Por Elías Muñoz, Periodista de Tehuelche Noticias.

• Parcelación Raíces de Tegualda se traduce en 190 parcelas en un sector sin agua, producto de la industria forestal.
• “Acá se baila al ritmo de la música de los adinerados”, dicen desde las organizaciones indígenas y territoriales, ante la falta de fiscalización y leyes laxas.
• Este domingo 24 de marzo esperan reunirse con autoridades y con las comunidades del territorio.

Lo que ocurre en un pequeño poblado indígena de no más de 50 familias de origen mapuche, a unos 20 kilómetros de la localidad de Fresia, en Los Lagos, está pasando en todo Chile. Grandes inmobiliarias compran cientos de hectáreas que luego venden a personas naturales a razón de media hectárea, para que se asienten en estos lugares todavía deshabitados.

De lado quedan los inconvenientes que la llegada de estos nuevos habitantes genera en los territorios, especialmente aquellos de origen indígena, particularmente por la falta de agua presente en las comunidades y que se acentúa con la instalación de cientos de personas que no cuentan con redes de servicios básicos para desechos, alcantarillado, agua y electricidad.

Sin planificación alguna, los municipios locales deben hacerse cargo de estas nuevas externalidades de las llamadas parcelas de uso agrícola, cuestión que no se cumple, ya que son destinadas plenamente a la construcción de una o dos viviendas para uso residencial, es decir, en la práctica se convierten en parcelas de agrado.

“Esta lucha se viene dando no solamente con las inmobiliarias, sino que partió con la llegada de las empresas forestales, que fueron las principales causantes de todas estas sequías que hemos tenido en Pichi Maule. Si nos ponemos a pensar los ríos que un día eran caudalosos, ahora no son más que un pequeño arroyo y que es producto de la sobrepoblación de monocultivo”, advierte Egon Poveda, vocero de la recientemente creada Agrupación por la Defensa Territorial Mapuche, compuesta por diversas organizaciones y que busca paralizar la instalación de 187 parcelas en ese sector que comprende a la comunidad indígena más antigua de la provincia de Llanquihue.

Como si fuera poco en esta zona existen alrededor de 70 mil hectáreas de monocultivos que secaron napas y caudales de agua. “En la comuna de Fresia donde mires están instaladas sin supervisión, ni nada que los controle. Los organismos de Gobierno bailan al ritmo de la música que los grandes adinerados ponen y los políticos hacen vista gorda. Sabemos que deben cumplirse una normativa, como estudios de impacto medio ambiental, estudios de suelo y cambio de su uso y nada se hace. Llegan y venden y la gente se instala y pasa esto, lo que estamos pasando ahora en el territorio de Pichimaule”, complementa Poveda Gallardo.

En Chile la subdivisión mínima para estos lotes de tierra es de cinco mil metros cuadrados, es decir, media hectárea, cuyos valores fluctúan de acuerdo a la ubicación y la facilidad de acceso al agua, electricidad, servicios que corren por cuenta del comprador.

Si bien apenas conocieron de la instalación de una inmobiliaria comenzaron a hacer denuncias, reuniones y protestas, recién este año 2024 la causa ha tomado revuelo, gracias a las manifestaciones públicas en actos de la Semana Fresiana y a la intervención de algunas autoridades, como el Seremi de Vivienda o la diputada Emilia Nuyado, quien hizo ver la situación en la Cámara. “Está afectando a los vecinos y la comunidad de Pichi Maule. Son 90 hectáreas aproximadamente las que se parcelaron y que hoy afectan el territorio. Además, no se ha realizado la consulta indígena que es lo que han planteado desde la comunidad, se han transgredido los derechos culturales territoriales y se ha afectado el ecosistema”, sostuvo la parlamentaria.

En este lugar y durante siglos los mapuche han mantenido una estrecha relación con la tierra respetando los ecosistemas y la biodiversidad. Ya en los ochenta debieron luchar largamente para evitar la instalación de las forestales, empresas subsidiadas por el estado a través del DL 701, que bonifica e incentiva la actividad forestal y que data de la Dictadura. Fue así que las empresas vinculadas a grandes grupos económicos plantaron monocultivos de eucaliptus sin control. Esa batalla la perdieron y como consecuencia actualmente sus ríos y lagos se mantienen secos casi todo el año, en una de las zonas de mayor pluviosidad del país, con casi dos mil milímetros de agua al año, en promedio.

