Ex senador PPD y líder centro izquierdista temuquense, argumenta las razones de su opción, en carta pública.
Señor director :
He participado en política desde niño de la mano de mi padre, al calor y cercanía de las poblaciones más modestas y vulnerables de nuestra Araucanía, quien me honró al elegirme cuatro veces como Diputado y después como Senador en el marco de una histórica y exitosa alianza política en el que fue mi partido, el PPD, con un indiscutido rol en la protección de la democracia. Hoy, luego de conocer a fondo el borrador de la CC, y con la convicción de reafirmar mi plena identificación con la Centro Izquierda para ser consecuente con la defensa de la democracia, he decidido no aprobar esta propuesta. Estoy seguro que podemos tener una nueva Constitución que nos represente, pero no ésta.
En el plebiscito aprobamos con un 78% de respaldo ciudadano para que los constituyentes hicieran un borrador de una nueva Carta Magna que permitiera superar la crisis institucional, social y política en que se encontraba el país. Votamos apruebo y esperábamos que la CC propusiera al país un camino que recogiera las demandas ciudadanas, principalmente en materia de Seguridad, Pensiones, Salud, Educación, Vivienda. Una Constitución que nos uniera y que fuese profundamente democrática, sin embargo, el borrador del texto propuesto es contradictorio con el mandato popular, el que aspiraba al menos los siguientes cambios :
Un reconocimiento a los pueblos originarios, pero no un Estado Plurinacional con Autonomías Territoriales Indígenas, que llegan a constituir un verdadero estatuto de ventajas frente al resto de los ciudadanos que no pertenecen a los pueblos indígenas.
Más y mejor democracia, pero no una dictadura parlamentaria sin contrapesos desvirtuando lo que en esencia es el sistema democrático.
Mejoras del Poder Judicial, pero no su politización ni desvirtuarlización de la igualdad ante la ley.
Queríamos descentralización efectiva del país, pero no un Estado Regional que incluyera Autonomías Territoriales de tales características que amenazan con una fragmentación institucional.
Más herramientas para enfrentar la inseguridad la violencia y el terrorismo , no obstante, se elimina la posibilidad de decretar el “Estado de Emergencia”, impidiendo restablecer el orden público.
Una Constitución que crease condiciones para generar más empleos y mejorar la calidad de vida de los chilenos y, sin embargo, vemos el debilitamiento de las posibilidades para la inversión y el emprendimiento.
En caso de elegir un Presidente de la República y equivocarnos, podemos corregirlo en cuatro años, pero si nos equivocamos en aprobar una Constitución nos condenamos por generaciones al tomar decisiones erradas.
En los llamados a “Aprobar para Reformar” se reconoce que la propuesta es deficiente y se quiere mejorar porque es defectuosa. Entonces, para qué aprobar algo que está mal?, lo consistente sería rechazar y hacer algo bien hecho!
Por lo expuesto anteriormente, es que los invito el próximo 4 de Septiembre a RECHAZAR la propuesta , con ESPERANZA para construir una NUEVA y BUENA CONSTITUCIÓN con el contenido del sentido común, la sensatez y la unidad de nuestra República, en la que de verdad podamos sentir que tenemos una Ley Madre que sea LA CASA DE TODOS.
Parlamentario por la Región de Los Lagos, se suma al clamor de las comunas y al drama por aislamiento climático de pequeños agricultores.
El diputado por el distrito, Héctor Barría Angulo, respaldó esta tarde las gestiones que realiza el alcalde de Fresia, Miguel Cárdenas Barría ante las autoridades regionales, para declarar a la comuna como zona de emergencia, ante las consecuentes negativas que está causando el frente de mal tiempo y que tiene en condición de aislamiento a numerosas familias del sector rural, situación que afecta sus niveles de producción para su propio sustento y comercialización, en tanto, se trata de vecinos en condición de vulnerabilidad, tal como también lo ha expresado las personas damnificadas, tal como también lo determinó el Consejo Regional que pidió ayuda para los afectados a las máximas autoridades regionales.
Alcalde de Fresia.
El parlamentario pide que las comunas de Fresia y Puerto Octay, por ejemplo, sean declaradas en “Estado de Emergencia Agrícola”, para ir en ayuda inmediata de los afectados, haciendo detección de necesidades básicas ante la condición de aislamiento, entrega de fertilizantes y forraje para los animales, entre otros, para mitigar el difícil momento que vive un número importante de familias.
Así lo expresa el diputado Barría, en vídeo que exhibimos a continuación.
