En una jornada clave y de alta tensión en el Congreso, el Senado aprobó dos de los pilares más ambiciosos del Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico, impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Tras un intenso debate, la Sala de la Cámara Alta visó la disminución del impuesto a las empresas y el retorno al sistema tributario integrado. Ambas normas, consideradas el «corazón» de la megarreforma, lograron sortear la valla legislativa por un ajustado margen de 26 votos a favor y 24 en contra, reflejando la fuerte polarización que genera la iniciativa en el Parlamento.
Con esta histórica aprobación, el impuesto de Primera Categoría (corporativo) bajará de forma gradual desde el 27% actual hasta un 23%, medida que comenzará a regir de manera oficial a partir del año comercial 2029. En la misma votación, el oficialismo logró destrabar la reintegración del sistema tributario, un mecanismo clave defendido por el Ejecutivo como la principal herramienta para atraer inversión extranjera y reactivar el crecimiento interno del país.
Sin embargo, el debate estuvo cruzado por la incertidumbre y críticas de diversos sectores. Una de las advertencias más llamativas provino del propio oficialismo, luego de que el senador Iván Moreira manifestara abiertamente sus dudas sobre el impacto real de la medida en el empleo, señalando de manera directa que «si no da resultado, jodimos», reflejando el nerviosismo de algunos parlamentarios ante la efectividad de la rebaja impositiva.
Por otro lado, la Cámara Alta también aprobó, con 28 votos a favor y 22 en contra, un nuevo mecanismo de cálculo para el impuesto territorial. Esta norma consagra un importante beneficio social al establecer la exención total del pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años, buscando aliviar la carga financiera de la tercera edad en el país.
Pese al avance de la agenda gubernamental, la jornada legislativa terminó con una fuerte advertencia jurídica por parte de la oposición. Tras la votación del paquete de contribuciones, la senadora Yasna Provoste (DC) anunció la presentación de una reserva de constitucionalidad, abriendo la puerta a que la reforma sea impugnada ante el Tribunal Constitucional bajo el argumento de vicios en su tramitación.
