Francia Márquez denunció un plan para atentar contra su vida con un artefacto explosivo que fue desactivado por su esquema de seguridad.
«Integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar», en el suroeste del país, denunció Francia Márquez, primera afrodescendiente en la vicepresidencia, en su cuenta de Twitter. El artefacto «fue destruido de manera controlada por personal anti explosivos de la policía» agregó la vicepresidenta, quien describió el hecho como «un nuevo intento de atentar» contra su vida.
En 2019, antes de asumir el cargo, fue atacada con granadas y ráfagas de fusil por su labor como activista ambiental en el departamento de Cauca, donde aún reside y fue plantado el artefacto desactivado esta mañana.
Nitrato de amonio, aluminio en polvo y clavos de metal
«Se trata de una bolsa plástica cuyo interior contiene sustancia explosiva del alto poder a base de nitrato de amonio, aluminio en polvo y (…) puntillas», detalla un informe del esquema seguridad de la vicepresidencia divulgado por Márquez.
Los escoltas descubrieron los explosivos tras ser alertados sobre «personas sospechosas» y «elementos extraños» en la vía que conduce a la vereda de Yolombó, en el municipio de Suárez, donde estaba prevista una visita de la vicepresidenta.
«Por las características y ubicación del artefacto (…) se trata de un evidente atentado contra de la señora vicepresidenta», precisa el parte oficial, que no da información sobre los posibles autores del plan. Junto al presidente, Gustavo Petro, Márquez integra el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, que busca desactivar el conflicto armado de seis décadas negociando con una amalgama de grupos armados que siguen operando tras el acuerdo que desarmó la poderosa guerrilla FARC en 2017.
«Condenamos el que se haya querido atentar contra la vida de la Vicepresidenta (..) una defensora de derechos humanos reconocida, víctima de varios ataques por su labor», expresó en Twitter la Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero.
A finales de mayo del año pasado, en vísperas de la primera vuelta presidencial, la entonces candidata fue señalada con un láser durante un acto público de campaña y su equipo de seguridad saltó a la tarima para rodearla con escudos blindados.
Ataques con láser y disparos contra el auto
Un joven de 18 años se entregó a las autoridades y explicó que le apuntó a Márquez con un láser que compró en Internet. En agosto, pocos días después de que Petro asumiera el poder, un vehículo de la avanzada presidencial fue atacado con disparos mientras se desplazaba por una carretera en el noreste del país.
La vicepresidenta también ha recibido una cascada de insultos racistas desde que asumió el cargo. En septiembre del año pasado la fiscalía abrió una investigación a una mujer que llamó a Márquez «simio» durante una manifestación de opositores.
Nacida en una familia pobre, Márquez fue madre soltera a los 16 años, huyó de su tierra amenazada de muerte y estudió Derecho antes de abrirse paso en la política.
Las escenas del ataque en Brasilia han recordado al asalto al Capitolio de Estados Unidos en 2021, aunque también hay algunas diferencias.
Las escenas de caos y destrucción que ha dejado el asalto por parte de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro al Congreso Nacional, la Presidencia y el Supremo Tribunal Federal de Brasil han recordado, inquietantemente, a las que se vivieron en Washington hace dos años.
Entonces, miles de seguidores del presidente Donald Trump atacaron el edificio del Capitolio para intentar frenar la certificación de las elecciones que dieron como vencedor a su rival político, el actual presidente Joe Biden.
¿En qué se parecen y en qué se diferencian ambos ataques?
Las similitudes
1. La violencia
En ambos casos, los manifestantes han tomado los edificios institucionales por la fuerza, dejando a su paso un enorme rastro de destrucción.
Tanto en Washington como en Brasilia, los asaltantes consiguieron superar al pequeño número de policías que intentaron frenarles y se abrieron paso destrozando ventanas y forzando puertas.
El domingo, los bolsonaristas partieron desde las inmediaciones del Cuartel General del Ejército, donde se concentraban los seguidores del expresidente que piden una intervención militar tras el triunfo de Lula, y avanzaron unos ocho kilómetros hasta la plaza de los Tres Poderes en Brasilia para invadir los principales edificios de la República.