En el acto de cierre el mandatario se tomó unos minutos para hacer un discurso, en el cual, además, firmó el decreto por el cual se convoca a plebiscito para el 4 de septiembre de este año.
Este lunes se llevó a cabo la ceremonia final de la Convención, instancia en la que el órgano le entregó la propuesta constitucional definitiva al presidente Gabriel Boric.
En el acto de cierre, el mandatario se tomó unos minutos para hacer un discurso, en el cual, además, firmó el decreto por el cual se convoca a plebiscito para el 4 de septiembre de este año.
«Ustedes, convencionales, han concluido la misión que le encomendó el pueblo de Chile en octubre del 2020. Ponerse de acuerdo en una propuesta de nueva Constitución que refleje los anhelos y esperanzas por una vida digna para todas y todos los habitantes de nuestro país«, dijo el presidente.
Refiriéndose a los convencionales, declaró que el trabajo «lo han sacado adelante pese todas las dificultades, aprobándola por más de 2/3 de los convencionales. Sé, y todo Chile está consciente, de que no ha sido fácil»
«Más allá de las legítimas diferencias que puedan existir sobre el contenido del texto sobre el cual se debatirá durante los siguientes meses, hay algo en lo que todos y todas tenemos que estar orgullosos: que en el momento de la crisis más profunda política, social, institucional que ha vivido nuestra patria en décadas, los chilenos y chilenas optamos por más democracia y no por menos«, aseveró.
Asimismo, mencionó que «el texto que hoy le entregan a Chile es el fruto de esa convicción profunda que marca el talante de nuestra república. Es mi deber hoy, como primer mandatario, al recibir esta propuesta, convocar a un referéndum constitucional. A eso he venido. Porque será nuevamente el pueblo quien tendrá la última palabra sobre su destino«.
«Hoy empezamos una nueva etapa. Se trata ahora de leer, estudiar y debatir la propuesta constitucional que hoy entregan al país y como Presidente de la Republica, tengo el deber de garantizar que cada uno de los ciudadanos de nuestro país podrá tomar una decisión libre y plenamente informada el próximo 4 de septiembre«, comentó.
Por último, recalcó que «los invito a que debatamos intensamente sobre los alcances del texto propuesto. Más no sobre falsedades, distorsiones o interpretaciones catastrofistas ajenas a la realidad«.
«Este proyecto de Constitución y el plebiscito que se desarrollará el 4 de septiembre no es ni debe ser un juicio al Gobierno. Es el debate sobre el futuro y el destino de Chile para las próximas cuatro, cinco décadas«, sentenció.
«ESTAMOS HABLANDO DE GARANTIZAR DERECHOS», señalo el Presidente.
El proyecto contempla ir en apoyo de las personas que requieran colaboración del Estado para acceder a una vivienda y cumplir con la entrega de 260 mil casas durante la actual administración.
El Presidente Gabriel Boric, junto al ministro de Vivienda Carlos Montes, lideraron la presentación del «Plan de Emergencia Habitacional», strategia del gobierno destinada a entregar apoyo a las personas que necesiten acceder a una vivienda y de cumplir con la entrega de 260 mil inmuebles a lo largo del país.
Durante su intervención, el Mandatario recalcó que este proyecto constituye «un cambio de paradigma» en la relación de la sociedad con el Estado en relación al acceso a la vivienda.
«Estamos hablando de garantizar derechos. Acá pobladoras y pobladores no nos están pidiendo un favor como autoridades del Estado. Nosotros no le estamos haciendo un favor. Estamos garantizando algo que debe der el derecho a todos los habitantes, que es tener una vivienda digna«, recalcó el Presidente.
Además, señaló que las autoridades de su gobierno «están empoderados para actuar» frente al urgente déficil habitacional que existe en el territorio nacional. «El diagnóstico está hace mucho rato y los pobladores lo tienen súper claro y están cansado que el Estado y sus integrantes vengan a repetirles las características del problema que ellos viven en carne propia», urgió durante la presentación del plan.
«Es momento que nosotros nos despleguemos hacia las soluciones, no reemplanzando a las y los pobladores, con el sector público y privado de la mano, para solucionar este gran desafío que nos puesto como gobierno«, recalcó el Presidente.
De acuerdo al Ejecutivo, este proyecto define objetivos y metas anuales por región y comuna, además de establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de sus avances, los que se reportarán periódicamente al Congreso.
