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Economía chilena creció 2,5% en 2025 y cumple expectativas del gobierno anterior

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La economía chilena registró un crecimiento de 2,5% durante el año 2025, una cifra que coincide con las proyecciones que había estimado el gobierno anterior para ese período. El resultado fue interpretado por diversos analistas como una señal de estabilidad económica y de continuidad en la recuperación del país tras los años de desaceleración registrados a comienzos de la década.

Según los datos publicados recientemente por organismos económicos y recogidos por distintos medios, el Producto Interno Bruto (PIB) logró expandirse dentro del rango esperado por las autoridades económicas del período anterior, quienes habían proyectado un crecimiento cercano al 2,5%. El cumplimiento de esta meta es visto como un indicador de que las bases económicas establecidas en años previos contribuyeron a sostener la actividad productiva del país.

Uno de los factores que ayudó a explicar este resultado fue el repunte de la economía durante el último trimestre de 2025, cuando diversos sectores mostraron una mejora en su desempeño. En particular, la actividad minera —uno de los pilares de la economía chilena— registró un aumento en su producción, lo que impulsó el crecimiento general del país. Asimismo, la recuperación del consumo y una mayor estabilidad financiera también contribuyeron a consolidar el resultado anual.

Durante la administración anterior, las autoridades económicas habían planteado que el desafío principal sería mantener un crecimiento moderado pero sostenido, en medio de un escenario internacional complejo marcado por la inflación global, la incertidumbre económica y la desaceleración de algunas economías relevantes. En ese contexto, el objetivo de crecer en torno al 2,5% fue considerado prudente y realista por varios economistas.

El hecho de que la economía chilena haya alcanzado finalmente esa cifra es interpretado por algunos especialistas como una confirmación de que las políticas económicas implementadas en años previos —especialmente en materia fiscal y de estabilidad macroeconómica— contribuyeron a generar un marco favorable para la recuperación gradual de la actividad económica.

Analistas también destacan que el crecimiento de 2025 permitió consolidar señales de mayor estabilidad económica, lo que podría favorecer la inversión y mejorar las perspectivas de crecimiento para los años siguientes. En ese sentido, el resultado del año pasado es visto como un punto de apoyo para la economía chilena en un escenario internacional que continúa siendo desafiante.

Si bien el crecimiento registrado se considera moderado en comparación con períodos de mayor expansión económica en el país, el hecho de cumplir con las proyecciones formuladas por el gobierno anterior ha sido destacado como un logro relevante dentro de un contexto global caracterizado por la incertidumbre económica y las fluctuaciones en los mercados internacionales.

En ese marco, el desempeño económico de 2025 refleja que Chile logró mantener una trayectoria de crecimiento estable, respaldando las expectativas que se habían planteado durante la administración anterior respecto al comportamiento de la economía nacional.

Senador Fidel Espinoza por retraso en definición de autoridades regionales: “Demuestra un centralismo exacerbado”

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  • El parlamentario hizo un llamado a agilizar los nombramientos de seremis y directores de servicios en la región de Los Lagos, los cuales no han sido definidos a más de una semana de asumido el Gobierno de Kast.   

El senador (PS) Fidel Espinoza, criticó el retraso en el nombramiento de seremis y directores de servicios en la región de Los Lagos, los cuales no han sido definidos a ya más de una semana de asumido el Gobierno del presidente José Antonio Kast.

Han tratado de instalar la idea de que este es un gobierno de emergencia, preocupado de las problemáticas de la gente. Resulta que todo se ve desde el nivel central y no tenemos seremis ni directores de servicios cuando llevan más de una semana, y es preocupante. Tenemos graves problemas, lo que ha ocurrido en Puerto Varas con un carabinero en riesgo vital y no tenemos seremi de Seguridad; no tenemos seremi de Vivienda cuando tenemos problemáticas con comités de vivienda que están hoy día técnicamente con sus proyectos para ser aprobados”, apuntó el parlamentario.