Vestidos con los colores de la bandera nacional, los asaltantes protagonizaron numerosos actos de vandalismo y arrasaron con todo lo que se encontraron a su paso. Rompieron cristales, valiosos muebles antiguos, además de obras de arte, material informático y archivos.
Como ocurrió en el Capitolio el 6 de enero de 2021, multitud de vídeos en redes sociales mostraron cómo algunos de los protagonistas se llevaban «trofeos» del Congreso brasileño.
En ambos casos, muchos de los manifestantes venían de lugares muy lejanos del país.
En el caso de la Washington, los manifestantes se habían congregado por la mañana en la explanada conocida como «The Ellipse», frente a la Casa Blanca, para escuchar los discursos de Trump y algunos de sus aliados. Desde ahí marcharon al Capitolio. Muchos habían llegado el día anterior.
En Brasilia, decenas de autobuses con participantes en el ataque llegaron en las horas previas desde otros puntos de Brasil a la capital para engrosar el campamento bolsonarista. Según el ministro de Justicia, Flávio Dino, se han identificado 40 de esos autobuses y quiénes los financiaron.
La violencia no solo fue matrial.
Unas 70 personas, según el ministerio de Sanidad brasileño, resultaron heridas el domingo, entre ellos policías y periodistas, que fueron apaleados por la multitud. Al menos 1.200 personas han sido detenidas.
En Washington cinco personas murieron, y unos 140 agentes resultaron heridos. Cuatro policías que respondieron al asalto se han suicidado desde entonces.
2. La narrativa
Tanto los seguidores de Donald Trump como los de Jair Bolsonaro están convencidos, sin prueba alguna, de que se ha cometido fraude en las elecciones que sus candidatos perdieron y que, por lo tanto, ellos luchan para enmendar una injusticia.
Al igual que Trump hizo (y continúa haciendo en EE.UU.), Bolsonaro lleva meses alimentando la narrativa de que los comicios en los que fue derrotado no fueron limpios, y ha sembrado dudas sobre los sistemas de voto electrónico, que dice pueden ser manipulados, siguiendo la misma retórica del expresidente estadounidense.
En unas elecciones muy ajustadas, Luiz Inácio Lula da Silva ganó el pasado 30 de octubre los comicios presidenciales y fue investido en el cargo el primero de enero.
Lula pudo presentarse y ganar gracias a que la condena por corrupción que le hizo pasar 580 días en la cárcel fue anulada por el Supremo Tribunal Federal.
En un país profundamente dividido, donde las posturas extremistas se han acentuado durante el mandato del populista ultraderechista Bolsonaro, el regreso al poder de un hombre de izquierdas y, precisamente, su paso de prisionero a presidente, ha sido demasiado para sus opositores.
Desde la derrota en las urnas de Bolsonaro, muchos de sus seguidores se han organizado en chats de WhatsApp y Telegram para planear manifestaciones y acampadas como las que tienen lugar frente a los cuarteles de varias ciudades del país.
Este discurso conspiracionista que se ha escuchado en Brasil recuerda al que ha formado parte de la estrategia del equipo de Donald Trump desde que perdiera las elecciones.
De hecho, desde la derrota en las urnas, el equipo de Bolsonaro, entre ellos su hijo Eduardo, han estado en contacto tanto con Trump como con sus estrategas Steve Bannon o con el exportavoz de su campaña, Jason Miller, según desveló el «Washington Post».
El propio Bannon, ideólogo de la nueva derecha radical populista y uno de los principales estrategas del Trump, ha calificado a Bolsonaro de «héroe», y ha alimentado la teoría del supuesto «robo electoral» desde su podcast «War Room» y en Gettr, la red social creada por el expresidente estadounidense.
3. El momento
Ambos asaltos se producen un par de meses después de las elecciones en las que sus candidatos fueron derrotados.
Joe Biden ganó los comicios el 3 de noviembre de 2020, aunque no fuera investido presidente hasta el 20 de enero de 2021.