Contando con siete claves que van desde la recuperación del rol del Estado en la planificación y gestión habitacional, el impulso de proyectos en todas las comunas del país y asegurar equipamiento social, robustercer el Banco de Suelo Público y diversificar las formas de acceso a la vivienda como la autogestión, las cooperativas y el impulso al arriendo a precio justo.
El legislador temuquense solicita que Cámara de Diputados conozca todos los antecedentes del porqué la aeronave aterrizó y permaneció en el país.
El avión pertenece a la empresa venezolana “Conviasa”, y según señaló el diputado habría realizado al menos seis viajes a territorio nacional.
El diputado de Renovación Nacional, Miguel Becker, solicitó a la Comisión de Defensa de la Cámara una sesión especial para revisar el motivo de varios vuelos entre Caracas y Santiago, de un avión ligado al Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), misma empresa a la que pertenece el avión que fue retenido en Argentina con tripulantes venezolanos e iraníes.
El avión retenido en argentina desde el pasado 8 de junio, corresponde a un Boeing 747-300 de la aerolínea venezolana Emtrasur, una compañía filial de la estatal Conviasa, y que previamente operó por 15 años para la compañía iraní Mahan.
Ambas compañías, tanto Conviasa como Mahan Air, se encuentran sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y Sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, siendo esta última acusada por Washington de prestar apoyo logístico a Al Quds, asociación que realiza operaciones en el extranjero de la Guardia Revolucionaria Iraní, y que es calificado como terrorista por Estados Unidos.
“Otro avión perteneciente a la misma empresa venezolana “Conviasa”, cuyo número de registro es el YV3533 y sobre el que recae la misma advertencia internacional con origen en Estados Unidos ha arribado a nuestro territorio nacional, proveniente de Caracas, durante ya al menos 6 oportunidades”, señala la carta enviada por el diputado RN.
Miguel Becker solicitó que a la sesión especial se cite a la ministra de Defensa Maya Fernández, y al subsecretario del Interior Manuel Monsalve, dado que los organismos que dirigen se vinculan con la supervisión de los aeropuertos y el tráfico aéreo.
Según se dio a conocer el avión de Conviasa aterrizó en Chile el pasado 23 de junio, y previo a su arribo es que se había enviado un oficio al Ministerio del Interior, y al Servicio Nacional de Aduana por su llegada.
Espinoza durante la mañana se comunicó con la dirigenta Nacional de los Asistentes de la Educación, Alejandra Aguilar, para entregar su respaldo a esta difícil situación y poner a disposición su equipo jurídico para asesoramiento legal a la familia para este lamentable hecho.
Osorno, 1 de julio de 2022.- El Senador PS por la Región de Los Lagos, Fidel Espinoza Sandoval, lamentó y condenó la muerte de Pamela Carrillo (43) Asistente de la Educación de la escuela Andrew Jackson, quien perdió la vida tras ser atacada de manera brutal en la comuna de Rio Negro.
El senador PS señaló que no deben fallecer más mujeres en el país ni en la región de Los Lagos producto a la violencia. “Nosotros consideramos que aquí es fundamental, que la justicia actúe drásticamente en este caso y todos aquellos en donde sean violentadas las mujeres”.
El parlamentario hizo un llamado a la comunidad a denunciar este tipo de acciones. “En nuestro país debemos avanzar en medidas más drásticas y fuertes que vayan en la línea de condenas ejemplificadoras a este tipo de actos y delitos” indicó.
“No pueden seguir ocurriendo situaciones como la de Río Negro, porque de una u otra manera no sólo afecta a la familia o cercanos, sino que, también recae en toda la comunidad”, puntualizó el congresista.
Para concluir, Espinoza explicó que trabajará arduamente desde el parlamento para actualizar y colocar como prioridad esta materia, con el objeto de condenar más drásticamente estos hechos.
Según indicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la propuesta «responde a la idea de un pacto fiscal que aporte al desarrollo del país, que ayude a modernizar el sistema tributario, que dé más justicia al sistema de impuestos y que sea eficiente tanto en lo que es la recaudación como en el uso de los recursos».
El secretario de Estado dijo además que la reforma buscará generar recursos para «financiar buena parte de la agenda de derechos sociales, diversificación productiva y descentralización», pero que paralelamente pretende «mejorar el sistema tributario».
Los objetivos, añadió el titular de la cartera, inician con una meta de recaudar 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en un plazo de cuatro años.
8 principios
Posteriormente, el ministro Marcel detalló que su proyecto de reforma tributaria se sustenta en ocho principios surgidos desde el «proceso de diálogos sociales desarrollados en encuentros ciudadanos en cada región» junto con la opinión de más de 75 expertos.
