La acción judicial está prevista para el próximo 10 de diciembre, luego de reunir nuevos antecedentes que elevarían el monto del presunto fraude al fisco que le atribuye junto con sus asesores. Hasta ahora, el perjuicio fiscal calculado por el Ministerio Público, supera los $216 millones.
SANTIAGO.- La fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina, a cargo de la investigación, solicitó la audiencia al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago “en virtud de nuevos antecedentes que se encuentran en la carpeta de investigación”, según consta en el escrito al que accedió Mega Investiga y que describe hoy la versión digital.
La presentación también incluye a Arnaldo Domínguez, exmano derecha de Lavín, y a su pareja, Belén Carrasco, ambos investigados por fraude al fisco. La solicitud se produce pocos días después de que el exparlamentario consiguiera sustituir su arresto domiciliario total por uno nocturno, añade el medio.
Según los antecedentes, en el documento, la persecutora plantea la necesidad de complementar y precisar los hechos atribuidos a los tres imputados. Los nuevos antecedentes apuntan a un perjuicio fiscal superior al informado hasta ahora, cuyo monto será detallado en la audiencia.
En esa misma instancia se discutirá una solicitud de ampliación del plazo de investigación, que aún mantiene diligencias pendientes. Paralelamente, el equipo liderado por Encina trabaja en la acusación con la que buscará llevar al exdiputado a juicio.
Uno de los ejes de la causa es el papel de Lavín en la creación y control de la plataforma “SocialTazk”, que, según la Fiscalía, habría sido financiada irregularmente con asignaciones parlamentarias y utilizada con fines electorales.
El Ministerio Público también le atribuye el uso irregular de bases de datos con información sensible de electores y la rendición de más de 180 facturas ideológicamente falsas, emitidas por una empresa vinculada a un exasesor, por un total de $91.697.142.
En el caso de Domínguez y Carrasco, la Fiscalía investiga su presunta participación en contratos e informes de actividades falsos que habrían permitido cobrar honorarios por asesorías parlamentarias que nunca se realizaron.
La causa incluye delitos de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado, entre otros.
