Cuando un país se comienza a arrodillar ante la avalancha ideológica de la extrema derecha con el aval del conservadurismo tradicional que también ha hecho historia en la conservación de una patria democrática.
Por Gustavo Cid Asenjo – Periodista
EL GONG .- El Ejecutivo ha registrado en las últimas horas la peor evaluación de todo su período, marcando un hito de desaprobación histórica respecto a la eficacia de su gestión en las áreas más sensibles y estratégicas para el desarrollo del país. Las cifras entregadas por los principales sondeos de opinión pública no solo reflejan una baja sostenida y progresiva en la valoración ciudadana, sino que confirman el quiebre prematuro de la amplia base de apoyo que llevó a José Antonio Kast a la Presidencia de la República. El capital político obtenido en las urnas se ha disipado a una velocidad inédita, reduciendo el respaldo popular a apenas un escaso tercio de la población y dejando al descubierto un severo desgaste de legitimidad institucional en tiempo récord.
Esta acelerada pérdida de adhesión no constituye un fenómeno fortuito ni atribuible a errores coyunturales de comunicación; es el resultado directo de una forma de gobernar percibida como distante, autoritaria e inflexible. La constante apelación a la autosuficiencia y la nula apertura a la construcción de consensos han terminado por aislar a La Moneda del sentir de las mayorías. En la práctica, el apoyo al proyecto republicano se ha atrincherado en el núcleo más duro de la derecha ortodoxa, mientras los sectores de la derecha moderada y progresista han terminado por claudicar ante un programa de gobierno que prioriza la confrontación dogmática por sobre la resolución pragmática de las urgencias sociales.
El trasfondo de esta deriva gubernamental va más allá de un tropiezo estadístico en los paneles semanales de evaluación; tensiona directamente los aprendizajes históricos y los pilares fundamentales de la convivencia democrática. La línea discursiva e ideológica desplegada por el oficialismo revive esquemas y dogmas propios de la Guerra Fría, reabriendo divisiones que la sociedad chilena e internacional creían superadas bajo la premisa irrenunciable del «nunca más». Al reivindicar y validar marcos doctrinarios ultraconservadores, la administración actual evoca referentes históricos asociados a la imposición y a la pérdida de libertades, lo que genera un profundo rechazo en una ciudadanía que rechaza los retrocesos en materia de derechos y pluralismo.
Finalmente, el ejercicio del poder bajo esta lógica de trinchera revela una pretensión de gobernar sin contrapesos, ignorando las alertas que emiten tanto las instituciones como la propia calle. Al reducir la gestión pública a la ejecución de un itinerario ultra ideologizado, el Gobierno no solo arriesga profundizar el estancamiento de las reformas clave, sino que acrecienta la brecha entre la agenda política de las élites gubernamentales y las verdaderas necesidades de la ciudadanía. La persistencia en esta estrategia, lejos de consolidar la autoridad presidencial, amenaza con perpetuar un escenario de crispación política y desaceleración que tensiona de manera crítica el futuro inmediato del país.
