**Costo fiscal, incentivos disfuncionales y la vulnerabilidad gobernativa tras el acuerdo con los camioneros. Un conflicto que no se quiso ver venir…
**La solución adoptada por el Gobierno logró evitar el desabastecimiento a corto plazo, pero lo hizo a cambio de un alto costo fiscal y de fijar un incentivo disfuncional peligroso para la convivencia institucional. Como advierten los críticos y las propias bases gremiales que dilataron su apoyo al acuerdo, un pacto construido sobre la urgencia y el alivio temporal no resuelve los problemas estructurales que asfixian al país, y deja al Estado en una posición de vulnerabilidad frente a las futuras demandas de una sociedad movilizada.
Por, equipo de redacción de El Gong (SOPESUR)
TEMUCO.- Las críticas del exministro de Hacienda Ignacio Briones reflejan con precisión quirúrgica el malestar que generan estas soluciones de carácter acomodaticio, especialmente en un momento crítico para el Ejecutivo, marcado por índices económicos a la baja y crecientes tensiones en el gabinete.
Las cifras del acuerdo: Un alivio inmediato y el costo fiscal comparado
El convenio enviado al Congreso no es menor en su alcance financiero ni en sus plazos. Contempla la reversión del incremento de los combustibles (fijando una reducción de $142 por litro para el diésel y cerca de $39 para las gasolinas respecto a los precios previos) y un mecanismo de protección de precios hasta el 31 de marzo de 2027.
El punto más álgido es la modificación de la Ley 19.764 para elevar el porcentaje de recuperación del impuesto específico al diésel, lo que implica un costo fiscal en régimen de US$100 millones anuales (un promedio de $3,5 millones por camionero).
Para dimensionar qué significan esos US$100 millones anuales ($90.000 a $95.000 millones de pesos) al año en términos de políticas públicas, se pueden contrastar con programas sociales y de infraestructura clave en Chile:
- Infraestructura educacional: Es prácticamente equivalente al presupuesto anual destinado a la mejora integral de cientos de escuelas públicas vulnerables a través del programa de conservación de infraestructura de la JUNAEB o del Ministerio de Educación.
- Vivienda y déficit habitacional: Representa una fracción importante que permitiría subsidiar la construcción de miles de viviendas de interés público para familias en campamentos o comités de allegados.
- Salud primaria: Corresponde a una suma que podría financiar de manera holgada la dotación de especialistas, la compra de medicamentos de alto costo o la reducción drástica de listas de espera quirúrgicas en la red pública de salud.
Asumir este compromiso permanente en un escenario macroeconómico restrictivo implica detraer recursos que compiten directamente con las urgencias del ciudadano común.
2. El incentivo disfuncional: El precedente de la presión fáctica
Como bien advierte Briones, conceder beneficios estructurales tras bloqueos de rutas y paros genera un riesgo moral (moral hazard) o un incentivo disfuncional innegable dentro de la arquitectura democrática:
- Validación de la vía de hecho: Cuando el Estado cede ante la paralización de sectores estratégicos, se envía la señal de que la presión y la vulneración temporal del orden público son más efectivas que el diálogo institucional.
- El efecto dominó (costos insospechados): Esta salida política deja al Gobierno expuesto a un flanco delicado. Ad portas de movilizaciones gremiales históricas o latentes —como las de profesores, trabajadores de la salud, estudiantes o del cobre—, otros sectores encontrarán en el éxito de los camioneros el manual a seguir, bajo la premisa de que «el Ejecutivo siempre cede cuando hay fuerza».

3. Tensiones internas: El desgaste del Ministerio de Hacienda y el peso de Interior
En paralelo a las cifras, el conflicto desnuda fricciones profundas en la interna de La Moneda:
- El rol del Ministerio de Hacienda: Los analistas han apuntado a un evidente desgaste o desorientación en la gestión económica del Ejecutivo. La incapacidad de sintonizar tempranamente con el malestar ciudadano frente al costo de la vida dejó al titular de la cartera en una posición deslucida, especialmente al trascender que no era partidario de las soluciones de parche pactadas a última hora.
- La preeminencia de Interior: Que el peso político de la salida al paro haya recaído casi en solitario en figuras del área política y de seguridad (con el ministro Alvarado como gran protagonista de la rueda de prensa) ratificó que el comité político debió «apagar el incendio» asumiendo un costo fiscal que el equipo económico miraba con recelo.
4. Lecciones de la historia: El poder de los camioneros en la política chilena
La fragilidad que exhibe el Ejecutivo frente a este gremio no es nueva; forma parte de una larga tradición en la historia política de Chile:
- El fantasma de 1972: Históricamente, los paros patronales del transporte de carga (como el de octubre de 1972 contra el gobierno de Salvador Allende) demostraron que un sector capaz de paralizar la cadena de suministro nacional tiene el poder de poner en jaque la continuidad y la gobernabilidad de cualquier administración, independientemente de su color político.
- La doctrina de la disuasión: Desde entonces, los gobiernos democráticos posteriores a 1990 han intentado siempre manejar la delgada línea entre la negociación institucional y la capitulación ante el poder de veto fáctico de los transportistas. Cada vez que un gobierno cede bajo presión, revive la memoria histórica de que el gremio caminero posee un mecanismo de coerción superior al del resto de los sectores productivos.
CONCLUSIÓN
La solución adoptada por el Gobierno logró evitar el desabastecimiento a corto plazo, pero lo hizo a cambio de un alto costo fiscal y de fijar un incentivo disfuncional peligroso para la convivencia institucional. Como advierten los críticos y las propias bases gremiales que dilataron su apoyo al acuerdo, un pacto construido sobre la urgencia y el alivio temporal no resuelve los problemas estructurales que asfixian al país, y deja al Estado en una posición de vulnerabilidad frente a las futuras demandas de una sociedad movilizada.



