Un preinforme de Contraloría, denuncias del Servicio Nacional de Migraciones y antecedentes de Fiscalía abrieron una de las investigaciones más graves de los últimos años: cientos de niños, niñas y adolescentes haitianos ingresaron a Chile en vuelos chárter durante 2025, pero el Estado no tendría claridad total sobre el paradero de parte de ellos. Las indagatorias apuntan a posibles delitos de tráfico de personas, falsificación de documentos, soborno y cohecho.
Una grave alerta institucional se encendió en Chile tras conocerse antecedentes sobre el ingreso de niños, niñas y adolescentes haitianos al país mediante vuelos chárter durante el año 2025, en el marco de procesos de reunificación familiar. Según información conocida públicamente, el caso hoy es investigado por el Ministerio Público y mantiene bajo revisión el actuar de distintos organismos del Estado.
De acuerdo con los antecedentes expuestos, un preinforme de la Contraloría General de la República detectó irregularidades en el arribo de menores de edad provenientes de Haití, varios de los cuales habrían viajado junto a adultos sin vínculos sanguíneos comprobados. La situación generó una investigación penal por eventuales delitos de tráfico de personas, falsificación de instrumento público, soborno y cohecho, todos hechos que deberán ser acreditados por la Fiscalía.
Uno de los puntos más sensibles del caso es la falta de certeza sobre el paradero de parte de los menores. Mientras el Ministerio Público ha hablado de más de 200 niños, niñas y adolescentes inubicables en determinados períodos, otros antecedentes asociados al preinforme de Contraloría mencionan una muestra en la que 64 menores no fueron encontrados en los domicilios informados. La diferencia de cifras refleja precisamente uno de los mayores problemas del caso: la ausencia de información clara, trazable y coordinada entre instituciones.
El Servicio Nacional de Migraciones presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por un eventual tráfico de menores vinculado a vuelos chárter provenientes de Haití, que llegaron a Chile entre enero y octubre de 2025. La indagatoria quedó en manos del fiscal Francisco Jacir, mientras la Fiscalía Nacional también abrió una investigación de oficio por el ingreso de niños, niñas y adolescentes haitianos.
Entre los antecedentes más graves se encuentra que algunos adultos habrían ingresado al país acompañando a un alto número de menores. Según reportes basados en antecedentes de Contraloría, siete adultos habrían ingresado a Chile con 486 niños, niñas y adolescentes haitianos entre 2024 y 2025, en 61 vuelos. Esta situación encendió las alertas de las autoridades, ya que el proceso de reunificación familiar exige controles claros respecto de la identidad, documentación y vínculo con quienes reciben o acompañan a los menores.
La crisis escaló a nivel nacional luego de que el Gobierno convocara a autoridades de los tres poderes del Estado para abordar la situación. La prioridad declarada por el Ejecutivo es establecer el paradero de los menores y revisar las eventuales responsabilidades administrativas, políticas o penales que puedan existir. Además, se anunció una fuerza de trabajo interministerial, encabezada por el Ministerio de Desarrollo Social, para coordinar la búsqueda y revisión de antecedentes.
El caso también abrió un fuerte debate político respecto de los controles migratorios aplicados en años anteriores. Desde el actual Servicio Nacional de Migraciones se ha cuestionado una eventual flexibilización de requisitos para el ingreso de personas haitianas, mientras exautoridades han señalado que ya existían denuncias previas ante Fiscalía por posibles irregularidades vinculadas a agencias, aerolíneas y documentación.
Más allá de las responsabilidades que determine la justicia, el caso deja una pregunta urgente para el país: cómo pudo permitirse el ingreso de cientos de menores bajo un procedimiento sensible como la reunificación familiar sin que existiera una trazabilidad suficiente, clara y verificable sobre su destino final.
Por ahora, la investigación continúa en curso y las autoridades deberán esclarecer si hubo fallas administrativas, negligencia institucional o una eventual red organizada detrás del ingreso de menores haitianos al país. Lo central, sin embargo, sigue siendo lo más delicado: saber dónde están esos niños, niñas y adolescentes, en qué condiciones se encuentran y quién responde por su protección.
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