Más allá de los beneficios aberrantes por delitos sexuales, se otorgó también rebajas de condena a criminales de lesa humanidad recluidos en Punta Peuco. Radiografía de un escándalo que pulveriza los argumentos de La Moneda
(Investigación exclusiva de El Mostrador y antecedentes de Interferencia / Análisis editorial desde la redacción de El Gong
Por Gustavo Cid Asenjo
TEMUCO (Sopesur/Editorial). – Lo que comenzó como un escándalo circunscrito a la rebaja administrativa de condenas para 56 abusadores sexuales y violadores de menores —un promedio de un caso cada tres días y con solo una solicitud rechazada, acaba de adquirir una dimensión institucional y ética sin precedentes para la administración del presidente José Antonio Kast.
Nuevos antecedentes revelados por la Unidad de Investigación de El Mostrador confirman que los delitos de connotación sexual no son los únicos beneficiados por la vía administrativa del Ministerio de Justicia. La cartera dirigida por el ministro Fernando Rabat dictó otros tres decretos exentos que reducen penas por crímenes de extrema gravedad: tortura y secuestro calificado. Lo más grave: dos de estos beneficiarios son reclusos del penal de Punta Peuco, el recinto especial que alberga a agentes del Estado condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
RADIOGRAFÍA DE UN BENEFICIO QUE PULVERIZA LOS ARGUMENTOS DE LA MONEDA
Frente a la presión pública y la inminente interpelación y comisión investigadora en el Congreso —además de dos sesiones especiales confirmadas para la próxima semana—, el ministro Fernando Rabat intentó blindar al Ejecutivo escudándose en que las rebajas respondían al estricto cumplimiento de sentencias judiciales y a la «doctrina de la Corte Suprema» en recursos de amparo.
Sin embargo, este argumento técnico hace agua por todos lados:
Una doctrina que no aplica: La supuesta jurisprudencia esgrimida por el titular de Justicia se amparaba en discusiones sobre delitos sexuales anteriores a la ley de 2022. Dicha justificación, de por sí cuestionada por el máximo tribunal en otros fallos recientes, se desvanece por completo al extenderse a delitos de lesa humanidad como la tortura y el secuestro calificado.
Vulneración de tratados internacionales: Organismos de DD.HH. y expertos ya advierten sobre la gravedad de estos decretos firmados «por orden del presidente de la República».
VOCES DE ALERTA: IMPUNIDAD Y QUIEBRE DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES
La revelación ha provocado un rechazo transversal en el mundo de los derechos de la infancia y la justicia internacional:
Desde la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesille calificó los antecedentes como profundamente preocupantes, exigiendo una respuesta clara a un ministerio que parece obviar el deber primordial del Estado en la protección y reparación de menores.
Por su parte, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, fue categórico en señalar a El Mostrador que rebajar penas a criminales de lesa humanidad representa una falta gravísima que vulnera frontalmente las obligaciones internacionales de derechos humanos que el Estado de Chile está obligado a respetar e inobservar en crímenes de esta magnitud
UN GOBIERNO ACORRALADO EN MÚLTIPLES FLANCOS
Este nuevo flanco abre una crisis terminal para la narrativa gubernamental de «orden y seguridad». La administración de José Antonio Kast —ya golpeada por una caída histórica en las encuestas con más del 60% de rechazo, el descontento por los recortes a programas sociales sensibles, las protestas ciudadanas (nacientes) y el aislamiento diplomático que se vislumbra ante su inminente marcha atrás con la coalición militar de EE. UU.— suma ahora un componente ideológico y moral explosivo.
Otorgar beneficios carcelarios encubiertos a violadores de derechos humanos en Punta Peuco, en paralelo a la liberación anticipada de agresores sexuales de menores, expone a La Moneda no solo a una severa crisis de gobernabilidad, sino a un juicio histórico por debilitar los estándares mínimos de justicia y ética republicana.
