La Contraloría General de la República determinó que no existieron pruebas suficientes para justificar pagos de dinero a la exministra Cecilia Pérez y a dos personas de su entorno contratadas en la Municipalidad de La Florida, durante la gestión del entonces alcalde Rodolfo Carter.
Según el Informe Final de la Contraloría (N° 375), los documentos y respaldos presentados no acreditan de manera adecuada las funciones ni la habitualidad del trabajo desempeñado por Pérez entre enero y septiembre de 2024. Por este motivo, el organismo fiscalizador instruyó devolver más de 18 millones de pesos pagados a la exvocera de Gobierno.
La auditoría detalla que, en varios meses, los informes de actividades sólo registraron pocos días de labores —por ejemplo, ocho días en enero, dos en febrero o siete en septiembre—, pese a que Pérez recibió su remuneración completa como coordinadora de gabinete.
Pagos también cuestionados a su exmarido y cuñada
Además de Pérez, la Contraloría pidió la devolución de otros fondos pagados a personas vinculadas a ella:
- Carlos Contreras Mena, su exmarido, debiera devolver cerca de $4,9 millones, ya que los informes entregados fueron considerados “genéricos” y no demostraron que cumplió funciones específicas.
- Marcela Gálvez Muñoz, su cuñada, tendría que restituir más de $2,3 millones, debido a reajustes salariales que no coincidían con lo estipulado en su contrato.
Estos cuestionamientos forman parte de una revisión más amplia que se inició tras una denuncia por posibles irregularidades en contrataciones dentro de la Corporación Municipal de La Florida (Comudef).
Respuesta de la Municipalidad
Las autoridades municipales defendieron su actuar, señalando que el estándar de respaldo exigido por la Contraloría para contratos a honorarios es “superior al habitual” y que corresponde a uno más exigente del que normalmente se requiere para este tipo de funciones. Aseguraron que presentarán nueva documentación para intentar subsanar las observaciones del ente fiscalizador.
Un escenario complejo para la gestión local
La determinación de la Contraloría abre un escenario de tensión política y administrativa para la gestión de Carter, actual senador electo, y para el municipio de La Florida, que ahora tendrá que enfrentar los procesos de reparo de cuentas y posibles devoluciones de los fondos que el organismo considera mal justificados.
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