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Cuestionamientos a supuesta de falta probidad en el Servicio de Protección de la Niñez

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**Cuestionamientos a supuesta de falta probidad en el Servicio de Protección a la infancia vulnerada. Situación del Director regional y un jefe de departamento, en revisión por el Ejecutivo.

TEMUCO (EL GONG).- La actuación de autoridades y funcionarios del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) en la Región de La Araucanía se encuentra bajo escrutinio público. Antecedentes sobre presuntas irregularidades administrativas, denuncias ante la Contraloría y decisiones sobre sanciones disciplinarias han abierto interrogantes respecto a los criterios aplicados al interior del organismo. Indagan a director regional y decisiones disciplinarias internas.

Por solicitud de las fuentes consultadas para este reportaje, sus identidades se mantendrán en reserva para resguardarlas de eventuales represalias laborales.

1. La denuncia contra el director regional por ejercicio particular

Uno de los flancos abiertos apunta directamente al director regional del servicio, Jaime Millar Cisternas. El timonel regional fue formalmente denunciado ante la Contraloría General de la República (CGR) y puesto en conocimiento del Gobierno tras detectarse que participó como abogado particular en una audiencia ante un Tribunal de Familia, pese a que ya había asumido funciones en el organismo público.

Según los antecedentes del caso, Millar asumió su cargo un día lunes, pero compareció en calidad de litigante particular en una instancia judicial días después. Este episodio abrió cuestionamientos sobre una eventual colusión con las jornadas laborales exclusivas del servicio público, la incompatibilidad de funciones y el apego a la probidad administrativa.

Consultado por los hechos, desde el Ejecutivo se confirmó que la situación está bajo revisión a la espera de que los órganos fiscalizadores determinen si existió una infracción formal.

2. Sumarios y giros en sanciones a nivel departamental

A este escenario se suma un flanco crítico al interior de la repartición, vinculado al jefe del Departamento de Servicio y Prestaciones.

De acuerdo con los antecedentes recopilados, este funcionario ha estado expuesto a procesos disciplinarios complejos, incluyendo un sumario instruido por la Contraloría General de la República por presuntas salidas del país mientras se encontraba haciendo uso de licencia médica.

No obstante, el núcleo de la controversia administrativa radica en la existencia de una presunta resolución o decisión interna que habría modificado, debilitado o dejado sin efecto una sanción previa de destitución que pesaba en su contra.

Nota metodológica: La existencia de una investigación, sumario o denuncia no constituye por sí sola una acreditación de responsabilidad administrativa, la cual debe ser dirimida estrictamente por las instancias competentes.

Ante este panorama, quedan interrogantes clave por esclarecer:

  • ¿Cuáles fueron los fundamentos jurídicos y administrativos exactos que mediaron para modificar la sanción de destitución?
  • ¿Qué autoridad específica firmó o avaló dicha resolución?
  • ¿Tenía la jefatura superior pleno conocimiento del sumario activo en Contraloría al momento de ratificar su permanencia?

3. Criterios de permanencia en cargos estratégicos

La continuidad del jefe del Departamento de Servicio y Prestaciones en un puesto neurálgico dentro de la estructura institucional —siendo una figura vinculada a administraciones anteriores— también ha generado reparos entre los funcionarios.

Si bien la trayectoria laboral previa o los vínculos profesionales no constituyen por sí mismos una irregularidad, los analistas y fuentes internas apuntan a la necesidad de transparencia sobre los fundamentos objetivos que avalan su continuidad en un cargo estratégico, especialmente cuando arrastra cuestionamientos disciplinarios de alta gravedad.

La información recabada hasta ahora busca relevar la necesidad de estándares estrictos de transparencia y control interno, velando por que las decisiones institucionales se rijan de manera implacable por el principio de probidad que exige un servicio enfocado en la infancia vulnerada.

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