Pero no quieren que pase lo mismo con las inmobiliarias, que sin control ni respeto por el medio ambiente, no trepidan en eliminar humedales de rica flora y fauna, que rellenan con grandes camiones de ripio que destruyen árboles milenarios, ríos, caminos autóctonos, flora, fauna y lo que se les cruce por delante.

El territorio intervenido por Raíces de Tegualda estaría incluso en reivindicación por parte del pueblo indígena. Sin embargo, como una manera de ejecutar acciones en una política de “buen vecino” no han dudado en ofrecer dinero a los dirigentes a cambio de colaboración para sus intereses.

Egon Poveda sostiene que la situación solo puedo empeorar para su comunidad, ya sin agua durante todo el año. “El riesgo que corremos es que se van a intervenir humedales y esteros. Los desechos de estas personas que lleguen al no haber alcantarillado y tratamiento de aguas servidas van arrojar sus desechos a los flujos de agua, que es lo que consumen los animales más abajo y vecinos. Como no hay agua potable acá la gente todavía buscan agua en forma natural, como siempre la consumió el pueblo mapuche”.

El dirigente asume que las inmobiliarias solo buscan una ventaja económica y que sean los habitantes del territorio los que asuman las consecuencias. “Pasé por dentro y ya se destruyó el Palihue, un sitio ceremonial mapuche, donde se juega palin y fue ripiado, donde hacíamos nuestras ceremonias y eso pone mal a la gente, es un tema muy delicado para el pueblo mapuche”, enfatiza.

Palihue o “lugar de bola” en mapuzugum, son canchas de juego de palin, un deporte mapuche que busca fortalecer las relaciones políticas, espirituales y culturales entre comunidades indígenas y que el pueblo nación mapuche practica hace siglos.

Las organizaciones del territorio se están sumando a la lucha contra las inmobiliarias, que algunas autoridades disfrazan de progreso, como fue en los ochenta con las forestales, que significó mayor empobrecimiento para las comunidades locales y privarlos de los servicios más elementales como el agua.

“Ya no se puede caminar tranquilo por el camino, porque hay una masa de vehículos que está llegando, no se puede trasladar en carreta o a pie que es nuestra ancestral forma de vida de desplazarse a caballo, en carreta o con animales. Hay un riesgo para los niños que van a la escuelita de la comunidad a pie, en un camino muy angosto y donde pasa un solo vehículo. Nuestros tatarabuelos se criaron en este territorio y no hay respeto por el tema espiritual que ellos desarrollaron por siglos acá”, declara Egon Poveda, quien advierte que lo que se encuentra bajo amenaza es la forma ancestral de vida de los mapuche del lugar.

Si bien desde un inicio buscaron el apoyo de las autoridades, estas no han estado presentes y llegan tarde o definitivamente no llegan con colaboración para las comunidades. Es de esta manera que bajo la falacia económica se esconde un modelo que privilegia el dinero por sobre los derechos indígenas.

“Al principio me reuní con el alcalde, éramos cercamos y le expliqué el tema que estaba pasando. En Puerto Varas por un tema similar el alcalde colocó un recurso de protección para que la inmobiliaria parara sus acciones porque estaban invadiendo mucho territorio cercano a la ciudad. Y el alcalde Miguel Cárdenas Barría me respondió que había que ver la parte económica, ya que se iban a incrementar las arcas fiscales por los permisos de circulación”.

Este medio buscó insistentemente la versión de la municipalidad para aclarar la falta de proactividad que acusan las comunidades. Sin embargo y tras esperar dos semanas, no hubo respuesta alguna. Fuera de micrófono un funcionario señaló que han realizado todas las gestiones necesarias para fiscalizar y hacer cumplir la normativa.

Pichi Maule es testigo de la sequía de las napas, herencia de las forestales, que los obliga a depender de 500 litros para la semana, que incluye agua para consumo de toda la familia y que las provee un camión de la municipalidad y “el alcalde no quiere ver eso, que tendrán que hacerse cargo de proveer agua a esas 200 familias”, indica Poveda.

Denuncia ante la SMA

Erwin Sandoval es un conocido abogado ambientalista que, entre otras luchas, colaboró con la campaña de No a Hidroaysén en la Patagonia aysenina.