El senador aseguró que “en muchas carteras es fundamental que haya nominaciones, y este Gobierno se está demorando en exceso por líos internos entre los actores de la región. Hago un llamado al delegado regional a que agilicen estos nombramientos. Es importante para la gente que sepan quiénes son sus autoridades, y así recurrir a entes estatales que tienen que ver con problemáticas ciudadanas. Es necesario que el Gobierno, más allá de haber nombrado a sus delegados provinciales y regional, den a conocer la cartera de sus líderes locales que dirigirán los servicios de enorme trascendencia para el diario quehacer de la gente”.

Esto demuestra un centralismo exacerbado que siempre hemos reclamado, que este propio oficialismo siempre reclamaba cuando era por parte del presidente Boric. Ahora hay centralismo también. No se nominan las autoridades locales, se concentran los esfuerzos en la zona norte con las zanjas, con una despreocupación absoluta de los problemas que están ocurriendo en nuestras regiones que tienen enormes dificultades”, expresó el parlamentario.

El senador finalizó indicando que “hemos tenido tempestades de lluvia gigantescas los últimos días que han provocado problemas en ciertos sectores, y no tenemos autoridades designadas por el Gobierno para atender este tipo de demandas. Es fundamental que se nominen lo más pronto posible y se deje esta situación de incertidumbre respecto a quiénes van a dirigir las diferentes carteras”.

Detienen en Puerto Montt a hombre que vendía drogas por redes sociales

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Un hombre de 36 años fue detenido por personal del O.S.7 de Carabineros en Puerto Montt, acusado de comercializar drogas a través de redes sociales y coordinar posteriormente su entrega en distintos puntos de la ciudad.

El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación realizada por la Sección O.S.7 Llanquihue en coordinación con la Fiscalía Local de Puerto Montt. Las diligencias permitieron establecer que el imputado ofrecía sustancias ilícitas mediante plataformas digitales y concretaba las ventas en la vía pública.

Con estos antecedentes, Carabineros detuvo al sujeto —identificado con las iniciales A.I.S.C., chileno y sin antecedentes penales— en la capital regional de Los Lagos.

Posteriormente, y conforme a lo establecido en el artículo 205 del Código Procesal Penal, se efectuó el registro de su domicilio ubicado en la población Antihual de Puerto Montt.

Durante el procedimiento policial se incautaron diversas sustancias ilícitas y especies asociadas al delito, entre ellas 862 gramos de marihuana, 22 gramos de hongos alucinógenos tipo psilocybe, 34 ampollas de metadona clorhidrato y 15 parches transdérmicos de fentanilo.

Asimismo, se decomisaron 507 cartridges contenedores de aceite de hachís, $285 mil en dinero en efectivo, una camioneta Chevrolet Silverado año 2018, además de un teléfono celular y una pesa digital.

Por instrucción del Ministerio Público, el detenido fue puesto a disposición del tribunal para su control de detención durante la jornada del 17 de marzo de 2026.

Tras la audiencia, el imputado quedó en prisión preventiva, mientras que el tribunal fijó un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación.

Polémica por instructivos del gobierno que ordenan suspender trámites y compras en varios servicios del Estado

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Una nueva controversia política se abrió luego de conocerse que distintas reparticiones del Estado recibieron instrucciones internas para suspender temporalmente tramitaciones administrativas, compras públicas y contrataciones, medida que afectaría a organismos vinculados a los ministerios de Vivienda y Agricultura.

Los documentos, enviados mediante oficios a distintas instituciones, instruyen a las jefaturas y oficinas administrativas detener el despacho de documentos y la tramitación de actos administrativos asociados a nuevas adquisiciones o contrataciones, hasta que las nuevas autoridades definan directrices para el funcionamiento de los servicios.

Entre las instituciones involucradas aparecen el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y organismos dependientes del Ministerio de Agricultura, como la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y la Comisión Nacional de Riego, entre otros.

Qué establecen los oficios

De acuerdo con el contenido de los documentos, los servicios fueron instruidos a abstenerse de despachar cualquier tipo de documentación institucional, tanto interna como externa, mientras se revisa el flujo de actos administrativos y los procesos en curso.

