Junto con anunciar la presentación de una querella, desde el Gobierno se confirmó que ha existido contacto diplomático y policial con las diferentes autoridades de Venezuela por el secuestro del exmilitar Ronald Ojeda Moreno desde un departamento en Independencia, Santiago.

Este jueves, en voz del subsecretario Manuel Monsalve, el Gobierno anunció que se querellará por el secuestro del teniente (r) del Ejército de Venezuela, Ronald Ojeda Moreno.

Según fuentes de Radio Bío Bío, el hecho ocurrió cuando cuatro desconocidos llegaron al departamento del exmilitar venezolano y se habrían hecho pasar por funcionarios de Migraciones.

Según dijo la autoridad de Interior, el Gobierno en esta materia “está abierto a todas las hipótesis (…) hoy hemos sostenido una reunión para poder informar al presidente de la República”.

Además, durante esta jornada se realizó una reunión entre el Ministerio del Interior, el fiscal nacional Ángel Valencia y el fiscal Héctor Barros, quien es persecutor que lleva el caso.

Lo anterior, dijo Monsalve, porque “es muy importante la coordinación con el Ministerio Público, que es quien está a cargo de la investigación y por lo tanto conduce las diligencias para aclarar este eventual delito”.

QUERELLA POR SECUESTRO Y COORDINACIÓN CON VENEZUELA

A continuación, el subsecretario de Interior confirmó que el Gobierno, como en otros casos de delitos graves, decidió querellarse.

Lo anterior “para dar una señal política de que al Gobierno le interesa que estos casos no queden en la impunidad (…) eso le permite al Gobierno hacerse parte de las diligencias para esclarecer este tipo de delitos”.

Respecto a la comunicación con el Gobierno de Venezuela, Monsalve respondió que “evidentemente se han pedido algunas gestiones diplomáticas a través del embajador que Chile tiene en Venezuela”.

“Hay una relación de colaboración entre nuestras policías y por lo tanto, la PDI también ha tenido contacto con sus contrapartes policiales en Venezuela”, complementó la autoridad de Interior.

Por lo que “ha habido contacto tanto a nivel diplomático que se le ha pedido a través de nuestro embajador, como contacto a nivel policial, desde la PDI con la policía venezolana”.

Ante secuestro de teniente coronel residente en nuestro país

Tras un confuso hecho, la familia del teniente (r) del Ejército de Venezuela, Ronald Ojeda Moreno, denunció un posible secuestro ante el Ministerio Público. El exmilitar reside en Chile, luego que el Gobierno le concediera asilo político.

Durante esta jornada de miércoles, un grupo de desconocidos ingresó hasta un departamento en Santiago, donde vivía el teniente (r) del Ejército de Venezuela, Ronald Ojeda Moreno.

Según la información que maneja Radio Bío Bío, el Gobierno del presidente Gabriel Boric le concedió asilo político a Ojeda Moreno a fines del año 2023. Es decir, sólo llevaba semanas en Santiago de Chile.

A esta hora, Carabineros y la PDI están a cargo de la búsqueda del teniente (r). En tanto, la familia de Ojeda Moreno denunció secuestro ante el Ministerio Público.

En concreto, según fuentes de La Radio, los hechos ocurrieron durante la madrugada en la calle El Molino, en la comuna de Independencia. Lo que se ha logrado establecer es que a bordo de un automóvil llegaron cuatro personas que se habrían hecho pasar por funcionarios de migraciones, lo cual se entendió como que eran funcionarios de la PDI.

Los hombres, equipados con cascos balísticos y chalecos antibalas, ingresaron al departamento del Teniente y lo sacaron contra su voluntad. Luego de esto, el vehículo desapareció del lugar sin que hasta ahora aparezca el hombre. Sin embargo, Ojeda Moreno mantendría antecedentes policiales en Chile.

Igualmente, se debe precisar que personas cercanas al exmilitar indican que se trataría de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar del Gobierno de Nicolás Maduro, lo que significaría que estarían desarrollando operaciones de contrainteligencia en territorio nacional.

Aún así, mismas fuentes indican que también hay otra pista que se está evaluando: que quienes llegaron y se llevaron a Ojeda Moreno podría tratarse de personas ligadas a crimen organizado.

Lo anterior, a raíz de la información que el exmilitar posee producto del alto cargo que ocupó dentro de la estructura militar venezolana.

Según informó el Ministerio Público, el equipo del fiscal regional sur, Héctor Barros, está liderando la investigación del presunto secuestro. Igualmente, se indicó que la causa fue declarada como secreta.

“Gravísimo”

Desde la Cámara, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado Tomás De Rementería, comentó que “si se puede corroborar que hay una operación de inteligencia extranjera en suelo chileno, que incluya el secuestro de un ciudadano venezolano, pero con residencia en Chile (…) me parece gravísimo”.

“Voy a pedir en la Comisión de Inteligencia de la Cámara que se cite a la autoridades de los órganos de inteligencia para ver la información que tienen y también en la Comisión de Relaciones Exteriores que se haga un análisis de lo que pasó, si hay información y si se le preguntó al Gobierno venezolano si efectivamente esto estaba sucediendo”, agregó.