Dichos principios son los siguientes:
Progresividad y equidad. Que cada persona pague los impuestos que corresponden en función a su posición económica, que dos rentas similares tengan tratamiento tributario similar y exista equidad territorial
Transparencia y eficiencia. La ciudadanía debe conocer el origen y destino de los recursos recaudados. El Estado debe hacer un bueno uso de ellos
Compromiso con el cumplimiento tributario. Debe existir un pago íntegro y oportuno de los impuestos dentro del marco y espíritu de las leyes tributarias
Simplicidad. El sistema debe facilitar el proceso y entendimiento de las obligaciones tributarias
Educación y asistencia al contribuyente. La ciudadanía debe estar informada y recibir orientación sobre el pago de impuestos
Corresponsabilidad. El sistema tributario contiene obligaciones para todos los actores, lo que se traduce en la formalización de beneficios y deberes
Estabilidad y certeza. Se deben evitar movimientos o interpretaciones contradictorias dentro de períodos breves
Adaptabilidad. Considerar la evidencia nacional e internacional para el diseño de nuevos impuestos que ayuden a enfrentar los nuevos desafíos
Tributación de las personas y «justicia tributaria»
Esta iniciativa, añadió Marcel, se basa en un «componente estructural de la agenda de transformaciones de largo plazo del Presidente Boric» y lo que se propune es «financiar responsablemente cambios necesarios para que el país de un nuevo salto al desarrollo. Dicho salto requiere que el Estado cuente con los recursos necesarios para expandir los derechos sociales, promover la diversificación productiva, proteger el medio ambiente y dar seguridad a la ciudadanía».
El componente de tributación de las personas, detalló el titular de Hacienda, se usará para financiar «la ampliación de derechos sociales como salud, pensiones y la ampliación del sistema nacional de cuidados. Mientras tanto, los recursos que se obtengan por la limitación de exenciones, reducción de la evasión y la elusión tienen por objeto contribuir a la inversión en diversificación productiva e innovación, para lo que el Royalty también cumple un rol esencial. Parte de los recursos del Royalty y la recaudación por impuestos correctivos será utilizada para apoyar el proceso de descentralización, aumentando los recursos a las regiones. Todo esto, bajo una política fiscal responsable, transparente y eficiente».
Junto con ello, el ministro puntualizó que la reforma persigue «avanzar en justicia tributaria, elevando el aporte del 3% de mayores ingresos, mientras que el 97% restante no verá alzas de impuestos».
Otros objetivos que destacó Marcel fueron el simplificar y reducir horas de cumplimiento tributario, «lo que se logra al reestructurar el impuesto a la renta avanzando hacia un sistema semi dual fácil de administrar; e incentivar la inversión en actividades que aumentan la productividad de empresas y la economía en general».
Beneficios para la clase media
Según explicó el Gobierno, la reforma contempla nuevos beneficios para la clase media, al «reconocer algunos gastos imprescindibles» que deben efectuar las familias.
Se contemplan dos casos en que las personas naturales podrán efectuar deducciones de su base imponible de impuesto personal: el gasto por arriendo con un tope de 8 UTA ($450.000 al mes); y el gasto asociado al cuidado de menores de 2 años y personas con grados de dependencia severa, con un tope de 10 UTA ($550.000 al mes).
Impuesto a la riqueza
Respecto al impuesto a la riqueza, dijo el secretario de Estado, se consideraron tres elementos para su implementación.
A partir de ellos, se propone un impuesto a la riqueza al cual quedan sujetas las personas naturales con domicilio o residencia en Chile, por su patrimonio, tanto en Chile como en el extranjero, que exceda de 5 millones de dólares.
Que se aplique a un número muy reducido de contribuyentes evitando afectar a sectores medios y facilitando la labor de fiscalización del SII.
Que no existan exenciones de bienes para evitar la erosión de la base imponible.
Que existan reglas claras y simples para la valoración del patrimonio, facilitando su determinación.
Concretamente, se buscará modificar las exenciones que mantienen los fondos de inversión. Los fondos de inversión privados serán contribuyentes del IDPC, «salvo aquellos que inviertan en capital de riesgo». Por su parte, los fondos de inversión públicos mantendrán la exención de IDPC, «pero la distribución de dividendos hacia personas jurídicas será gravada con IDPC, y se modifica la tributación de los aportantes no residentes quienes pasarán a tributar según las reglas generales».
