Así se ve desde Europa la administración Kast y los últimos acontecimientos que sus ministros han engendrado.
Los 56 pederastas a los que el Gobierno de Kast les rebajó la condena están en su “mayoría” en libertad
El ministro de Justicia anuncia que “se suspende la tramitación de decretos” con estos beneficios, pero la medida no incluye, que se sepa, a los que ya están en la calle
PUBLICACIÓN DE EL PAÍS/ ESPAÑA
Por
Rocío Montes
Santiago de Chile –
El Gobierno de José Antonio Kast, que llegó al poder en marzo con la promesa del cuidado de la familia, de la niñez y, sobre todo, que Chile vuelta a tener seguridad pública, con mano dura, ha rebajado la condena a 56 pederastas que cumplían sus sentencias en diferentes penales del país. Ha hecho lo mismo, además, al menos con dos violadores a los derechos humanos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La Administración no sabe cómo salir de una gran crisis que, nuevamente, se halla en el centro de su razón de ser: el combate contra la delincuencia en todos sus frentes. Ha sido criticada por la oposición, por expertos y también por el propio oficialismo.
Este viernes, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, protagonista de la controversia, ha anunciado que se suspenderá la tramitación de decretos de rebaja de condenas, aunque no ha especificado si esto afectará a toda la población penal o solo a los que están en prisión por abusos sexuales y violación contra menores. Lo que parece claro es que la medida no se revertirá para los 56 pederastas que en su mayoría están libres, como reconoció el propio Rabat en una entrevista televisiva la noche del jueves. “La mayoría tiene que haber salido”, respondió cuando se le consultó sobre el destino de esa cincuentena de personas que fueron beneficiados por el Gobierno, que tiene la atribución de rebajar las penas para incentivar la buena conducta de los presos, como sucede también en diversos países del mundo.
Los expertos han hablado de un “error garrafal”, pero el Gobierno de Kast, a través de su ministro de Justicia, no reconoce equivocaciones y primero se justificó apelando a una supuesta “doctrina” de la Corte Suprema y, luego, a un “vacío legal”. Pero, al margen del debate jurídico y político, los 56 pederastas están en la calle. Y es complejo echarlos para atrás: un decreto es firmado por el ministro, por orden del presidente de la República, luego va a la Contraloría y una vez comunicado, por el Diario Oficial, se ejecuta y, recién entonces, se concede el beneficio de la rebaja de condena.
Hasta ahora, el Gobierno no ha aclarado el estado de los tres decretos que supusieron el beneficio a los 56 pederastas, pero, por las palabras del ministro, que dijo que la mayoría tiene que haber salido de la cárcel, los tres estarían ejecutados. “Si los decretos no están publicados, no se mantiene la tramitación y no se concede el beneficio. Si están publicados, sin embargo, el Ejecutivo tendría que tratar de invalidarlos, argumentando y reconociendo que hay un error de derecho para dejarlo sin efecto”, explica el abogado Tomás Jordán.
La entrega de los beneficios a los pederastas fue informada el miércoles por el medio de comunicación Interferencia, que detalló que desde el 11 de marzo y hasta el 13 de septiembre el Gobierno dictó decretos que rebajaron las penas a 27 personas condenadas por abuso sexual y 29 por violación, todos delitos cometidos contra menores de edad. Es habitual en las legislaciones penales del mundo que le otorguen este poder de decisión al Ministerio de Justicia o a Prisiones -en Chile la institución se llama Gendarmería-, para incentivar la buena conducta de los reos. Solo una de las solicitudes presentadas a la Administración de Kast, por un caso de abuso, fue rechazada en el mismo período.
Para comprender lo sucedido hay que fijar la vista en febrero de 2022, a fines del Gobierno de Sebastián Piñera, de la derecha tradicional, cuando el Congreso aprobó una reforma a la ley penitenciaria que excluyó a los pederastas del beneficio de rebaja de la condena. Pero incluso antes de febrero de 2022, cuando un reo de este tipo realizaba una solicitud al ministerio de Justicia, la cartera se negaba. Era una especie de práctica de Estado. La ley de febrero de 2022, por lo tanto, sirvió para ratificar lo que se estaba llevando a cabo por parte de los gobiernos, independientemente de su signo político.
En este contexto, un condenado podía apelar a la decisión del ministerio de Justicia y presentar un recurso de amparo en los tribunales, pero el Ejecutivo defendía su posición ante el juez. En ocasiones, la Corte de Apelaciones ratificaba la posición del Ejecutivo y se negaba a rebajar la condena, aunque hubo otros casos en que la Corte Suprema permitió el beneficio. Siempre el máximo tribunal estudió caso a caso.
Estos dictámenes de la Corte Suprema son el principal argumento del Gobierno de Kast para justificar los decretos que beneficiaron este 2026 a los 56 pederastas y, al menos, a dos violadores a los derechos humanos. Según el ministro de Justicia, el máximo tribunal chileno fijó un criterio uniforme para rebajar la pena a los violadores y abusadores con buena conducta que hubieran sido sentenciados antes de que se publicara la ley de febrero de 2022. La Suprema, sin embargo, en diversos fallos ha validado la aplicación retroactiva del criterio que estableció la ley de 2022, es decir, no ha permitido el beneficio a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
El que fue ministro de Justicia de Boric, Jaime Gajardo, ha explicado que Rabat se equivocó “garrafalmente”, porque el ministerio aceptó las rebajas de condenas amparándose en una supuesta jurisprudencia de la Corte Suprema y no fue a defender su posición en los tribunales. Es decir, el ministerio de Justicia tomó la decisión sin pasar posteriormente por la corte, porque suponía -lo que no siempre es así- que se le daría la razón al interno. “Es una decisión que se tomó administrativamente sin esperar el litigio judicial”, dijo el que fue ministro de Seguridad del Gobierno de Boric, Luis Cordero.
La propia presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, ha echado por tierra los argumentos del Gobierno chileno sobre una supuesta “doctrina” y aclaró que fue el Ejecutivo fue el que tomó la determinación. “Fue el ministro de Justicia quien dictó decretos conforme a las facultades legales que tiene”, dijo la jueza Chevesich.
(Textual de EL PAIS-Chile. Título interpretativo es de El Gong)