Desde la oposición, el diputado Luis Fernando Sánchez (Partido Republicano) dijo que “la denuncia es gravísima, no solo por el secuestro de una persona, sino que por la eventual participación de agentes de la dictadura venezolana operando libremente en Chile”.

“El gobierno tiene que salir a explicar de manera urgente lo que está ocurriendo, porque si esta información es cierta, hay una vulneración grave a la soberanía y la seguridad nacional. Por eso he tomado contacto con la ministra Tohá, pidiéndole que de ser esto efectivo llamen además a informar a nuestro embajador en Venezuela y se cite al Cosena de nuevo”, complementó.

La jornada de este martes, en una audiencia celebrada en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, Chile acusó a Israel de “hacer caso omiso a las resoluciones de distintos organismos planetarios y ejercer violaciones sistemáticas al derecho internacional respecto a su relación con el pueblo palestino”.

“A Chile le gustaría ver la implementación de la solución de dos Estados dentro de fronteras seguras y reconocidas internacionalmente, y está convencido de que estos procedimientos consultivos ayudarán en ese proceso, poniendo fin a 57 años de ocupación del territorio palestino», afirmó la representante nacional, Ximena Fuentes, subsecretaria de Relaciones Exteriores.

La CIJ celebra esta semana una serie de audiencias sobre las “consecuencias legales” de la ocupación israelí de los territorios palestinos desde 1967 después de que la Asamblea General de la ONU solicitara a la corte en diciembre de 2022 su “opinión consultiva”.

Son 52 los países que pidieron intervenir en estas sesiones. En ese sentido, la diplomática chilena expresó su firme apoyo a la legitimidad de la CIJ en este tema, y remarcó que el tribunal actuará “dentro del ámbito de su función consultiva, cumpliendo con su deber de brindar la asistencia jurídica que la Asamblea General de la ONU requiere para ejercer su poder en este conflicto”.

Asimismo, de acuerdo con Emol, señala que Fuentes explicó el interés de Chile sobre este tema, considerando que el país alberga a la comunidad palestina más grande fuera de Medio Oriente y a la tercera comunidad judía más importante de Sudamérica. En esa línea, aseguró que, así como ha promovido la causa palestina desde hace varios años -mencionando al expresidente Sebastián Piñera-, La Moneda también condenó “desde el día 1” el ataque de Hamás en territorio israelí del pasado 7 de octubre.

Sin embargo, cuestionó las políticas israelíes y calificó de “ilegal” la ocupación de los territorios palestinos, asegurando que ésta se ha convertido en una anexión. Esto ha quedado demostrado, dijo, en actos como la construcción de asentamientos, la expulsión de palestinos de sus hogares y la explotación de recursos naturales palestinos.

“En virtud de sus acciones, incluida la explotación de recursos naturales, las políticas de asentamientos, la construcción del muro, la legalización de puestos de avanzada, entre otras, Israel ha demostrado su intención de controlar indefinidamente el territorio palestino ocupado”, dijo Ximena Fuentes.

“Estas violaciones sistemáticas también son una base para declarar que la ocupación es ilegal. La violación sistemática del derecho internacional es parte de una política de Estado de Israel. Las obligaciones de la ocupación obviamente persisten a pesar de que esta ocupación debe llegar a su fin”, finalizó Fuentes.

La secretaria general de la UDI, María José Hoffman, dijo el juez Urrutia «está poniendo en riesgo a las víctimas del crimen organizado» y por esta razón merece ser suspendido de sus funciones

La Unión Demócrata Independiente solicitó la suspensión y expulsión del juez Daniel Urrutia del Poder Judicial, debido a la controversia ya conocida por su autorización para que reos con alto compromiso criminal puedas recibir o realizar videollamadas con el medio externo.

El partido fundado por Jaime Guzmán sostuvo que la decisión de Urrutia es inaceptable y pone en riesgo la seguridad del país.

En ese sentido la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, dijo el juez Urrutia «está poniendo en riesgo a las víctimas del crimen organizado» y por esta razón merece ser suspendido de sus funciones.

«Lamentablemente no ha estado a la altura y se ha saltado el Poder Judicial y se ha asaltado también a Gendarmería y al propio Gobierno», agregó.

El senador Iván Moreira en tanto dijo que «los hechos del juez Urrutia no son aislados, es una conducta permanente de un privilegio especial a quienes cometen violencia, y en este caso al crimen organizado y al narcotráfico, al entregarle beneficios que no corresponden cuando está en juego el Estado de derecho, la seguridad nacional. Nosotros lo que queremos pedirle al Poder Judicial es suspensión y, como son tantos los hechos, la expulsión».

«Ya es hora de que la Corte Suprema actúe, suspenda o expulse al juez Urrutia porque le hace daño al país y las determinaciones del juez Urrutia son un golpe bajo para las víctimas del narcotráfico, del crimen organizado y los delincuentes. Eso no lo podemos aceptar», complementó.