La presentación judicial fue hecha por dos diputados opositores. La gravedad institucional de la crisis ha roto los moldes tradicionales de la política chilena.
Como pocas veces se ha visto en la democracia chilena, las repercusiones por la polémica rebajada de condenas a violadores de menores y de derechos humanos, han escalado drásticamente a la sede persecutoria que debe tomar una decisión crucial.
SANTIAGO. — El subsecretario de Justicia, Luis Silva, fue removido de su cargo durante este viernes en medio de la grave crisis que enfrenta el Gobierno del Presidente José Antonio Kast por las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y violaciones a los derechos humanos. Su salida ocurre después de que publicara un video para explicar su participación en la firma de los decretos, sin informar previamente al ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Un hecho inédito: Denuncia por prevaricación y la Fiscalía evalúa investigación penal
La gravedad institucional de la crisis ha roto los moldes tradicionales de la política chilena. Como pocas veces se ha visto en democracia, las repercusiones han escalado drásticamente a la sede persecutoria: el fiscal nacional, Ángel Valencia, remitió este viernes a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte los antecedentes de la denuncia por prevaricación administrativa presentada por los diputados de oposición Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) contra el ministro Fernando Rabat y el destituido subsecretario Luis Silva. La acción cuestiona la legalidad de 56 decretos dictados por la cartera que concedieron rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, sosteniendo que las autoridades habrían desconocido restricciones legales expresas.
La Fiscalía Centro Norte, a cargo del fiscal regional Francisco Jacir Manterola, deberá evaluar los antecedentes para determinar si procede o no el inicio de una investigación penal. Los parlamentarios denunciantes también solicitaron un persecutor con dedicación exclusiva debido a la complejidad de revisar los decretos.
Esta controversia involucra de manera transversal a múltiples instituciones del Estado. El caso salpica directamente a la Corte Suprema, a Gendarmería, al Congreso Nacional y al propio Ministerio de Justicia. En una jugada de extrema presión y virtualmente inédita, parlamentarios del Partido Republicano y de la colectividad del excandidato presidencial de extrema derecha, Johannes Kaiser, pretenden acusar constitucionalmente a miembros de, nada menos, que de la Corte Suprema por el mismo caso. Esto es estimado en círculos políticos como una clara «moneda de cambio» ante la misma figura que la oposición usará en contra del ministro Rabat.
