Ante la ingobernabilidad instalada, el fracaso del dogma económico y el riesgo latente de un nuevo estallido social, la política tradicional y regional debe emular la lucidez histórica de los grandes pactos republicanos para detener el descalabro institucional antes de que la realidad nos pase la cuenta.
Los herederos de esa tradición (dos acuerdos nacionales) y los sectores sensatos del espectro político tienen que entender de una vez por todas que blindar un proyecto fracasado, prepotente y ciego frente al país y el Congreso es el camino más rápido para perderlo todo, incluida la democracia estable que tanto costó recuperar. La democracia no se defiende con el aplauso cómplice del búnker, sino con la audacia de los grandes acuerdos nacionales antes que la realidad, casi irremediable, termine por colapsar la construcción de una democracia que hasta, hace poco, parecía inalterable.
Por Gustavo Cid Asenjo
Periodista (SOPESUR SPA)
TEMUCO (ELGONG).- El profesor y columnista Hugo Herrera —abogado y profesor de Filosofía y Teoría Política de la Universidad Diego Portales y de la Universidad de Valparaíso— señaló en una de sus columnas: «La presidencia, aquella intuición genial de Portales, acaso lo sacro que nos queda, la única autoridad unipersonal capaz de dirigirse al pueblo entero, precisamente esa autoridad no se ejerce: Kast está dejando sin conducción al país».
Como si esta observación no fuera ya bastante contundente, vale la pena recordar lo expresado por el exvocero concertacionista Francisco Vidal. Desde su explícita posición opositora, advirtió con profunda claridad su preocupación por el hecho de que el país esté en una condición política tan magra y por el futuro institucional, enfatizando que este gobierno, por la salud de la República, debe concluir su mandato.
Por su parte, Evelyn Matthei expuso en Tolerancia Cero que la situación del país bajo el gobierno de Kast y el autoritarismo económico del ministro de Hacienda en realidad «dan pena», reprochando ciertas medidas que pueden llevar a la nación a una crisis «muy grave» y, aunque descartó un nuevo estallido social, terminó apelando a la Divina Providencia al plantearlo.
En la misma línea, Tomás Mosciati expresó que, atendida la serie de complejas situaciones por las que ha atravesado el Gobierno, los errores, mentiras y declaraciones del propio mandatario se han vuelto en su contra como un efecto búmeran. Dadas las actuales circunstancias, sentenció que esta administración se encuentra en un estado terminal.
Tanto él como el periodista Daniel Matamala han enumerado con elocuencia cada una de las contradicciones de Kast, las cuales ya no se sostienen por el incumplimiento sistemático de promesas. Hoy, por el simple peso de la realidad, caen como un castillo de naipes, llevando la evaluación del gobierno a un estado de desilusión, rabia e incluso desprecio. Es más: los índices negativos —porque no hay positivos— son peores que los que en su momento exhibieron las encuestas respecto a Pinochet.
UN DESCALABRO ¿QUE SE PUEDE DETENER?
Cuando el profesor Herrera apunta a que hay que «detener el descalabro», deja de ser una mirada antojadiza. Gobernar exige ordenar fuerzas, establecer prioridades y responder por los resultados. Y eso, que es tan básico, en este gobierno sencillamente no se está haciendo. A la evidente falta de liderazgo del mandatario se suma una desilusión generalizada de la población, manifestada en cada salida de Kast de La Moneda y en los reiterados paros y protestas gremiales gatillados por los recortes de un ministro de Hacienda en el peor nivel de evaluación histórica.
Sin embargo, lo más grave de esta crisis no pasa solo por los errores sectoriales, sino por un esquema económico impuesto con tozudez dogmática y por una peligrosa pulsión anti-congreso. Cuando al presidente José Antonio Kast se le consultó en su momento si alguna de sus políticas económicas o de seguridad podía chocar con las decisiones del Poder Legislativo, su respuesta fue lapidaria y reveladora: «¿Usted cree que el Congreso es tan importante…?».
ENTONCES, ALLENDE Y LA MEMORIA HISTORICA
El problema político de fondo no radica solo en la prepotencia y la indolencia de un gabinete aferrado a una ideología pretérita que hace agua tanto en el mundo como en nuestro continente —replicando los espejismos de referentes internacionales que hoy enfrentan la justicia o el repudio popular—, sino en la incapacidad del propio mandatario para conducir el país dentro de los márgenes de la democracia deliberativa.
Mientras un sector del Partido Republicano insiste en bombardear el debate con una retórica excluyente y de atrincheramiento, con la triste complicidad de una derecha tradicional que asiente por temor, el país se asoma peligrosamente al abismo de la ingobernabilidad.
Frente a este escenario virtual o escenográfico, terminal actual, la memoria histórica es nuestra mejor brújula. En los años 80, en los tiempos oscuros previos a la transición, el país también caminaba hacia el precipicio. Fue la política con mayúsculas la que permitió articular aquel histórico Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia. En torno a esa mesa, figuras duras de la derecha tradicional y conservadora como Sergio Onofre Jarpa (exministro de la dictadura) y un joven Andrés Allamand, convergieron con lúcidos líderes de la centroizquierda y del centro político —como Patricio Aylwin, Gabriel Valdés o Ricardo Lagos—. Comprendieron, con genuino sentido de Estado, que la supervivencia de la República estaba infinitamente por encima de cualquier dogma.
Hoy estamos ante una urgencia de idéntica magnitud. Antes de que el estallido social latente vuelva a fracturar el país, cabe preguntarse con urgencia: ¿Estaremos a tiempo de que en la derecha tradicional comience a operar un mínimo germen de cordura gubernativa y republicana?
En 2019, hubo una situación similar. Vino el estallido social. Las hipótesis fueron disímiles. En la Moneda, según ha revelado el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se pensó en una guerra civil. Los violentistas fuera de control, incluso para los manifestantes que marcharon una y otra vez, con tranquilidad, fue un acto delictual. Pero la envergadura destructiva y siniestra, fue más allá. Los ataques a infraestructura critica del país, dejaron de lado las justas reivindicaciones de la ciudadanía, hasta hoy.
Una mesa de diálogo, aceptada por el propio gobierno de Sebastián Piñera, afectado; y fuerzas políticas transversales, excepto el PARTIDO REPUBLICANO, convergieron a ese acuerdo, también con la distancia de la izquierda, visión que rompió por si mismo el ex diputado y expresidente de la República, Gabriel Boric. Y firmó.
Los herederos de esa tradición y los sectores sensatos del espectro político tienen que entender de una vez por todas que blindar un proyecto fracasado, prepotente y ciego frente al Congreso es el camino más rápido para perderlo todo, incluida la democracia estable que tanto costó recuperar. La democracia no se defiende con el aplauso cómplice del búnker, sino con la audacia de los grandes acuerdos nacionales antes de que la realidad nos pase la cuenta de manera irremediable.