Lula venció en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que tuvo lugar el 30 de octubre de 2022, y tomó posesión del cargo el uno de enero, una semana antes del asalto en Brasilia.
Durante esos dos meses, la retórica en torno al supuesto fraude -jamás probado- fue aumentando en las redes y canales de comunicación de sus seguidores, hasta explotar en los ataques a las instituciones.
Este tiempo también ha permitido a los asaltantes organizarse.
En el caso de Brasil, el Ministerio de Justicia investiga ahora no solo a los que cometieron los actos de violencia el domingo, sino que persigue el rastro de aquellos que los iniciaron y financiaron.
Las diferencias
1. El papel del Ejército y la Policía
A diferencia de lo que sucedió en EE.UU., donde los trumpistas estaban decididos a retomar el poder por sus propios medios, en Brasil los seguidores de Bolsonaro que no han aceptado su derrota llevan meses pidiendo una intervención militar para devolver al expresidente al Palacio de Planalto.
Hasta el pasado domingo, el Ejército brasileño, que ha tenido un papel preponderante durante el mandato de Bolsonaro, parece haber tolerado las acampadas de este tipo de manifestantes frente a sus cuarteles.
«Destacadas figuras militares han apoyado la agenda de extrema derecha de Bolsonaro durante mucho tiempo, e incluso recientemente han mostrado un apoyo absoluto a varias manifestaciones a favor del golpe de Estado que se han tenido lugar en diferentes partes del país en los días previos al ataque», afirma el profesor de Historia de América Latina, Rafael R. Ioris, en The Conversation.
Durante su presidencia, varios altos cargos militares han ocupado posiciones en el Gobierno, entre ellas el Ministerio de Defensa o incluso el de Sanidad durante el pico de la pandemia de covid. Se estima, además, que unos 6.000 militares en activo recibieron puestos no militares en el gobierno en los últimos 8 años.
Desde que asumió el cargo, Lula ha mantenido una posición «conciliadora» con las Fuerzas Armadas.
Según el historiador Carlos Fico, experto en la dictadura militar que gobernó el país de 1964 a 1985, «cualquier gobierno que asumiera ahora tendría dificultades (en su relación con los militares), a menos que fuera nuevamente de la extrema derecha. Entonces, creo que el intento de calmar los ánimos es comprensible», dijo en una entrevista con BBC News Brasil.
El papel de la policía durante el asalto también ha generado dudas.
Medios brasileños han divulgado videos que muestran una aparente pasividad de policías militares de la capital frente a los atacantes, incluso conversando distendidamente con ellos.
La persona a cargo de la seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres, que había sido ministro de Justicia con Bolsonaro, ha sido destituido por el gobernador, y la abogacía del Gobierno reclama su detención.
Durante las elecciones, ciertos sectores de la policía también fueron criticados por establecer controles policiales en las carreteras para ralentizar el acceso a las urnas en regiones donde se iba a votar mayoritariamente por Lula.
2. Trump era aún presidente y Bolsonaro no
El asalto al Capitolio en 2021 se produjo aún bajo el mandato de Donald Trump. Aunque ya había perdido las elecciones, el magnate ocuparía la Casa Blanca hasta el 20 de enero, por lo que en aquel momento él ostentaba la máxima autoridad.
Bolsonaro, sin embargo, abandonó el cargo el 31 de diciembre y desde entonces se encuentra en Estados Unidos, concretamente en Florida.
Algunos medios brasileños interpretan esta partida como una estrategia para no asistir a la toma de posesión de su sucesor, mientras que sus opositores ven una fuga preventiva ante el fin de su inmunidad presidencial, que podría poner al expresidente frente a la justicia.
La misma mañana del asalto al Capitolio, Donald Trump dio un discurso ante sus seguidores en el que aseguró que jamás aceptaría el resultado de las elecciones, y en el que pedía a su vicepresidente, Mike Pence, que revocara el resultado.
