El fallo contra puntos clave de Escuelas Protegidas abrió un complejo escenario para el Gobierno, que ahora enfrenta cuestionamientos por la solidez jurídica de una de sus principales apuestas en seguridad escolar.
El proyecto Escuelas Protegidas sufrió un duro revés en el Tribunal Constitucional, luego de que el organismo declarara inconstitucionales varias de sus disposiciones centrales. La decisión golpea directamente una de las iniciativas más visibles del Gobierno para enfrentar la violencia en los establecimientos educacionales.
La resolución no solo reduce el alcance del proyecto, sino que además instala un problema político en La Moneda. La iniciativa había sido presentada como una señal firme frente a los hechos de violencia escolar, pero parte importante de sus herramientas quedó fuera antes de convertirse plenamente en ley.
Entre las medidas objetadas se encuentran disposiciones relacionadas con la revisión de pertenencias de estudiantes, restricciones vinculadas al Sistema de Admisión Escolar y sanciones asociadas al acceso a la gratuidad en la educación superior para ciertos casos de condenas por delitos cometidos en contextos educacionales.
El fallo también abre dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para anticipar los riesgos constitucionales de sus propios proyectos. En especial, porque varias de las normas rechazadas estaban entre los puntos más sensibles de la iniciativa y podían ser objeto de cuestionamientos durante su tramitación.
En ese escenario, la presión apunta hacia el diseño jurídico que acompañó el proyecto desde el Gobierno. Para La Moneda, el problema no es menor: Escuelas Protegidas no era una propuesta secundaria, sino una pieza relevante dentro de su agenda de seguridad y orden público.
Pese al golpe, el Ejecutivo intentará sostener que la iniciativa no quedó completamente desarmada, ya que algunos mecanismos de prevención y control seguirían en pie. Sin embargo, el impacto político del fallo es evidente, porque obliga al Gobierno a recalcular su estrategia y explicar por qué medidas clave no lograron superar el examen constitucional.
La decisión del TC también reabre el debate sobre los límites entre seguridad escolar, derechos de los estudiantes y atribuciones del Estado dentro de los establecimientos educacionales. El desafío será avanzar en medidas efectivas contra la violencia sin caer en normas que puedan ser nuevamente cuestionadas.
El episodio deja a La Moneda en una posición incómoda: defender su agenda frente a la violencia escolar, contener las críticas por el traspié jurídico y preparar nuevas fórmulas legislativas que permitan recuperar parte del terreno perdido tras el fallo del Tribunal Constitucional.
