Acuerdo unánime en comisión que aprueba indicaciones del Ejecutivo.
Con información de La Tercera
Este miércoles el Gobierno ingresó finalmente las esperadas indicaciones que permitirán que continúe el avance de la discusión de la reforma previsional con miras a un eventual despacho de la iniciativa para esta semana. En la propuesta destaca un aumento de cotización del 8.5%, de los cuales seis irían a cuentas individuales.
Tras un acuerdo alcanzado en el Senado para el ingreso de las indicaciones en un nuevo plazo, uno de los elementos que resalta en la propuesta del Ejecutivo que se conoce este miércoles es la incorporación de no solo 6, sino que 8.5 puntos porcentuales adicionales.
Recordemos que el Gobierno espera que el proyecto de reforma a las pensiones pueda ser votada en enero.
A continuación conoce el detalle de las indicaciones presentadas a la reforma previsional.
A grosso modo, las indicaciones apuntan a algunos temas centrales como la licitación de los actuales afiliados, el ingreso de nuevos actores para la administración de cuentas, un seguro social para cubrir el desempleo o el aumento, con gradualidad, de la Pensión Garantizada Universal a $250 mil.
Finalmente este miércoles el gobierno ingresó las indicaciones a la reforma previsional que se está tramitando en la Comisión de Trabajo del Senado, de manera consensuada con los parlamentarios que componen dicha instancia.
El destino de la cotización adicional era uno de los grandes nudos entre el gobierno y Chile Vamos. Las indicaciones plantean que un 4,5% de la cotización adicional se destine directamente a las cuentas individuales, y que exista una cotización de 4% al Seguro Social, que según las indicaciones, se destina al llamado Fondo Autónomo de Protección Previsional.
En total esa es una cotización de 8,5% con cargo al empleador, pero no significa que se esté introduciendo todo eso como un extra, ya que una parte de eso actualmente los empleadores ya lo aportan.
Aquel 4% para seguridad social, se compone del 1,5%, que sería un préstamo reembolsable transitorio con el que se busca financiar la garantía por años cotizados para mejorar las pensiones de los actuales jubilados; aporte que a futuro se destina íntegro a la cuenta individual.
Pero también existe dentro de ese total, un 2,5% que se destinará a dos mecanismos en conjunto: al llamado bono tabla que busca mejorar las pensiones de las mujeres por su mayor expectativa de vida, y el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). “La compensación a mujeres por la mayor sobrevida resultará en que una mujer y un hombre que se jubilan a los 65 años con el mismo ahorro e igual grupo familiar obtengan la misma pensión, con un valor mínimo de 0,25 UF (aproximadamente $10.000 mensuales)”, dice una minuta del gobierno.
El SIS es un beneficio que ya existe, que se financia con una cotización que aporta el empleador, la que puede variar trimestralmente. Por ejemplo, en el último trimestre del año pasado para el SIS se cotizó un 1,5%, pero desde el primer trimestre de 2025 la tasa vigente del SIS para empleadores es del 1,38% de las remuneraciones y rentas imponibles. En la pandemia llegó a estar en cerca del 2%.
Según señala esa minuta del gobierno, actualmente el SIS equivale a cerca de 1,5%, por lo que habría una cotización adicional del 7% para empleadores. “Esta nueva cotización se aplicará gradualmente en un plazo de ocho años para acotar el efecto en las pymes y el empleo”, señala dicha minuta. En todo caso, serían nueve años para estar en régimen todo el aporte adicional, si se considera que el aumento será de 1% el primer y segundo año; de 0,75% el tercer y cuarto año; y de 0,7% el quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno año de implementación.
Se creará un nuevo organismo público autónomo para gestionar el Seguro Social, y las funciones de soporte estarán a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS).
El acuerdo
En la sesión donde el gobierno ingresó las indicaciones este miércoles en la Comisión de Trabajo del Senado, los senadores que componen dicha instancia, al igual que los ministros de Hacienda, Mario Marcel; y del Trabajo, Jeannette Jara; dieron a entender que hay un acuerdo entre el Ejecutivo y Chile Vamos respecto de estas enmiendas que abarcan 56 temas en siete ámbitos, según puntualizó Marcel.
De hecho, aprobaron la idea de legislar la reforma previsional de manera unánime los senadores que componen dicha instancia, es decir, Rodrigo Galilea (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Gastón Saavedra (PS), y Alejandra Sepúlveda (indep. FRVS).
“Tenemos una buena noticia para Chile, porque hemos logrado un acuerdo con los senadores del oficialismo, de nuestro gobierno, que han estado colaborando fuertemente en esta reforma previsional, y con los senadores de la oposición, para que Chile tenga un acuerdo por la reforma previsional y se destraben estos diez años donde las AFP han tenido trancada la puerta para hacer cambios en nuestro país”, dijo la ministra Jara en un punto de prensa posterior a la votación. “Este acuerdo no es perfecto, pero es un gran avance, y por eso lo valoramos”, añadió.