Además, los oficios ordenan suspender la tramitación de antecedentes relacionados con nuevas compras públicas, adquisiciones o contrataciones, al menos hasta que las autoridades entrantes definan nuevas directrices para el funcionamiento de los servicios.

Según el propio instructivo, la medida se adoptó para ordenar y revisar los procesos administrativos en el contexto del cambio de administración, con el objetivo de priorizar y controlar los procedimientos institucionales.

Críticas desde el Congreso

La instrucción generó críticas desde la oposición. El diputado José Montalva (PPD) cuestionó el alcance de la medida y advirtió que podría implicar una paralización de trámites relevantes, especialmente en el ámbito habitacional.

El parlamentario sostuvo que el instructivo podría afectar procesos como pagos a proveedores, asignaciones directas y entrega de subsidios habitacionales, lo que a su juicio podría retrasar soluciones para familias que esperan acceso a vivienda.

Ante esta situación, Montalva anunció que solicitará explicaciones formales y que recurrirá a la Contraloría General de la República para que revise la legalidad de la instrucción y determine si se respeta el principio de continuidad del servicio público.

Respuesta del gobierno

Desde el Ministerio de Vivienda señalaron que el oficio no implica la paralización de programas o planes habitacionales, sino que busca ordenar procedimientos internos mientras se revisan decisiones adoptadas en la etapa final de la administración anterior.

La controversia se produce en un contexto marcado por el cambio de autoridades en distintos ministerios y la revisión de procesos administrativos en curso dentro del aparato estatal.

Recortes del gobierno golpean a Educación: ajuste supera los $320 mil millones y equivale a la mitad del presupuesto de la Junaeb

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Un ajuste fiscal impulsado por el gobierno impactará a diversos ministerios tras la decisión del Ministerio de Hacienda de aplicar un recorte cercano al 3% del gasto público en las carteras del Estado. La medida busca reducir el déficit fiscal y generar ahorros en el presupuesto nacional, pero ya abrió debate por el impacto que tendrá en áreas sociales.

Según el análisis del detalle presupuestario, el Ministerio de Educación aparece entre los más afectados, con una reducción cercana a $320 mil millones. La magnitud del ajuste equivale aproximadamente a la mitad del presupuesto anual de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), organismo encargado de administrar programas de alimentación, becas y apoyo a estudiantes vulnerables.

La comparación resulta relevante considerando que la Junaeb financia uno de los programas sociales más grandes del país, el Programa de Alimentación Escolar, que entrega diariamente raciones de comida a más de 1,8 millones de estudiantes en establecimientos públicos y subvencionados.

Otros ministerios con recortes millonarios

El ajuste fiscal no afecta únicamente a Educación. El desglose del presupuesto muestra reducciones importantes en otras carteras del Estado.

Entre los ministerios con mayores recortes se encuentran:

  • Ministerio de Salud: alrededor de $200 mil millones menos en su presupuesto.
  • Ministerio de Vivienda y Urbanismo: cerca de $160 mil millones de reducción.
  • Ministerio de Obras Públicas: recorte cercano a $150 mil millones.
  • Ministerio de Desarrollo Social: disminución aproximada de $120 mil millones.

En total, el plan de ajuste fiscal del Ejecutivo busca reducir el gasto público en cerca de US$4.000 millones, como parte de una estrategia para contener el crecimiento del gasto estatal y enfrentar el deterioro de las finanzas públicas.

Debate por impacto en programas sociales

El impacto de los recortes ha generado preocupación en distintos sectores, especialmente por las posibles consecuencias en programas sociales vinculados a educación, salud y apoyo a familias vulnerables.

Especialistas en políticas públicas advierten que reducciones de esta magnitud podrían afectar la implementación de programas estatales o retrasar inversiones en áreas clave, en momentos en que el país enfrenta demandas sociales importantes.

Mientras tanto, el detalle de los recortes continúa siendo analizado en el Congreso y en distintos organismos técnicos, en medio de una discusión más amplia sobre las prioridades del gasto público y el manejo fiscal del gobierno.

