En La Araucanía, hemos impulsado durante este período diversas acciones orientadas a fortalecer la convivencia educativa. A través de jornadas regionales de convivencia escolar, capacitaciones a equipos directivos y acompañamiento a establecimientos, hemos promovido estrategias preventivas que permitan construir comunidades más seguras y cohesionadas. Sabemos que el abordaje de la violencia requiere una mirada integral donde participen escuelas, familias, instituciones y el Estado.
Por Aaron Ríos Morales
Secretario Regional Ministerial de Educación
Región de La Araucanía
La convivencia escolar es una condición esencial para el aprendizaje. Cuando la violencia irrumpe en los establecimientos educacionales, no solo se altera el desarrollo de las clases, sino también se vulnera el derecho de miles de niños, niñas y jóvenes a formarse en un ambiente seguro. La reciente promulgación de la Ley Escuelas Protegidas representa un avance significativo para enfrentar esta realidad, fortaleciendo las capacidades de las comunidades educativas para prevenir, abordar y resolver situaciones de violencia.
Como Seremi de Educación de La Araucanía, he podido constatar que la convivencia escolar es uno de los desafíos más relevantes que enfrentamos. Nuestra región cuenta con una amplia diversidad de contextos educativos y territoriales, donde docentes, asistentes de la educación y equipos directivos realizan un enorme esfuerzo por mantener espacios de respeto, diálogo y aprendizaje. Sin embargo, también hemos observado el impacto que generan los conflictos graves, las amenazas y los hechos de violencia que afectan la normal continuidad del proceso educativo.
La nueva ley entrega herramientas concretas para actuar de manera oportuna y eficaz. Fortalece la autoridad pedagógica de los docentes, permite a los establecimientos incorporar protocolos de revisión de mochilas y pertenencias bajo estrictos resguardos de derechos, promueve la gestión colaborativa de conflictos y reconoce como una afectación grave a la convivencia aquellas amenazas que interrumpen el desarrollo de las actividades escolares. En definitiva, disminuye la autoridad del profesor.
Es importante destacar que el fortalecimiento de la seguridad no implica retroceder en la protección de los derechos de los estudiantes. Por el contrario, la ley establece procedimientos claros, límites definidos y garantías de debido proceso, demostrando que seguridad y respeto por la dignidad de las personas pueden y deben avanzar conjuntamente.
En La Araucanía, hemos impulsado durante este período diversas acciones orientadas a fortalecer la convivencia educativa. A través de jornadas regionales de convivencia escolar, capacitaciones a equipos directivos y acompañamiento a establecimientos, hemos promovido estrategias preventivas que permitan construir comunidades más seguras y cohesionadas. Sabemos que el abordaje de la violencia requiere una mirada integral donde participen escuelas, familias, instituciones y el Estado.
La Ley Escuelas Protegidas responde justamente a esa convicción. Involucra de manera más activa a padres y apoderados, reduce cargas administrativas para los equipos escolares y entrega mayores capacidades de respuesta frente a situaciones complejas. No podemos exigir resultados distintos si no proporcionamos las herramientas necesarias a quienes están día a día en las aulas. Esa es la firme convicción del Ministerio de Educación y del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.
Hoy damos un paso importante para recuperar la confianza, fortalecer la autoridad educativa y garantizar que nuestros establecimientos sigan siendo espacios donde se aprende, se enseña y se convive con respeto. Porque educar en un ambiente seguro no es un privilegio: es un derecho fundamental que debemos resguardar entre todos.