Aunque no hizo llamamientos explícitos a la violencia, el discurso sí que estuvo repleto de imágenes violentas e incluso les pidió que marcharan hasta el Capitolio y que «lucharan como demonios» porque si no, dijo a sus seguidores, «ya no van a tener país».
Bolsonaro, aunque lleva meses alimentando las teorías de que las elecciones han sido fraudulentas, el domingo se desvinculó de los sucesos de Brasilia.
«Las manifestaciones pacíficas son parte de la democracia. Sin embargo, los saqueos e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, se salen de la regla», expresó en una publicación de Twitter.
Ambos mandatarios, sin embargo, tardaron varias horas en reaccionar una vez que empezaron los incidentes.
Este lunes se supo que Bolsonaro había sido ingresado en un hospital de Florida, aunque su estado no revista gravedad.
3. El Capitolio estaba en plena sesión
Otra de las principales diferencias entre ambos ataques es que, mientras que el asalto en Brasilia se ha producido en domingo, con todas las instituciones cerradas, en Washington el Capitolio, el edificio que alberga el Congreso y el Senado de Estados Unidos, estaba en plena sesión.
Y no en una sesión cualquiera, sino en la que tenía como cometido certificar el resultado de las elecciones que habían declarado a Joe Biden vencedor.
Los insurrecionistas trumpistas pretendían, por lo tanto, frenar la transferencia pacífica de poderes.
A diferencia de lo que sucedió en Estados Unidos, los bolonaristas no solo invadieron la sede del poder legislativo, sino también la del ejecutivo y la del poder judicial, a la espera, posiblemente, de que otros se unieran en su lucha, entre ellos el Ejército.
Los manifestantes brasileños vagaron por los bellos edificios diseñados por Oscar Niemeyer vacíos, sin encontrarse apenas obstáculos hasta que la policía consiguió desalojarlos.
En el asalto al Capitolio, sin embargo, el edificio estaba lleno de representantes políticos y sus equipos, además de periodistas y fuerzas de seguridad, lo que provocó el pánico entre los presentes.
Muchos tuvieron que esconderse en sus oficinas, otros sus escaños en las cámaras, tras lo que pudieron ser evacuados en escenas que no se habían visto nunca en ese país.
Asimismo, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, remarcó que «el Ejecutivo ha dicho varias veces que todo este procedimiento (indultos) se hizo de acuerdo a la Ley con todos los cuidados respectivos».
En horas de la tarde de este martes, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió a la solicitud de Contraloría que pidió este martes un informe al ministerio de Justicia para revisar el otorgamiento de 13 indultos entregados por el Presidente de la República, Gabriel Boric.
La autoridad de Gobierno mencionó que «es totalmente normal que la Contraloría, a solicitud de parlamentarios, pida la información. No vemos cuál es el tema que debiera generar inquietud. Al menos, como Ejecutivo no nos inquieta.
Asimismo, remarcó que «el Ejecutivo ha dicho varias veces que todo este procedimiento (indultos) se hizo de acuerdo a la ley con todos los cuidados respectivos, pero la Contraloría es un órgano contralor y, a solicitud de los parlamentarios, puede pedir los antecedentes».
Bajo la misma línea, mencionó que «no es novedad que haya críticas estamos en una democracia«.
Contraloría pide informe a ministerio de Justicia por indultos
La solicitud se da un día después que diputados UDIpresentaran un oficio ante el organismo para investigar la legalidad de los decretos de indulto entregados el pasado 30 de diciembre.
Desde la bancada explicaron que «con estos antecedentes la Contraloría podrá revisar la legalidad de estos actos y explorar la invalidación o corrección de aquello».
«Creemos muy importante que se revise la condición del terrorista que había ya recibido un indulto, que se fundamente aquel decreto (…) que también se debe revisar los antecedentes de un sujeto que estaba procesado por Ley de Seguridad Interior del Estado y la ministra (Marcela Ríos), por lo tanto, no tenía la facultad para aquello», explicaron.
La solicitud del informe se da después que la bancada de diputadas y diputados de la UDI presentaran un requerimiento para que se revisara la legalidad de los decretos de los 13 indultos.
