La tragedia y la contingencia climática vuelven a poner sobre la mesa una pregunta incómoda pero ineludible.
¿cuánto vale la prevención? La discusión en torno a la reducción de recursos en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), sumada a la tajante advertencia de la Contraloría General sobre una situación «extremadamente precaria», trasciende la pura aritmética fiscal para instalar un debate ético y político profundo.
EL GONG .- Reducir fondos en áreas críticas como el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres —sea por ajustes de caja, decretos ministeriales o proyecciones a la baja— envía una señal contradictoria en un país geográficamente vulnerable como Chile. Si bien las autoridades han sido prudentes en aclarar que un recorte presupuestario no se traduce mecánicamente en la causa directa de una emergencia puntual, como el aluvión en Las Condes, la precariedad operativa debilita el músculo preventivo del Estado. La preparación no es un gasto superfluo que se pueda recortar ante la estrechez económica; es una inversión estructural que salva vidas.
El proyecto de Ley de Presupuestos que hoy transita por el Congreso no puede permitirse mirar el riesgo de desastres desde la calculadora del ahorro a corto plazo. Las alertas de Dorothy Pérez desde la Contraloría deben leerse como un llamado de atención urgente. La eficiencia fiscal es indispensable, pero sacrificar los márgenes de preparación frente a catástrofes naturales —cada vez más frecuentes e intensas por la crisis climática— es una apuesta demasiado alta.
Chile no necesita diagnósticos posteriores a la tragedia, sino Estados con espaldas financieras robustas antes de que ocurran. La política y la técnica deben unirse para blindar los recursos de emergencia, porque cuando la naturaleza golpea, la improvisación nunca es una alternativa.
