La controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad abrió un nuevo frente político. Parlamentarios del Partido Republicano plantearon la posibilidad de acusar constitucionalmente a ministros de la Corte Suprema, trasladando parte del cuestionamiento hacia el Poder Judicial, mientras la oposición apunta a la responsabilidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat.
SANTIAGO.- La controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad abrió un nuevo frente político. Parlamentarios del Partido Republicano plantearon la posibilidad de acusar constitucionalmente a ministros de la Corte Suprema, trasladando parte del cuestionamiento hacia el Poder Judicial, mientras la oposición apunta a la responsabilidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat.
La controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad abrió un nuevo frente político. Parlamentarios del Partido Republicano plantearon la posibilidad de acusar constitucionalmente a ministros de la Corte Suprema, trasladando parte del cuestionamiento hacia el Poder Judicial, mientras la oposición apunta a la responsabilidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, cita El Mostrador.
La discusión se produce luego de que el Gobierno concediera rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por estos delitos. El Ejecutivo ha defendido que sus decisiones se sustentaron en criterios establecidos por la Corte Suprema, aunque el presidente José Antonio Kast reconoció un error del Estado frente a las víctimas y mantuvo a Rabat en su cargo.
La controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad abrió un nuevo frente político. Parlamentarios del Partido Republicano plantearon la posibilidad de acusar constitucionalmente a ministros de la Corte Suprema, trasladando parte del cuestionamiento hacia el Poder Judicial, mientras la oposición apunta a la responsabilidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Según El Mostrador, la discusión se produce luego de que el Gobierno concediera rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por estos delitos. El Ejecutivo ha defendido que sus decisiones se sustentaron en criterios establecidos por la Corte Suprema, aunque el presidente José Antonio Kast reconoció un error del Estado frente a las víctimas y mantuvo a Rabat en su cargo.
El diputado republicano Leandro Kunstmann cuestionó que la ofensiva parlamentaria se concentre exclusivamente en el secretario de Estado y sostuvo que también debe examinarse la actuación de los magistrados que resolvieron favorablemente solicitudes de reducción de penas.
“No sacamos nada con acusar constitucionalmente al ministro Rabat si no avanzamos también en una acusación constitucional contra todos esos ministros de la Corte Suprema que otorgaron los más de 300 beneficios a estos reclusos”, afirmó el parlamentario.
La ofensiva contra la Corte Suprema
La bancada del Partido Nacional Libertario también anunció que estudia acusaciones constitucionales contra magistrados del máximo tribunal. La diputada Paulina Muñoz sostuvo que los jueces “abrieron la puerta a la rebaja de las condenas para violadores y abusadores de niños”.
La parlamentaria cuestionó que la Corte Suprema haya aplicado criterios diferentes frente a solicitudes similares y afirmó que los jueces deben aplicar la ley, no modificar su sentido. El líder libertario, Johannes Kaiser, señaló que cualquier acusación deberá sustentarse en antecedentes que permitan acreditar un eventual notable abandono de deberes.
Oposición mantiene presión sobre Rabat
En paralelo, las bancadas opositoras han impulsado una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, a quien responsabilizan políticamente por las rebajas concedidas durante la actual administración.
La controversia también enfrenta interpretaciones jurídicas distintas. Mientras el oficialismo sostiene que el Ministerio de Justicia actuó siguiendo la jurisprudencia del máximo tribunal, desde la oposición cuestionan especialmente las rebajas otorgadas mediante decisiones administrativas.
El Gobierno suspendió la tramitación de nuevos decretos de reducción de condenas y anunció reformas legales para impedir que personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores puedan acceder a estos beneficios.