Plan de “Reconstrucción Nacional”: CUT critica plan de Kast y acusa que favorece a grandes grupos económicos

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La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) cuestionó el plan de “Reconstrucción Nacional” presentado por el gobierno del presidente José Antonio Kast, señalando que varias de las medidas incluidas en la propuesta no apuntan a apoyar a las mayorías, sino a beneficiar a sectores empresariales.

La organización sindical expresó su rechazo al contenido del proyecto, afirmando que “no es para las mayorías, es para los grandes grupos económicos”, en referencia a las políticas económicas contempladas dentro del plan.

Entre los puntos más criticados por la multigremial se encuentran las modificaciones tributarias incluidas en la iniciativa. Según la CUT, el Ejecutivo estaría aprovechando el contexto de emergencia para impulsar cambios estructurales en materia económica.

En su declaración, la central sostuvo que el gobierno utiliza “la tragedia como una ventana de oportunidad para implementar una reforma tributaria”, apuntando especialmente a “la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23% y la eliminación del impuesto a las ganancias de capital”.

Para la organización, estas medidas no responden a la necesidad de reconstrucción tras las catástrofes recientes. En ese sentido, advirtieron que dichos cambios tributarios “no son medidas de alivio social, sino son un regalo directo a las grandes empresas para asegurar que, incluso en crisis, sus utilidades sigan creciendo a costa del presupuesto público”.

La CUT también cuestionó las propuestas laborales del plan, particularmente el subsidio al empleo planteado por el Ejecutivo. A juicio de la organización, este mecanismo implicaría que el Estado asuma parte de los costos laborales de las empresas.

En ese contexto, señalaron que la medida significaría “una transferencia de recursos desde los impuestos de todas y todos los chilenos hacia la planilla de costos de los empresarios”, además de reflejar “la socialización de los costos laborales para privatizar, una vez más, las ganancias”.

Otro de los aspectos que generó críticas es la propuesta de limitar la gratuidad universitaria a estudiantes menores de 30 años. Para la central sindical, esta modificación afectaría directamente las oportunidades de formación de trabajadores adultos.

En su declaración, la CUT afirmó que “dejar sin gratuidad universitaria a los mayores de 30 años es un acto de discriminación etaria y de clase”.

El plan presentado por el gobierno contempla más de 40 medidas y una importante inyección de recursos para enfrentar procesos de reconstrucción y reactivación económica. Sin embargo, su contenido ya abrió un debate político y social sobre el alcance de las reformas incluidas en la propuesta.

Carabineros de Hornopirén ayudan a concretar emotivo reencuentro entre padre e hija tras más de 40 años

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Un conmovedor momento se vivió en la Tenencia de Carabineros de Hornopirén, en la región de Los Lagos, luego de que se concretara el primer encuentro entre un padre y su hija que llevaban más de cuatro décadas sin conocerse.

La historia comenzó durante el mes de febrero, cuando Edith Naiman Inostroza llegó hasta el destacamento policial para solicitar ayuda en la búsqueda del padre de su hija, Yasmin Maldonado Naiman, de 42 años. Según explicó, el hombre nunca supo que tenía una hija, y pese a intentos previos por encontrarlo, la familia no había logrado ubicarlo, contando solo con una antigua fotografía tipo cédula de identidad.

Ante la solicitud, la encargada comunitaria de la unidad, la sargento primero Miriam Barriga, inició diversas gestiones utilizando herramientas y sistemas institucionales para intentar dar con el paradero del hombre.

Tras las diligencias realizadas, se logró identificar a Juan Carlos Maldonado Elquis, quien actualmente reside en Argentina, pero que en ese momento se encontraba de vacaciones en la ciudad de Osorno. Gracias a la coordinación con personal policial de esa comuna, el hombre fue ubicado y se le informó sobre la existencia de su hija.

La noticia fue recibida con sorpresa y profunda emoción. Tras conocer la historia, el padre accedió de inmediato a reunirse con ella.

Finalmente, el esperado encuentro se concretó el viernes 13 de marzo en dependencias de la Tenencia de Hornopirén, donde padre e hija se conocieron por primera vez. El momento estuvo marcado por abrazos, lágrimas y conversaciones pendientes luego de más de 40 años sin saber el uno del otro.

