Para la exjefa de gabinete, la agonía y la muerte no pueden utilizarse como fichas de negociación en el ajedrez de la política contingente.
“El señor Aliste debió haberse ido en sus últimas horas a su casa y los condenados por derechos humanos que están agonizando también debieran poder seguir a su casa”, afirmó.
Las declaraciones de la ex ministra obliga a ambos sectores a redefinir sus coordenadas éticas.
Por Gustavo Cid Asenjo
Periodista SOPESUR
SANTIAGO, EL GONG.- El debate sobre los límites de la justicia, la memoria y el perdón en Chile acaba de sumar un giro que puede originar un estado de controversia y tensión política. A raíz de la muerte en prisión de un exguerrillero con cáncer terminal —caso que ha agudizado la controversia nacional—, la figura de Carolina Tohá —exministra del Interior y exvicepresidenta de la República— ha emergido con una postura tan autorizada como ineludible en el controvertido terreno de los indultos.
Aunque formalmente se trate de una opinión personal, el peso de sus palabras trasciende con creces el plano individual. Proviene de una de las figuras con mayor peso institucional de la centroizquierda, alguien que ocupó el corazón del aparato de seguridad y gobernabilidad del país bajo la administración del residente Gabriel Boric. En un escenario donde parte de la derecha empuja un “indulto humanitario transversal” (incluyendo a presos por delitos de lesa humanidad) y la izquierda lo rechaza por considerarlo una “moneda de cambio” o un indulto cruzado frente a los acusados del estallido social. La intervención de Tohá sacude el tablero al romper los bloques tradicionales.
La propuesta central: Despolitizar el indulto y radicarlo en el Estado
El núcleo de la postura de la exministra apunta a una transformación institucional profunda: sacar el peso del indulto de las manos del presidente de la República y radicar la resolución en otras instituciones del Estado. Para Tohá, el sistema actual —que involucra a Gendarmería y a los tribunales— falló gravemente al no operar a tiempo frente a situaciones límite, cuestionando por qué mecanismos regulares no previnieron desenlaces como el de Alejandro Aliste.
Desde esa perspectiva, la también exvicepresidenta lanza una definición que desafía las trincheras políticas: “El señor Aliste debió haberse ido en sus últimas horas a su casa y los condenados por derechos humanos que están agonizando también debieran poder seguir a su casa”, afirmó.
Criterio humanitario sin colores políticos, ideologías ni «monedas de cambio»
Tohá sostiene que el criterio humanitario debe aplicarse de manera universal, sin importar el sector político asociado a cada condenado, recordando con crudeza que muchos presos por delitos comunes mueren en las cárceles chilenas en el total anonimato, sin que ningún partido ponga sus casos en discusión.
Asimismo, rechaza tajantemente que estos beneficios se transformen en un intercambio mercantil entre sectores políticos —la lógica de los indultos cruzados—. Para la exjefa de gabinete, la agonía y la muerte no pueden utilizarse como fichas de negociación en el ajedrez de la política contingente.
El peso de la experiencia y el cortafuegos republicano
Que una exministra del Interior ponga sobre la mesa este debate con semejante claridad obliga a ambos sectores a redefinir sus coordenadas éticas. Mientras la derecha debate el alcance de un perdón general y la izquierda recela de cualquier atisbo de impunidad, Tohá instala un cortafuegos republicano: los procedimientos humanitarios para enfermos terminales deben ser una regla de humanidad institucionalizada del Estado de Chile, y no una decisión sujeta a la presión de la contingencia ni al cálculo electoral.
En momentos donde los consensos democráticos parecen erosionarse, la voz de Tohá recuerda que la gestión del dolor y la muerte en el sistema penitenciario exige estándares civilizatorios que el sistema actual, politizado y burocrático, urge por reformar.
