Chile atraviesa un punto de quiebre que exige ESTADISTAS, no administradores de crisis a plazos. El gobierno tiene la obligación de asumir la gravedad del momento, dejar de minimizar los problemas y ofrecer certezas concretas antes de que la tensión social y productiva alcance un punto de no retorno.
Por Gustavo Cid Asenjo
SANTIAGO (EL GONG). – La actual crisis por el alza de los combustibles y el paro indefinido de los transportistas —que ya se despliega con fuerza en zonas clave como Puerto Montt y Temuco, en el sur— no es un hecho aislado. Es la manifestación más visible de un profundo desencuentro entre las prioridades del Ejecutivo y las urgencias cotidianas que golpean a las familias chilenas.
Las señales que emanan desde La Moneda desconciertan. Mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, opta por pausar y condicionar los proyectos legislativos destinados a contener el impacto del combustible, supeditándolos a un tablero de negociaciones gremiales que avanza a tientas, el presidente José Antonio Kast insiste en una lectura comparativa internacional que desentona con la realidad del bolsillo nacional. Decir que los precios en Chile son más bajos que en el resto del continente no alivia los costos operacionales de los camioneros ni mitiga la carga de la clase media y los sectores más vulnerables.
A este panorama de por sí frágil se suma un flanco histórico de alta sensibilidad: las declaraciones del ministro Quiroz abriendo la puerta a una eventual privatización de Codelco. Tocar el «sueldo de Chile» en medio de un clima de agitación laboral, con los trabajadores del cobre movilizados y un descontento transversal, no hace más que encender alarmas innecesarias. Cuando un gobierno instala debates de esta envergadura en el peor momento posible, demuestra una total desconexión no solo de la urgencia económica, sino de la sensibilidad colectiva del país.
La situación general transita por un carril complejo. Los indicadores a la baja, el desempleo y las dudas sobre la efectividad de las medidas de reactivación configuran un escenario de incertidumbre que no se veía desde el retorno a la democracia. Cuando la ciudadanía percibe que las respuestas institucionales llegan tarde —o derechamente no llegan—, el malestar acumulado encuentra en las movilizaciones un canal inevitable.
Chile atraviesa un punto de quiebre que exige estadistas, no administradores de crisis a plazos. El gobierno tiene la obligación de asumir la gravedad del momento, dejar de minimizar los problemas y ofrecer certezas concretas antes de que la tensión social y productiva alcance un punto de no retorno.