Contraloría pidió este martes un informe al ministerio de Justicia para revisar el otorgamiento de 13 indultos otorgados por el Presidente de la República, Gabriel Boric.
La solicitud se da un día después que diputados UDI presentaran un oficio ante el organismo para investigar la legalidad de los decretos de indulto entregados el pasado 30 de diciembre.
Desde la bancada explicaron que «con estos antecedentes la Contraloría podrá revisar la legalidad de estos actos y explorar la invalidación o corrección de aquello».
«Creemos muy imoprtante que se revise la condición del terrorista que había ya recibido un indulto, que se fundamente aquel decreto (…) que también se debe revisar los antecedentes de un sujeto que estaba procesado por Ley de Seguridad Interior del Estado y la minstea por lo tanto no tenía la facultad para aquello», explicaron.
Cabe mencionar que el requerimiento no es sólo para revisar el indulto de Jorge Mateluna, sino que también «todos los casos».
La diputada Flor Weisse, explicó que «lo que buscamos es que si no ha habido cumplimiento de la legalidad (…) estos tienen que ser revocados, la nulidad existe (…) si no se han ajustado a derecho eso es lo que tiene que ocurrir, la Contraloría va a emitar el informe sobre la legalidad», explicó la parlamentaria.
Por otra parte, el diputado Juan Antonio Coloma valoró la celeridad con la que actuó Contraloría y señaló que «buscan dejar sin efecto los decretos dictados por el Presidente de la República por tener evidentes vicios de forma».
«Al ser declarado con graves errores en materias de forma, esperamos que las personas cuyos decretos se invaliden, tengan que volver a la cárcel», sentenció el parlamentario.
Desde la bancada UDI hicieron un llamado al nuevo ministro de Justicia a entregar los antecedentes a la brevedad. En lo formal, el Ejecutivo tendrá 10 días hábiles para entregar los antecedentes.
Por otra parte, y desde el oficialismo, la diputada Catalina Pérez (RD), aseguró que no hay noticia nueva: «Que exista un pronunciamiento de Contraloría no quiere decir que el acto administrativo que genere los indultos sea retrotraído, pefectamente puede corregirse, en ningún caso creo que es correcto afirmar que mediante este requerimiento podrían retrotraerse los indultos».
Sin duda NO fue un año fácil para los Gobiernos Regionales del país por las distintas dificultades económicas que se han vivido, lo que derivó en la quiebra de empresas, liquidación de obras, aumentos de costos en materiales y los inconvenientes que generaron los cálculos prepandemia para la concreción de proyectos.
El 2022 inició en Los Lagos con 23 obras paralizadas, de las cuales se reactivaron 20 lo que se traduce en el desembolso de más de 10 mil 105 millones de pesos, además durante el mismo periodo anual, paralizaron 8 construcciones de las cuales 2 fueron reimpulsadas, tras la inyección de 402 millones extras.
La ley de presupuestos 2022 entregó al GORE Los Lagos, 91 mil 240 millones 328 mil pesos, lo que fue incrementado en dos oportunidades, llegando a 105 mil 600 millones de pesos. Del monto original se desprende un 98,6% de ejecución, el que tras gestiones en curso aumentará.
Durante el periodo pasado, se programó realizar 383 iniciativas de inversión, lo que se sumó a las otras instancias que existen para destinar recursos, como lo que se hace en las áreas de fomento o las inversiones del 7%, entre otras.
El Gobernador Regional, Patricio Vallespin, comentó que “nos atrevimos como Gobierno Regional, uno de los 6 Gobiernos Regionales que fuimos capaces de allegar a la región, casi 8 mil millones de pesos más de presupuesto a través del fondo regional de inversión local, los FRIL verde que le llamamos, que le dijimos al Presidente Boric, confíe en las regiones y fuimos capaces de allegar esos recursos y llegamos a un presupuesto total del año 2022 de 105 mil 600 millones de pesos”.