El senador Cruz-Coke comentó posterior a la sesión que “es un buen día para el país y es un buen día para la democracia, es un buen día para los pensionados, y creo que aquello que hemos logrado desde este Senado, da pistas de lo que puede construir este país cuando se pone de acuerdo (…) Nos pone muy contentos el hecho de que la política finalmente da cuenta de que cuando hay voluntad, disposición, capacidad de escucharse, cuando hay argumentos técnicos bien fundados, podemos ponernos de acuerdo, y eso es principalmente lo que hoy día debemos celebrar”.
“El país llevaba muchísimos años esperando una reforma previsional (…) El Senado se propuso sacar esto adelante, y el día de hoy estamos informándoles al país, que en un acuerdo completamente transversal (…) hemos podido arribar a un acuerdo que se hace cargo de todos los desafíos que nos habíamos planteado”, dijo Galilea. “Es mucho más fácil criticar, no hacer nada. No, nosotros tomamos otro camino (…) buscar entendernos”, afirmó Coloma.
El ministro de Hacienda detalló este miércoles en la sesión que “en lo cuantitativo, hay que decir que esta es una reforma de gran envergadura, por cuanto va a beneficiar a un universo actual cercano a los 2,8 millones de adultos mayores, con beneficios que van a incrementar sus pensiones entre un 14% y un 35%”.
Recordó que ese total de adultos mayores se ve beneficiado porque además del aumento de la PGU, habrá alrededor de 900 mil afiliados que han cotizado con mayor regularidad que van a recibir la garantía de 0,1 UF por años cotizados (requisito mínimo de 13 años cotizados para mujeres y 20 años para hombres), y cerca de 800 mil mujeres van a recibir la compensación por diferencial de expectativas de vida.
“Todo esto va a permitir mejorar las tasas de reemplazo a cifras superiores al 70% y de manera sostenida, porque los beneficios que se entregan, incluyendo los que tienen carácter transitorio, se van a ir combinando a medida que avancemos en el tiempo con las mejoras de las pensiones que se van a producir por la mayor acumulación de fondos previsionales en el largo plazo, por las medidas que apuntan a aumentar la densidad de cotizaciones y el retorno de las inversiones, sin que por lo tanto esa mejora futura tenga que ser necesariamente cubierta por fondos fiscales”, dijo Marcel.
Agregó que “todo esto tiene costos y tiene que tener financiamiento”. Y señaló que “lo que estamos haciendo con las propuestas que están acá, es llegar a un sistema efectivamente mixto en materia de financiamiento, donde los aportes al sistema van a quedar estructurados prácticamente en tres tercios. Si lo medimos como porcentaje del Producto, el aporte de los trabajadores va a estar en el orden del 2,9% del Producto, 2,4% del Producto va a corresponder a los aportes de los empleadores, y 2,5% del Producto va a corresponder al aporte del Fisco. Por lo tanto, comparado con lo que fue el sistema de pensiones en sus inicios, que se apoyaba exclusivamente en las cotizaciones de los trabajadores, ahora pasamos a tener un sistema mixto, para todos los efectos prácticos tripartito”.
Reorganización de la industria de AFP
En cuanto a los temas de reorganización de la industria de AFP, si bien no se incluye en las indicaciones una división de la industria, sí hay varios temas que se modifican. Por ejemplo, los actores que deseen entrar a competir para hacer rentar los fondos de pensiones, podrán subcontratar la gestión de cuentas con uno o más proveedores, por ejemplo, mediante el Instituto de Previsión Social (IPS).
“En este contexto, los trabajadores pagarán la comisión al ente inversor. Asimismo, se centralizará el sistema de cobranza previsional, permitiendo que las y los trabajadores puedan recuperar oportunamente sus cotizaciones impagas. Dicho sistema se licitará y podrá participar la Tesorería General de la República”, señala la minuta del gobierno.
También detalla que “las funciones de soporte y administración de cuentas, subcontratadas o no, deberán registrarse y reportarse separadamente. Esto aumentará la transparencia respecto de la estructura de costos de la industria y donde ésta genera sus excedentes”.
Asimismo, añade que “las comisiones que paguen los afiliados serán variables en atención a si el fondo de pensión pierde o gana”, y “se establece un sistema de premios y castigos para incentivar que el desempeño de los inversores esté alineado con lograr la mejor rentabilidad para los afiliados”.
También habrá licitación del stock de afiliados. “Cada dos años se licitará el 10% de afiliados actuales, seleccionados aleatoriamente. A fin de promover una baja en las comisiones, se adjudicará la administración del ahorro previsional de este grupo al oferente con la menor comisión, el cual deberá mantener dicho precio por 5 años. Los afiliados licitados podrán desistir de la licitación o cambiarse de inversor en cualquier momento”, afirma la minuta.
Agrega que “tras el referido tiempo y hasta 10 años, en caso que se produzca aumento de la comisión se establece como consecuencia que los afiliados de la administradora puedan ser seleccionados en un mayor porcentaje para ser licitados, de forma de promover precios más bajos”.