Además, se modificarán algunos beneficios tributarios como el de renta presunta que se limitará a las y los micro empresarios con ingresos hasta 2.400 UF con un proceso de transición gradual. También se podrá optar a la exención por el pago de intereses hipotecarios por un solo crédito; se limitará el uso de pérdidas de la renta líquida imponible hasta un 50%; y se restringirá el gasto deducible por parte de las personas a un máximo de 23 UTA ($15.500.000).
Indicaciones al Royalty
Según explicó el ministro Marcel, se introducirán indicaciones al proyecto de Royalty, a modo de establecer un nuevo régimen para la gran minería del cobre: aquellas con una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino.
Este impuesto tendrá dos componentes: uno ad Valorem, que oscilará entre tasas efectivas entre 1% y 2% para los productores entre 50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF), y entre 1% 4% para aquellos con más de 200.000 TMCF; y otro sobre la renta minera, con tasas de entre 2% y 32% sobre la rentabilidad operacional, para precios del cobre entre dos y cinco dólares la libra. «En ambos casos se establecen tasas que consideran el precio del cobre», detalló el Ejecutivo.
Finalmente, el Gobierno declaró que el diseño de Royalty «mantiene los incentivos a la inversión que permitirán seguir desarrollando el sector minero, considerando tasas de retorno sobre patrimonio (ROE) que se encuentran, en todo momento, por sobre los límites que las compañías consideran a la hora de tomar sus decisiones de inversión».
El Gobierno presentó su propuesta para una reforma tributaria, uno de los anuncios más emblemáticos de la agenda del Ejecutivo.
Según indicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la propuesta «responde a la idea de un pacto fiscal que aporte al desarrollo del país, que ayude a modernizar el sistema tributario, que dé más justicia al sistema de impuestos y que sea eficiente tanto en lo que es la recaudación como en el uso de los recursos».
El secretario de Estado dijo además que la reforma buscará generar recursos para «financiar buena parte de la agenda de derechos sociales, diversificación productiva y descentralización», pero que paralelamente pretende «mejorar el sistema tributario».
Los objetivos, añadió el titular de la cartera, inician con una meta de recaudar 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en un plazo de cuatro años.
8 principios
Posteriormente, el ministro Marcel detalló que su proyecto de reforma tributaria se sustenta en ocho principios surgidos desde el «proceso de diálogos sociales desarrollados en encuentros ciudadanos en cada región» junto con la opinión de más de 75 expertos.
Dichos principios son los siguientes:
Progresividad y equidad. Que cada persona pague los impuestos que corresponden en función a su posición económica, que dos rentas similares tengan tratamiento tributario similar y exista equidad territorial
Transparencia y eficiencia. La ciudadanía debe conocer el origen y destino de los recursos recaudados. El Estado debe hacer un bueno uso de ellos
Compromiso con el cumplimiento tributario. Debe existir un pago íntegro y oportuno de los impuestos dentro del marco y espíritu de las leyes tributarias
Simplicidad. El sistema debe facilitar el proceso y entendimiento de las obligaciones tributarias
Educación y asistencia al contribuyente. La ciudadanía debe estar informada y recibir orientación sobre el pago de impuestos
Corresponsabilidad. El sistema tributario contiene obligaciones para todos los actores, lo que se traduce en la formalización de beneficios y deberes
Estabilidad y certeza. Se deben evitar movimientos o interpretaciones contradictorias dentro de períodos breves
Adaptabilidad. Considerar la evidencia nacional e internacional para el diseño de nuevos impuestos que ayuden a enfrentar los nuevos desafíos
Tributación de las personas y «justicia tributaria»
Esta iniciativa, añadió Marcel, se basa en un «componente estructural de la agenda de transformaciones de largo plazo del Presidente Boric» y lo que se propune es «financiar responsablemente cambios necesarios para que el país de un nuevo salto al desarrollo. Dicho salto requiere que el Estado cuente con los recursos necesarios para expandir los derechos sociales, promover la diversificación productiva, proteger el medio ambiente y dar seguridad a la ciudadanía».
El componente de tributación de las personas, detalló el titular de Hacienda, se usará para financiar «la ampliación de derechos sociales como salud, pensiones y la ampliación del sistema nacional de cuidados. Mientras tanto, los recursos que se obtengan por la limitación de exenciones, reducción de la evasión y la elusión tienen por objeto contribuir a la inversión en diversificación productiva e innovación, para lo que el Royalty también cumple un rol esencial. Parte de los recursos del Royalty y la recaudación por impuestos correctivos será utilizada para apoyar el proceso de descentralización, aumentando los recursos a las regiones. Todo esto, bajo una política fiscal responsable, transparente y eficiente».