La máxima autoridad agregó que “estos FRIL verde, estos casi 9 mil millones, van a pasar a saldo inicial de caja porque se transfirieron casi a final de año, por lo tanto era absurdo que la Dirección de Presupuesto pensara que lo podíamos ejecutar durante 2022, no afecta nuestra ejecución presupuestaria y creo que podemos estar tranquilos porque hemos sido una región que ya al día de ayer (lunes 9 de enero) y hoy estamos haciendo últimas gestiones para mejorar este porcentaje, vamos a tener una ejecución presupuestaria del 98.6%, que es muy sobresaliente porque este ha sido un año especialmente complejo. Sabemos que no fue un año fácil”.
También durante el año, se detectaron debilidades que fueron superadas, como las falencias en procesos y procedimientos internos, lo que generó la implementación de medidas que fueron detalladas por el Gobernador Regional, quien precisó que “rediseñamos y reestructuramos el departamento de inversiones, donde creamos un área de control interno de la inversión de manera tal de mejorar los procedimientos, segundo, hicimos una optimización de procesos y tiempos de trabajo con las otras divisiones. Las 5 divisiones del GORE, distintas a la División de Presupuesto e Inversión (DIPIR), muchas veces trabajan cada una por su lado, se articularon procedimientos de trabajo coordinado que significó mejorar en la gestión y lo más importante, reducimos los tiempos en la planificación del gasto del presupuesto; La tramitación de convenios que demoraba alrededor de 60 días, en tiempos anteriores, ahora se hace en 15 días, por lo tanto, fueron todos elementos muy importantes”
Patricio Vallespin, destacó también, el convenio firmado durante el 2022 con la Contraloría regional para mejorar los procedimientos en la institución y tener un registro digital de información de las resoluciones, convenios, contratos o boletas de garantía, lo que generó un sistema que se suma a la plataforma “chileindica” de la Dipres.
La tercera opción del gobierno para asumir como Fiscal Nacional, Ángel Valencia, finalmente fue aprobado por el Senado para asumir el máximo cargo del Ministerio Público.
«Cuenta con las condiciones de idoneaidad y experiencias necesarias para desempeñar el cargo de Fiscal Nacional», mencionó el senador Matías Walker en la testera, dando cuenta de también del visto bueno recibido desde la Comisión de Constitución para la designación de Valencia.
El Senado aprobó informar de manera unánime, y previo a la votación final, que el candidato reunía todas las condiciones para asumir en el cargo.
Valencia: «El abogado no tiene compromiso con lo que se le atribuye al cliente
El abogado penalista Ángel Valencia expuso este lunes ante la Comisión de Constitución del Senado sus argumentos para transformarse en el nuevo fiscal nacional.
Valencia fue elegido por el Gobierno después de las fallidas nominaciones de José Morales y Marta Herrera, quienes no lograron los 33 votos necesarios en la Sala de la Cámara Alta para quedarse con el cargo.
Ante los parlamentarios, el tercer candidato del Ejecutivo fue consultado sobre uno de los temas que marcaron su nominación: cuando asumió la defensa del exjuez Luis Barría por supuestos delitos de acoso sexual; y cuando hizo lo propio a favor del exgeneral director de Carabineros Bruno Villalobos en la indagación por la muerte del estudiante Patricio Manzano, ocurrida en 1985 cuando el uniformado tenía 25 años.
Al respecto, Valencia señaló que «no solo he defendido a personas imputadas o a quienes se les ha atribuido delitos cometidos en contra de mujeres o niños, también he sido abogado querellante en un sinnúmero de causas. No he asumido nunca una causa probono de las primeras, pero sí de las segundas, en circunstancias en que he patrocinado querellas que han amparado a mujeres víctimas de violencia, agredidas, que no tienen dinero para sostener dicha representación».
«Quizás detrás de la pregunta hay una confusión conceptual del rol de la abogacía y el nivel de compromiso que uno contrae respecto a la persona que se está defendiendo. Puede haber un error sobre confundir el nivel de identificación con el acto que se le atribuye a la persona, el abogado es una persona distinta de la que se defiende y no tiene un compromiso con aquello que se le atribuye a su cliente», añadió.
