La iniciativa original buscaba limitar a $20 el incremento de los carburantes por un lapso de 90 días, pero fue retirada del Congreso en pleno paro de transportistas para ser sometida a modificaciones.
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast resolvió retirar formalmente del Congreso el proyecto de ley que pretendía amortiguar el incremento en el valor de los combustibles. La determinación del Ejecutivo se concretó en un escenario marcado por la paralización nacional de transportistas, cuyas manifestaciones y cortes parciales continúan activos en diversas rutas estratégicas a lo largo del país.
La propuesta legislativa, ingresada inicialmente con calificación de discusión inmediata para acelerar su despacho en el Congreso, establecía un mecanismo de contención orientado a que las alzas no superaran un margen de $20 durante los próximos tres meses. A pesar de que desde La Moneda se remarcó el esfuerzo fiscal que implicaba la medida para dar alivio financiero a los hogares y a las micro, pequeñas y medianas empresas, la administración optó por pausar el debate parlamentario con el fin de reformular su contenido.
De acuerdo con antecedentes del Ejecutivo, la intención oficial es aplicar una serie de ajustes técnicos y económicos al texto legal para luego reingresarlo a trámite ante la Cámara de Diputadas y Diputados en el transcurso de esta misma semana. La reformulación busca responder a las observaciones levantadas en las conversaciones sostenidas entre el equipo de Gobierno y los representantes del transporte de carga y pasajeros, quienes insisten en la urgencia de medidas de fondo frente al impacto de los precios de los carburantes.
La movilización, que arrancó la medianoche del martes bajo la convocatoria de los gremios camioneros, ha ido sumando adhesiones de otros actores del rubro, incluyendo federaciones de buses interurbanos, colectivos, taxistas y agrupaciones ciudadanas como «No + TAG». Junto con exigir un freno real a las tarifas de los combustibles, las organizaciones movilizadas demandan revisiones a los contratos de concesiones viales y al valor de los peajes, argumentando que estos cobros fijos han tornado insostenible la operación del transporte en el país.
