«El sistema es feble, vulnerable»: fiscal Pastén expone graves fallas tras liberación de sicario
El fiscal Marcos Pastén, jefe de la división administrativa del Ministerio Público, emitió una dura crítica al funcionamiento del sistema de comunicaciones entre el Poder Judicial y Gendarmería. Sus declaraciones se producen tras la insólita liberación de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, imputado por el homicidio del empresario José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.
Pastén responsabilizó a la estructura del sistema por el error. “Lo que yo diría con total responsabilidad es que el sistema es absolutamente feble, vulnerable”, afirmó el fiscal en entrevista con T13. Añadió que “decirle a la opinión pública una cosa distinta sería prácticamente hasta insultante”.
La liberación de Ferrer, quien estaba en prisión preventiva por un crimen vinculado al crimen organizado, ocurrió la noche del jueves 10 de julio bajo confusas circunstancias. Según Pastén, la audiencia concluyó cerca de las 20:15 horas del miércoles 9. “Se entrega el detenido con una orden escrita manual, que es la que ingresa, y es por eso que ingresa a Santiago 1, no pudo haber ingresado con una orden que dijera que estaba en libertad”, explicó.
Posteriormente, se enviaron los oficios formales. Pastén señaló que uno de estos documentos estaba incorrecto y permitió la excarcelación del imputado.
Investigación y procedimientos manuales
“En la dinámica de las comunicaciones entre Gendarmería y el Poder Judicial (…) hay una serie de procedimientos y protocolos que están establecidos para el millón de audiencias que aproximadamente tiene el Ministerio Público en un año”, indicó Pastén. El fiscal advirtió que, pese a la incorporación de herramientas digitales en los últimos años, aún existen procesos manuales que generan un margen de error crítico.
Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público resolvió derivar la investigación a la Fiscalía Metropolitana Occidente y conformar una fuerza de tarea especial. “Lo que hemos dispuesto es conformar una fuerza de tarea para la investigación de este grave hecho. Me refiero, principalmente, en nuestro caso, a la evasión del detenido”, informó Pastén.
Agregó que las diligencias se centrarán en reconstruir el flujo de información entre el 8° Juzgado de Garantía y Gendarmería.
Pastén aclaró que la jueza Irene Rodríguez no habría incurrido necesariamente en dolo o corrupción. “La magistrada dice la verdad cuando señala que ella firmó las tres resoluciones. También es correcto decir que esas resoluciones le fueron comunicadas a Gendarmería de Chile”, fundamentó el fiscal.
Fragilidad estructural y allanamiento a la Corporación del Poder Judicial
Para Pastén, este caso refleja un problema estructural que necesita solución urgente. “Todo esto está instalado desde que la reforma (…) Se le ha ido añadiendo sistemas digitales, comunicaciones electrónicas, existe una red de gestión penal en el Poder Judicial, etc. Pero si en definitiva esto queda sujeto a la redacción de un oficio y a la lectura correcta de todos los oficios, yo digo que el sistema es feble”, subrayó.
La investigación busca establecer eventuales responsabilidades administrativas o penales. Cabe destacar que pasadas las 22:00 horas de este martes, detectives de la PDI concretaron un allanamiento a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) en Santiago centro. La diligencia, con orden del 7° Juzgado de Garantía, ocurrió tras la negativa inicial de la CAPJ a entregar voluntariamente sus servidores.
El objetivo fue recabar antecedentes sobre las comunicaciones entre el Poder Judicial y Gendarmería, coordinadas por la CAPJ. Estos datos son clave para esclarecer cómo Ferrer obtuvo libertad pese a una orden vigente de prisión preventiva. Se incautaron equipos tecnológicos y el paradero del imputado sigue siendo desconocido.
Tras el allanamiento, el Poder Judicial confirmó que la CAPJ colaboró con la entrega de información requerida por la PDI “tras la presentación de la orden judicial correspondiente”.
La directora interina de la CAPJ, Andreina Olmo, y el jefe del Departamento de Informática, Mauricio Rodríguez, facilitaron personalmente “la información de los servidores del Poder Judicial relativa a la causa del imputado Osmar Ferrer Ramírez”. El comunicado del Poder Judicial enfatizó que esto se realizó para “contribuir con la investigación que lleva adelante el Ministerio Público”.