En esa línea, acusó que «lo importante detrás es que la persona que defiende a una persona no necesariamente adhiere ni considera justa la situación que se le atribuye a su cliente. En toda mi experiencia creo que en solo una oportunidad una persona ha terminado en definitiva condenada y fue en una causa en la que múltiples abogados intervinieron, no solo yo».
Respecto a la defensa a Villalobos, indicó que «fue inculpado por su presunta participación en la muerte de Patricio Manzano, es un hecho lamentable, triste, repudiable, pero el general Bruno Villalobos no tuvo ninguna participación punible en aquello y lo que digo no es mi palabra sino la palabra de la justicia chilena».
Por otro lado, el aspirante dirigir el Ministerio Público fue interpelado por el reportaje de El Mercurio que reveló que su expareja, Vivian Massardo, presentó en 2006 una solicitud de liquidación de pensión de alimentos y el despacho de una orden de arresto por el no pago de 4.261.607 pesos.
Las medidas quedaron sin efecto tras un recurso de amparo, mientras que Cristobal Valencia Massardo, uno de los hijos, publicó en redes sociales que «nuestro papá nunca dejó de cumplir con sus obligaciones y no es ningún ‘papito corazón'».
Al respecto, Valencia dijo ante los senadores que «jamás he dejado de pagar la pensión de alimentos de mis hijos. No es mi palabra, sino que una resolución judicial, y tiene el peso de aquello en un Estado de Derecho. Es decir, aquello que resuelve un Tribunal de Justicia y que se encuentra firme y ejecutoriado tiene más peso que mi sola palabra».
Aunque reconoció que «pudo haber existido una diferencia legítima respecto a si se estaba cumpliendo su totalidad (del pago) o no», subrayó que los tribunales «consideraron que, en parte, tenía yo razón, y en parte, tenía razón a mi ex cónyuge».
Además, aseveró que el tema «se resolvió pacíficamente en el entorno de la familia, y entendiendo que ya la Justicia se pronunció sobre el particular, yo quisiera remitirme solo a ello».
La designación se da tras la renuncia de Matías Meza-Lopehandía este sábado.
El gobierno informó que el Presidente de la República, Gabriel Boric, nombró a Carlos Durán Migliardi como nuevo jefe de Gabinete de la Presidencia.
El nuevo nombramiento ocurre después de la renuncia al mismo cargo de Matías Meza-Lopehandía, en la misma jornada en que también renunció la ahora exministra de Justicia, Marcela Ríos.
De acuerdo a lo informado por el Ejecutivo, Durán es Doctor en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política y Máster en Ciencias Sociales por FLACSO México, sociólogo y licenciado en historia.
Especializado en el estudio del campo político chileno, se ha desempeñado como investigador y docente en distintas universidades del país, tales como la Universidad Católica Silva Henríquez, Universidad de los Lagos, Universidad de Chile, Universidad Alberto Hurtado, Universidad Central y la Universidad Diego Portales.
A eso se agrega que ha sido investigador y coinvestigador de diversos proyectos Fondecyt.
Además, el candidato a Fiscal Nacional aseguró que «Chile necesita una Fiscalía que sirve para el combate del crimen organizado». La votación se realizará a las 16:30 horas.
Este lunes el Senado definirá si la tercera propuesta del Presidente Gabriel Boric para Fiscal Nacional, Ángel Valencia, obtiene el respaldo para asumir el cargo.
Cabe señalar que la instancia de votación será cerca de las 16:30 horas y se requieren 33 escrutinios para su aprobación.
Ante esto el candidato enfatizó en condenar la corrupción y velar por la persecución y combate del crimen organizado.
«Perseguiremos los actos de corrupción con todas las herramientas que nos da la ley y sin diferencia alguna. Necesitamos que la ciudadanía retome la confianza en las instituciones, valore la democracia y sienta que la administración pública y el mercado, operan transparentemente y de manera proba. Es fundamental sancionar a quienes no respetan la ley», agregó Valencia.
