El dictamen estableció que la exministra de Seguridad Pública no se ajustó a sus facultades legales al solicitar información detallada sobre detectives vinculados a una investigación en curso. El organismo también revisó la salida de la prefecta Consuelo Peña y la continuidad de la Unidad Estratégica del ministerio.
La Contraloría General de la República concluyó que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, excedió las atribuciones que le entrega la ley al requerir a la Policía de Investigaciones antecedentes detallados sobre funcionarios vinculados a una causa penal en desarrollo.
El pronunciamiento quedó contenido en el Dictamen N° D344/2026, de fecha 1 de julio, firmado por la contralora general Dorothy Pérez. La resolución respondió a presentaciones realizadas por parlamentarios y abordó tres materias: el oficio reservado enviado a la PDI, la salida de la entonces prefecta general Consuelo Peña San Miguel y la situación de la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública.
El punto central del dictamen se relaciona con el oficio reservado N° 28, emitido el 13 de marzo de 2026, mediante el cual Steinert solicitó información sobre personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado vinculada a una investigación penal específica. Si bien Contraloría sostuvo que un requerimiento general de información podría entenderse dentro de las facultades del ministerio, advirtió que la solicitud fue más allá de ese marco.
Según el organismo, el oficio pidió una nómina detallada de funcionarios trasladados o cesados en relación con una causa con RUC específico, incluyendo nombres completos, cédulas de identidad, grados, antecedentes disciplinarios y penales, además de copias de denuncias o sumarios internos. Por ello, Contraloría estableció que dicha solicitud “excede la facultad general de requerir informes conferida por el artículo 6° letra l” de la ley.
El dictamen remarcó que las atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública para pedir informes deben estar vinculadas a labores de planificación, coordinación y evaluación de políticas de seguridad, y no pueden utilizarse de manera que puedan afectar una investigación penal en curso.
Además, el organismo consideró relevante que los funcionarios requeridos pertenecían a una unidad policial que había colaborado en investigaciones dirigidas anteriormente por Steinert cuando se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá. En ese contexto, Contraloría recordó que las autoridades deben cumplir el deber de abstención incluso frente a un eventual conflicto de interés.
Con esos antecedentes, la resolución concluyó que “la actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención”.
Respecto de la salida de la entonces prefecta general de la PDI, Consuelo Peña San Miguel, Contraloría determinó que su retiro absoluto fue dispuesto mediante el decreto supremo N° 53 de 2026 del Ministerio de Seguridad Pública, con efecto desde el 20 de marzo de ese año. Dicho acto fue tomado de razón el 10 de abril por el organismo contralor “por ajustarse a derecho”.
La controversia por la salida de Peña había generado cuestionamientos públicos luego de que se vinculara su retiro con diferencias previas con Steinert. En abril, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, defendió la decisión y sostuvo ante la comisión de Seguridad de la Cámara que “Quien toma las decisiones de la PDI es este director general” y que “estas decisiones son siempre institucionales”.
Finalmente, la Contraloría descartó que se hubiese producido la disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública. El organismo señaló que una eventual supresión o modificación de su dependencia directa requeriría una norma de rango legal, y consignó que el ministerio informó que la unidad se mantenía vigente.
Posteriormente, la cartera precisó que mediante el decreto exento N° 128, del 15 de junio de 2026, la repartición pasó a denominarse “Unidad Ministerial Estratégica”, manteniéndose bajo dependencia directa del ministro. Por ello, Contraloría concluyó que “no se ha producido una vulneración a la citada ley N° 21.730”.
