobre las familias. El problema es estructural, porque el país importa gran parte de los combustibles que consume, compra en un mercado internacional valorizado en dólares y depende de rutas, proveedores y tensiones geopolíticas que no controla. Por eso, cuando sube el petróleo o se encarece el dólar, el impacto se transforma en inflación cotidiana, menor poder adquisitivo y una mayor sensación de vulnerabilidad social. La soberanía energética, entonces, no puede reducirse a un discurso patriótico, sino que debe expresarse en la capacidad concreta del Estado para anticipar crisis, negociar mejor, disminuir gradualmente su exposición a factores externos y, en definitiva, proteger a su población.

La solución nunca estará en los extremos. No basta con dejar que el mercado traspase todo el costo a las personas, ni con subsidiar indefinidamente el precio de los combustibles sin distinguir quién lo necesita. Chile requiere una política pública inteligente, donde el Estado actúe unido, con visión técnica y compromiso social. ENAP debe cumplir un papel estratégico, no solo comercial, negociando contratos de mediano y largo plazo, diversificando proveedores, fortaleciendo el almacenamiento y mejorando la coordinación logística. Al mismo tiempo, instrumentos como el MEPCO deben perfeccionarse para proteger primero al transporte público, las regiones, hogares vulnerables, trabajadores independientes y cadenas de abastecimiento de alimentos. No todos los consumos de combustible tienen el mismo valor social. Subsidiar el traslado diario de una familia o el transporte de productos básicos tiene un alto impacto público, mientras que abaratar usos de alto consumo privado tiene una prioridad menor. La justicia fiscal exige focalizar el apoyo donde más incide sobre el costo de vida.

La gestión de corto plazo solo será efectiva si se conecta con una transformación de fondo orientada a la seguridad económica. Para ello, Chile debe reducir progresivamente su dependencia del petróleo importado, electrificar el transporte público, apoyar el recambio de taxis, colectivos y flotas urbanas, recuperar trenes de carga donde sea viable y ordenar mejor la logística nacional para que mover productos no dependa casi exclusivamente del diésel. También se requiere integración energética regional, especialmente con países vecinos, y un uso estratégico de las rentas del cobre y el litio para financiar infraestructura, almacenamiento, innovación y transición energética. Un Estado eficiente no es aquel que lo controla todo, sino aquel que coordina al sector público, las empresas, las regiones y la ciudadanía en torno a un objetivo común que consiste en bajar la vulnerabilidad energética del país. La economía debe volver a servir a las personas, y eso solo será posible si Chile comienza a construir, con unidad y decisión, una política energética soberana, justa y de largo plazo.

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