De igual manera manifestó que, «Chile necesita una fiscalía que sirve para el combate del crimen organizado, para tiempos actuales, para la comunidad y para los más débiles y desfavorecidos».
Por otra parte, manifestó su acuerdo para un «intenso escrutinio» en cuanto a la postulación al cargo como Fiscal Nacional.
«Me parece justo que quien postule a un cargo como este, sea objeto de un intenso y severo escrutinio. Lejos está de mi intención pensar lo contrario», comentó el también abogado.
A su vez, se refirió a su eventual designación en el cargo. «Pueden contar con mi compromiso a dedicarme única y exclusivamente en dicha tarea. Pueden contar con mi compromiso más estricto por velar por la autonomía constitucional y política del Ministerio Público».
Finalmente, comentó: «Mi función en caso de ser aprobado, será verlar por las correctas aplicaciones de la ley y cumpliré con su obligación pase lo que pase, pese a quien pese y pise a quien pise».
La ministra Vallejo dijo que «esta desprolijidad tuvo consecuencias» y que «cuanto se cometen estas faltas hay que asumir las responsabilidades políticas lo más rápido posible».
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que el Ejecutivo atraviesa por «un momento bastante difícil» tras la desaprobación de 70% del Presidente Gabriel Boric en la última encuesta Cadem y luego de los indultos otorgados por el Mandatario.
La secretaria de Estado sostuvo que «creemos que las encuestas hay que mirarlas con atención, siempre lo hemos hecho. Es parte también de la tarea de ser Gobierno estar para los momentos difíciles y no solo para los más positivos».
«Esta desprolijidad que se cometió tuvo consecuencias, porque entendemos que cuanto se cometen estas faltas hay que asumir las responsabilidades políticas lo más rápido posible», agregó Vallejo.
Luego, la ministra secretaria general de Gobierno señaló que «lo que nos interesa es poder enfrentar los desafíos que nos ha planteado la ciudadanía con mayor fuerza y responsabilidad. En eso, la agenda de seguridad va a ser un tema importantísimo».
La última encuesta Plaza Pública de Cadem determinó que la desaprobación del jefe de Estado y se posiciona como la cifra más alta desde que asumió el cargo en marzo de 2022. A su vez, la aprobación disminuyó a un 27%.
Las cifras marcan un aumento de 9% en la desaprobación y una disminución de 3% en la aprobación, respecto a la consulta realizada el pasado 30 de diciembre de 2022.
Cientos de seguidores del ex Mandatario brasileño Jair Bolsonaro invadieron el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo, y la Corte Suprema, después de haber irrumpido antes en el Congreso Nacional.
Este domingo, el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decretó la intervención federal en el área de la seguridad de Brasilia, tras el caos provocado por miles de seguidores de Jair Bolsonaro.
El Mandatario, en un punto de prensa, señaló que los «vándalos» serán «encontrados y castigados», por los hechos «que no tienen precedente en la historia de nuestro país».
El mandatario calificó de «barbarie» los graves altercados vividos hoy en la capital brasileña. Agregó que los radicales han sido «estimulados» por el ex gobernante y que «pagarán con la fuerza de la ley» por los disturbios provocados.
«Vamos a descubrir a los financiadores» de esas protestas violentas, que «destruyeron todo lo que encontraron a su paso», indicó Lula, quien denunció fallos de seguridad por parte del Gobierno del Distrito Federal de Brasilia.
«La democracia garantiza el derecho de la libertad de expresión», pero «exige que las personas respeten las instituciones». Lula se encontraba este domingo en Araraquara, en el interior de Sao Paulo, para conocer los daños provocados por las fuertes lluvias de los últimos días en la región.
Más temprano, cientos de seguidores del ex Mandatario brasileño Jair Bolsonaro invadieron el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo, y la Corte Suprema, después de haber irrumpido antes en el Congreso Nacional en actos golpistas contra el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Los bolsonaristas radicales no reconocen la victoria en las urnas de Lula, quien en la segunda vuelta del 30 de octubre ganó con el 50,9 % de los votos válidos frente al 49,1 % de Bolsonaro.