Desde Carabineros destacaron que este tipo de situaciones reflejan el rol que la institución cumple en la comunidad, no solo en materia de seguridad, sino también en acciones que pueden cambiar profundamente la vida de las personas.

Greenpeace cuestiona retiro de 43 decretos ambientales y exige explicaciones al Gobierno

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La organización ambiental advirtió que la decisión podría frenar medidas clave para proteger ecosistemas, regular emisiones contaminantes y enfrentar la crisis climática en Chile.


La organización ambiental Greenpeace expresó su preocupación tras la decisión del Ministerio del Medio Ambiente de retirar 43 decretos que se encontraban en proceso de revisión en la Contraloría. Desde la entidad señalaron que se trata de una medida que podría afectar avances importantes en materia de protección ambiental en el país.

A través de una declaración pública, la abogada de Greenpeace Chile, Roxana Núñez, afirmó que es necesario que las autoridades entreguen una explicación clara sobre la decisión. “Urge que el gobierno explique con total claridad las razones que llevaron a la Subsecretaría de Medio Ambiente a retirar del trámite de toma de razón en Contraloría un total de 43 decretos en materias fundamentales para la protección ambiental del país”, sostuvo.

Según la organización, la medida no sería un procedimiento administrativo menor, sino una señal que genera preocupación respecto al rumbo de las políticas ambientales. En ese sentido, Núñez advirtió que la decisión “representa una señal preocupante de desmantelamiento progresivo de la institucionalidad ambiental”.

Los decretos retirados abordan diversas materias ambientales relevantes, entre ellas normas de calidad del aire, regulaciones para emisiones industriales —incluyendo el sector termoeléctrico—, planes de descontaminación como el del lago Villarrica y herramientas de adaptación frente al cambio climático.

También se verían afectadas iniciativas vinculadas a la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, así como programas de recuperación de especies en peligro, entre ellas la ranita de Darwin. A esto se suma la paralización de medidas como la declaración del pingüino de Humboldt como Monumento Natural y la creación de nuevas áreas protegidas en distintos ecosistemas del país.

Desde Greenpeace advirtieron que el retiro de estas normativas podría retrasar la entrada en vigencia de políticas diseñadas para proteger la salud de las personas y la biodiversidad. “Lo que está en juego no es solo la tramitación de decretos, sino la capacidad real del país de enfrentar la crisis climática y ecológica con la urgencia que exige el momento actual”, señaló Núñez.

La organización ambiental insistió en que el Gobierno debe transparentar las razones de esta decisión y asegurar que no se esté debilitando el marco institucional que protege el patrimonio natural de Chile.

Gobierno retira decretos ambientales y abre fuerte debate político

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Una fuerte discusión se instaló en el ámbito ambiental luego de que el Ministerio del Medio Ambiente decidiera retirar 43 decretos que se encontraban en trámite en la Contraloría, medidas que habían sido impulsadas durante la administración anterior y que abordaban diversas políticas de conservación y regulación ambiental en el país.

Los decretos incluían iniciativas orientadas a la creación y ampliación de áreas protegidas, planes de descontaminación, normas para industrias contaminantes y medidas para proteger especies en riesgo, además de reglamentos vinculados a la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático.

Desde el Ejecutivo explicaron que la decisión responde a un proceso de revisión habitual al inicio de una nueva administración. En ese sentido, el Ministerio del Medio Ambiente indicó que “se inició el proceso de revisión de los decretos aún en trámite ante la Contraloría”, agregando que parte importante de estas iniciativas había sido ingresada durante los últimos días del gobierno anterior.

Entre los decretos que quedaron en pausa se encuentran medidas relevantes para la conservación, como la creación de nueve nuevas áreas protegidas, la ampliación de parques marinos en zonas de alto valor ecológico y distintos programas para enfrentar problemas de contaminación en el país.

Uno de los casos más comentados corresponde al decreto que buscaba declarar al pingüino de Humboldt como Monumento Natural, una categoría que entrega mayor protección a esta especie emblemática de la costa del Pacífico. Según explicó el Ministerio del Medio Ambiente en procesos previos, esta medida es clave porque el ave “se encuentra en categoría de peligro y requiere mayores herramientas de conservación” frente a amenazas como la pérdida de hábitat, la pesca y el cambio climático.