Para él lo importante es conocer si el proyecto inmobiliario fue denunciado a la Super Intendencia de Medio Ambiente (SMA), denuncias de carácter reservado, pero que se suman a cualquiera otra que se pueda generar de parte de algún vecino o desde las mismas comunidades afectadas. “Efectivamente no está prohibido todo habitar rural, lo que sí lo está son aquellos proyectos que son susceptibles de generar nuevos núcleos urbanos en territorio rural, que no ha sido objeto de un plan de gestión del territorio”, resume Sandoval.

En este caso son casi 200 parcelas con igual número de viviendas que se sumarían potencialmente a un sector al margen de la planificación rural.

En los últimos años la SMA ha definido ciertos criterios, como aquellos en estado de “mapa” y que no se ha traducido en obras materiales en el territorio. Eventualmente constata la ilegalidad de estos proyectos, pero en tales casos puede oficiar que intervengan otros organismos públicos como el SAG, los municipios o la Seremi de Vivienda para que ejerzan sus atribuciones.

“En este caso (Raíces de Tegualda) habría afectación de humedales, del patrimonio cultural de pueblos originarios que también considera la ley de medio ambiente de manera muy relevante, te diría que la superintendencia podría iniciar un procedimiento sancionatorio y en algunos casos han iniciado acciones penales en contra de los titulares de proyectos”, acota el jurista.

Proactividad de Autoridades de Los Lagos

La Seremi de Vivienda de Los Lagos y su titular, Fabián Nail, están al tanto del tema y asegura que se han reunido en más de una oportunidad con los afectados. “Me reuní con los representantes de la comunidad de Pichi Maule, con ocasión de una audiencia que ellos solicitaron, luego de que conocieran que se estaba promocionando la venta de parcelas, expresando su preocupación por las alteraciones al entorno natural que podría provocar el desarrollo de un proyecto de este tipo, del cual no existían mayores antecedentes. Instruimos entonces a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Fresia la realización de una visita inspectiva en el sector, donde también participaron funcionarios ministeriales, la cual no evidenció transgresiones a la normativa vigente”, advierte de entrada.

Si bien tras esta declaración visitó nuevamente el sector y se acordó una reunión general para este domingo 24 de marzo en la ruca del sector. No obstante, adelantó que Raíces de Tegualda no ha solicitado permiso alguno para construcciones, las que ya se estarían emplazando. “Ante este Ministerio no se han solicitado Informes Favorables de Construcciones para ese sector de la comuna de Fresia, que es uno de los requisitos que se exige por ley para que las Direcciones de Obras Municipales puedan otorgar permisos de construcción. Esa podría ser una forma para conocer mayores antecedentes, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha”, explica Nail.

Hace unas semanas instruyó a la municipalidad local y a su respectivo Departamento de Obras, realizar una fiscalización detallada de lo que acontece en el sector, donde hay intervención y tala de árboles parte del delicado humedal del lugar. “En virtud de lo que manifiesta la comunidad ancestral de Pichi Maule, fue que instruimos a la DOM de Fresia, con fecha 23 de febrero de 2024, que se investigue esta denuncia, solicitando a la Dirección de Obras del municipio a tomar medidas inmediatas en virtud del artículo 4° del DFL No 458 (V. y U.) de fecha 18.12.75 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, donde se delegan facultades para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre construcción y urbanización, como fiscalizaciones, registros y recopilación de antecedentes. Esta instrucción también incluye la elaboración de un informe detallado que nos aportará mayores antecedentes y exigir eventualmente el cumplimiento de la ley en caso de que se constaten irregularidades”.

Como parte de los compromisos asumidos por la administración del Presidente Gabriel Boric, el Seremi de Vivienda de Los Lagos asegura que deben cumplirse los marcos normativos y la legislación vigente. “Como Estado no podemos permitir la vulneración de derechos o transgresiones a la ley en estas materias, por lo que realizaremos todas las acciones que sean necesarias para esclarecer los hechos denunciados y exigir a los organismos correspondientes el cumplimiento de la ley. El desarrollo habitacional debe realizarse dentro de los marcos normativos permitidos y siempre de forma equilibrada con la protección de nuestros entornos naturales”.

Contactamos a la inmobiliaria a través de su representante en la zona, quien no contestó los mensajes.

La lucha continúa y desde Pichi Maule seguirán sumando comunidades y territorios para parar la indiscriminada venta de predios agrícolas para fines de parcelas de agrado. Mientras, solo les queda visibilizar su problemática, ante la ausencia de un estado fuerte que vigile, supervise y evite arrasar con las pocas zonas de asentamientos indígenas que quedan en el país.