Una indagación del El Gong y Fresia Ahora, medios integrantes de la Sociedad Periodística del Sur (SOPESUR), accedió vía Ley de Transparencia al detalle de los gastos ejecutados por la Municipalidad de Hualaihué con recursos del Royalty Minero entre 2024 y 2025. Aunque el municipio entregó planillas consolidadas con desembolsos cercanos a los $468 millones, negó parcialmente el acceso a decretos de pago y documentación administrativa completa, argumentando que su revisión implicaría analizar miles de páginas y afectaría el funcionamiento regular del servicio municipal.
La Municipalidad de Hualaihué utilizó cerca de $468 millones provenientes del Royalty Minero entre 2024 y 2025 para financiar ayudas sociales, distribución de agua potable, mejoramiento de caminos y traslados médicos en una de las comunas más aisladas de la Región de Los Lagos.
La información fue entregada parcialmente por el municipio luego de una solicitud ingresada vía Ley de Transparencia por Fresia Ahora SpA. El requerimiento pedía el detalle completo de los gastos financiados con recursos del Royalty Minero, incluyendo proyectos, montos, proveedores y actos administrativos asociados.
La respuesta oficial, firmada el 6 de mayo de 2026 por el alcalde subrogante Felipe Vargas Iturra, incluyó planillas Excel con el desglose de gastos, pero rechazó entregar los decretos de pago y documentación administrativa completa.
El municipio argumentó que acceder a esa documentación implicaría revisar cerca de 500 decretos de pago y entre 5.000 y 7.500 páginas de antecedentes administrativos, lo que —según la municipalidad— configuraría una causal de “distracción indebida” contemplada en la Ley de Transparencia.
Gastos enfocados en necesidades urgentes
Los antecedentes muestran que los recursos fueron destinados principalmente a resolver problemas estructurales y emergencias sociales más que a grandes proyectos de inversión.
Durante 2024, el municipio informó gastos cercanos a $141 millones. Entre las partidas más relevantes aparecen:
- $40 millones para construcción y mejoramiento de caminos y calles.
- $28,8 millones para arriendo de camiones aljibe destinados a distribución de agua.
- $21 millones para traslado de pacientes en diálisis.
- $21 millones en servicios comunitarios.
- $15 millones para combustible de calefacción de ayuda social.
En 2025 el gasto aumentó de forma considerable, superando los $327 millones.
Las principales líneas de gasto fueron:
- Más de $104 millones en ayudas sociales.
- $56 millones para distribución de agua mediante camiones aljibe.
- $53,5 millones para caminos, puentes y calles.
- $27,5 millones para traslados de pacientes de diálisis.
- $26 millones para extensión de alumbrado público.
- $25,5 millones para combustible de calefacción.
La documentación también identifica pagos a proveedores vinculados al abastecimiento de gas, transporte de agua, servicios de traslado y obras menores de infraestructura.
Un royalty usado para cubrir déficits históricos
La revisión de los gastos deja en evidencia que gran parte del Royalty Minero fue utilizado para responder a déficits básicos que históricamente afectan a la comuna: acceso al agua, conectividad vial, calefacción y atención médica.
En vez de financiar grandes obras estructurales, los recursos terminaron sosteniendo gastos operativos y sociales permanentes.
El caso de los camiones aljibe es especialmente ilustrativo. Solo entre 2024 y 2025, la distribución de agua absorbió más de $84 millones, reflejando la persistencia de problemas de abastecimiento hídrico en sectores rurales de la comuna.
Algo similar ocurre con los traslados de pacientes en diálisis, que concentraron casi $50 millones en dos años, evidenciando los costos que implica la dispersión territorial y la falta de acceso cercano a servicios de salud especializados.
Transparencia parcial
Aunque la municipalidad entregó planillas consolidadas, la negativa a proporcionar los decretos de pago completos limita la posibilidad de revisar en detalle la trazabilidad de los recursos.
En su respuesta, el municipio sostuvo que la revisión documento por documento requeriría una labor extraordinaria debido a la necesidad de eliminar datos personales sensibles antes de cualquier entrega pública.
La administración comunal aseguró además que solo existe un funcionario disponible para realizar esa tarea, lo que afectaría el funcionamiento normal del servicio municipal.
Sin embargo, especialistas en transparencia han advertido en distintos pronunciamientos del Consejo para la Transparencia que la causal de “distracción indebida” no puede transformarse en una limitación permanente al acceso a información pública relacionada con recursos fiscales.
El desafío del Royalty en comunas pequeñas
La llegada de recursos del Royalty Minero abrió expectativas importantes en comunas rurales y aisladas del sur de Chile, particularmente aquellas con baja recaudación propia y altos niveles de dependencia del Fondo Común Municipal.
En Hualaihué, los antecedentes muestran que esos recursos comenzaron a utilizarse como una herramienta flexible para enfrentar urgencias territoriales inmediatas más que para impulsar transformaciones estructurales de largo plazo.
El debate que queda abierto es si estos fondos podrán, en el futuro, financiar soluciones permanentes que reduzcan precisamente los problemas que hoy obligan a destinar millones de pesos a agua transportada, calefacción de emergencia y traslados médicos constantes.
Nota editorial
En tiempos donde gran parte del debate público se concentra en Santiago, el ejercicio del periodismo regional comienza a ocupar un espacio cada vez más relevante en materias de fiscalización y transparencia. El trabajo desarrollado por El Gong y Fresia Ahora —medios integrantes de la Sociedad Periodística del Sur (SOPESUR)— forma parte de ese esfuerzo por fortalecer la libertad de prensa y el acceso ciudadano a información pública en territorios donde muchas veces las decisiones administrativas ocurren lejos del escrutinio nacional. La revisión del uso de recursos del Royalty Minero en Hualaihué se inserta precisamente en ese contexto: el de un periodismo local que busca observar, preguntar y documentar cómo se administran fondos públicos en zonas aisladas del sur austral de Chile.
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