Según datos presentados en la querella, interpuesta por el abogado Matías Coll y su equipo liderado por Roberto Celedón, en el transcurso de los últimos diez años las isapres habrían percibido por concepto de “excesos de cotización” una cantidad que oscila entre los 630 y los 810 mil millones de pesos.

Una posible colusión entre las isapres que operan en el país se habría suscitado en el contexto de la primera administración de Sebastián Piñera, y -según sus denunciantes- representa un “fraude” por hasta 810 mil millones de pesos.

Los hechos apuntan a una política para beneficiar las arcas de las isapres a través del permanente incremento del precio de sus planes de salud, en desmedro de sus afiliados, denuncia el abogado Matías Coll del Río y su equipo liderado por Roberto Celedón.

Coll interpuso una querella criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra el ex superintendente de Salud, Luis Romero Strooy, y las Isapres Banmédica, Vida Tres, Consalud, Colmena, Nueva Más Vida y Cruz Blanca, por los delitos de apropiación indebida, administración desleal, delito informático y lavado de activos, ilícitos que se habrían generado entre octubre de 2011 a la fecha.

El recurso fue declarado admisible el 21 de octubre de 2021 por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago y remitida al Ministerio Público para su investigación. De hecho, los involucrados ya están siendo citados a declarar, entre ellos el exministro de Salud, Jaime Mañalich, señalan los querellantes.

El mecanismo

De acuerdo al detalle expuesto en el documento legal, Romero Strooy, superintendente de Salud nombrado por el expresidente Sebastián Piñera en julio del 2010 y actualmente gerente general de Isapre Nueva Más Vida S.A., junto al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, habría instruido a los directores y gerentes generales de todas las isapres, agrupadas en la Asociación de Isapres de Chile, “congelar” el precio por cambio de tramo etario establecido a partir de la tabla de factores de riesgo pactada en los contratos con sus afiliados.

La medida buscó contrarrestar los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional que, el 6 de agosto de 2010, declaró inconstitucionales las normas legales que permitían alzas exponenciales del precio de los planes de salud atendiendo razones de edad.

Simultánea y coincidentemente en el tiempo, todas las isapres acataron la instrucción del oficio ordinario enviado el 18 de marzo de 2011 por el ex superintendente, desatendiendo su obligación legal de reducir el factor de riesgo etario de sus beneficiarios, que en consecuencia implicaría una baja en los precios de los planes a los afiliados que correspondiera, señala la querella.

Sin embargo, en la práctica la modificación unilateral de los contratos de salud, establece la denuncia, afectó a cientos de miles de beneficiarios cuyos factores de riesgo debían reducirse al cumplir una determinada edad, añade el recurso.

“Estamos hablando principalmente de todos los niños y niñas que cumplieron dos, cinco o seis años de edad durante el periodo comprendido entre el año 2011 y 2020, pero también de todas las mujeres que en ese mismo lapso de tiempo cumplieron 38 o 40 años, cuyos factores de riesgo se debían reducir al salir de la edad considerada fértil, lo que debía traducirse en una reducción de la cotización que pagaban por sus planes de salud”, asegura el abogado patrocinante de la acción legal.

Respecto del detalle, la querella expone que las isapres alteraron el algoritmo o fórmula matemática que se emplea para calcular la cotización total a pagar, apropiándose de cotizaciones superiores a las pactadas durante una década.

Montos involucran entre 630 y 810 mil millones de pesos

Incluso, esta modificación en los contratos no fue comunicada por las isapres a los afectados, lo que debieron haber hecho  legalmente mediante las cartas de adecuación que estas envían cada año a sus afiliados para informarles sobre las alzas del precio base.

Paralelamente, señala el libelo, las isapres no declararon los excesos de cotización que percibieron en el curso de los últimos 10 años, como consecuencia del congelamiento de los factores de riesgo etarios y en su lugar que los registraron como “ingresos operacionales”.

De acuerdo a antecedentes contenidos en la querella, en el transcurso de la última década estas empresas habrían percibido, por concepto de “excesos de cotización”, una cantidad que oscila entre los 630 y los 810 mil millones de pesos. “Lo que de corroborarse, lo convertiría en el mayor fraude contable de la historia de nuestro país”, advierte Coll aludiendo a la envergadura de los hechos que está denunciando ante tribunales.

Atendiendo a esta situación, la querella solicita la realización de una auditoría contable a las isapres para establecer las sumas indebidamente apropiadas, además de individualizar a las víctimas que, según cálculos de los abogados querellantes, serían «centenares de miles de afiliados».

La carpeta investigativa del caso confirma que a la fecha se registran 11.213 afiliados que ya constataron la modificación unilateral de sus contratos y reclamaron formalmente por la no reducción de los factores etarios.