El retiro de estos decretos ha generado preocupación en sectores científicos y ambientales, ya que algunas de estas medidas estaban destinadas a fortalecer la protección de ecosistemas marinos, especies en peligro y políticas contra la contaminación.

Chile es considerado uno de los países más vulnerables al cambio climático debido a su geografía y a fenómenos como sequías prolongadas, retroceso de glaciares y eventos climáticos extremos, lo que ha llevado a especialistas a insistir en la importancia de avanzar en políticas públicas que refuercen la protección ambiental.

Mientras el Gobierno continúa con la revisión de estas normativas, el debate sigue abierto respecto a si las medidas serán modificadas, reemplazadas o reingresadas al proceso administrativo, en un contexto donde la conservación de la biodiversidad y la acción climática se han convertido en temas prioritarios para el país.

28,7% de las mujeres ocupadas trabaja en la informalidad y no tiene acceso a seguridad social

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  • Aunque la participación femenina en el mercado laboral y la vinculación con el sistema previsional han avanzado en los últimos años, cerca de 1,2 millones de mujeres siguen trabajando en condiciones informales en Chile, un desafío que persiste para la protección social.

Cerca de 1,2 millones de mujeres trabajan en condiciones informales en Chile, lo que equivale al 28,7% del total de trabajadoras ocupadas, según el Informe Previsional Económico (IPE) de marzo de 2026. Este escenario convive con un aumento gradual en la participación femenina en el mercado laboral y en su vínculo con el sistema previsional.

Actualmente, 4,1 millones de mujeres se encuentran ocupadas en el país, lo que equivale a una tasa de ocupación de 48,6%. En el trimestre octubre-diciembre de 2025, la participación laboral femenina alcanzó 53,1%, reflejando un avance gradual en la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo. En paralelo, el informe muestra un mayor vínculo con el sistema previsional: 2,8 millones de mujeres cotizan actualmente en sus cuentas individuales, lo que representa un aumento de 19,2% respecto de 2015.

Al respecto, la gerente de Vinculación con el Medio de la Asociación de AFP, Alejandra López, señaló que: “Aunque la participación laboral femenina ha ido avanzando, la informalidad sigue siendo un desafío importante. Muchas mujeres trabajan sin cotizar y eso termina afectando su ahorro para la pensión. Por eso, avanzar en la formalización del empleo femenino es clave para fortalecer la protección social”.

El informe también muestra que, aunque la informalidad femenina sigue siendo significativa, en los últimos años se observa una tendencia a la baja. La tasa pasó de 31,8% en 2017 a 28,7% en 2025, lo que refleja una disminución de 3,1 puntos porcentuales en el período. Sin embargo, el estudio advierte que el ritmo de mejora todavía es gradual y que la formalización del empleo femenino sigue siendo un desafío central para fortalecer la protección social.

En el ámbito previsional, el análisis también evidencia cambios en las trayectorias de cotización de las mujeres. Quienes se pensionaron en 2025 registraron en promedio 16,4 años de cotizaciones, cifra superior a la observada en 2017, cuando el promedio alcanzaba 12,7 años. Este incremento, equivalente a 3,7 años adicionales de cotización, refleja una evolución positiva en la acumulación de aportes previsionales.

“El aumento en los años de cotización refleja una evolución positiva en la participación de las mujeres en el sistema previsional y en la acumulación de ahorro para la pensión. En la medida en que las mujeres logran trayectorias laborales con más años de aportes, esto se traduce también en mejores pensiones y en mayor seguridad económica para su vejez”, agregó López.

Con todo, el informe concluye que las brechas en participación laboral, las interrupciones asociadas a labores de cuidado y la mayor presencia en empleos informales continúan influyendo en la acumulación de ahorro previsional de las mujeres. En ese contexto, avanzar en la formalización del empleo femenino aparece como uno de los factores clave para fortalecer la protección social y mejorar las pensiones en el largo plazo.