FOTO: Diputado Javier Munoz rinde informe del proyecto que amplia la llamada «Ley del mono».
La moción busca ampliar la vigencia y alcance del régimen excepcional de regularización de viviendas. Además, establece que los municipios podrán perstar asesoría gratuita a familias vulnerables.
EL GONG.- La iniciativa, impulsada por el diputado DC Javier Muñoz, busca entregar certeza jurídica a miles de familias que han construido sus viviendas sin permisos formales. El proyecto prorroga hasta el 31 de diciembre de 2029 el plazo para regularizar construcciones realizadas antes del 28 de noviembre de 2025 que no cuenten con recepción definitiva total o parcial.
Entre los cambios más relevantes destaca el aumento del avalúo fiscal máximo de las viviendas que pueden acogerse a este sistema, elevándose de 1.500 UF a 2.000 UF. Asimismo, se amplía la superficie máxima de las propiedades incluidas en el procedimiento de regularización, estableciendo un primer tramo a costo cero para viviendas de 90 a 120 metros cuadrados, y un segundo tramo de hasta 180 metros cuadrados con pago del 50% del monto habitual.
Las Direcciones de Obras Municipales deberán revisar el cumplimiento de normas urbanísticas dentro de 60 días hábiles desde la presentación de la solicitud. Adicionalmente, la Cámara aprobó una indicación que permite a las municipalidades conformar equipos comunales de regularización, integrados por profesionales que prestarán asistencia gratuita a familias del 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares, adultos mayores, personas con discapacidad y habitantes rurales.
Durante el debate, los diputados valoraron la iniciativa por ofrecer soluciones concretas a familias en situación de vulnerabilidad, reconociendo la autoconstrucción como una realidad extendida en el país. Sin embargo, varios parlamentarios enfatizaron la necesidad de mantener estándares de seguridad, advirtiendo que la regularización no debe permitir construcciones en zonas de riesgo ni desconocer exigencias básicas de protección.
El proyecto ahora será analizado por el Senado.