Junto con ello, el ministro puntualizó que la reforma persigue «avanzar en justicia tributaria, elevando el aporte del 3% de mayores ingresos, mientras que el 97% restante no verá alzas de impuestos».
Otros objetivos que destacó Marcel fueron el simplificar y reducir horas de cumplimiento tributario, «lo que se logra al reestructurar el impuesto a la renta avanzando hacia un sistema semi dual fácil de administrar; e incentivar la inversión en actividades que aumentan la productividad de empresas y la economía en general».
Beneficios para la clase media
Según explicó el Gobierno, la reforma contempla nuevos beneficios para la clase media, al «reconocer algunos gastos imprescindibles» que deben efectuar las familias.
Se contemplan dos casos en que las personas naturales podrán efectuar deducciones de su base imponible de impuesto personal: el gasto por arriendo con un tope de 8 UTA ($450.000 al mes); y el gasto asociado al cuidado de menores de 2 años y personas con grados de dependencia severa, con un tope de 10 UTA ($550.000 al mes).
Impuesto a la riqueza
Respecto al impuesto a la riqueza, dijo el secretario de Estado, se consideraron tres elementos para su implementación.
A partir de ellos, se propone un impuesto a la riqueza al cual quedan sujetas las personas naturales con domicilio o residencia en Chile, por su patrimonio, tanto en Chile como en el extranjero, que exceda de 5 millones de dólares.
Que se aplique a un número muy reducido de contribuyentes evitando afectar a sectores medios y facilitando la labor de fiscalización del SII.
Que no existan exenciones de bienes para evitar la erosión de la base imponible.
Que existan reglas claras y simples para la valoración del patrimonio, facilitando su determinación.
Concretamente, se buscará modificar las exenciones que mantienen los fondos de inversión. Los fondos de inversión privados serán contribuyentes del IDPC, «salvo aquellos que inviertan en capital de riesgo». Por su parte, los fondos de inversión públicos mantendrán la exención de IDPC, «pero la distribución de dividendos hacia personas jurídicas será gravada con IDPC, y se modifica la tributación de los aportantes no residentes quienes pasarán a tributar según las reglas generales».
Además, se modificarán algunos beneficios tributarios como el de renta presunta que se limitará a las y los micro empresarios con ingresos hasta 2.400 UF con un proceso de transición gradual. También se podrá optar a la exención por el pago de intereses hipotecarios por un solo crédito; se limitará el uso de pérdidas de la renta líquida imponible hasta un 50%; y se restringirá el gasto deducible por parte de las personas a un máximo de 23 UTA ($15.500.000).
Indicaciones al Royalty
Según explicó el ministro Marcel, se introducirán indicaciones al proyecto de Royalty, a modo de establecer un nuevo régimen para la gran minería del cobre: aquellas con una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino.
Este impuesto tendrá dos componentes: uno ad Valorem, que oscilará entre tasas efectivas entre 1% y 2% para los productores entre 50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF), y entre 1% 4% para aquellos con más de 200.000 TMCF; y otro sobre la renta minera, con tasas de entre 2% y 32% sobre la rentabilidad operacional, para precios del cobre entre dos y cinco dólares la libra. «En ambos casos se establecen tasas que consideran el precio del cobre», detalló el Ejecutivo.
Finalmente, el Gobierno declaró que el diseño de Royalty «mantiene los incentivos a la inversión que permitirán seguir desarrollando el sector minero, considerando tasas de retorno sobre patrimonio (ROE) que se encuentran, en todo momento, por sobre los límites que las compañías consideran a la hora de tomar sus decisiones de inversión».
Según expone el representante del distrito 11, además de las sugerencias de la Secretaría, la Mesa puso en votación la modificación de un inciso que reemplaza el concepto «los pueblos y naciones preexistentes al Estado» por «los pueblos y naciones indígenas».
Durante la tarde de este jueves, a cuatro días de la ceremonia final de entrega de la propuesta de nueva Constitución, el convencional Hernán Larraín acusó mediante un comunicado que la Mesa Directiva de la Convención Constitucional modificó el texto “sin respetar la voz del pleno“.
“En un acto abusivo y antirreglamentario, la Mesa Directiva de la Convención Constitucional modificó hoy el texto constitucional sin respetar la voz del Pleno“, comenzó señalando el convencional de Vamos por Chile.
En el contexto del cierre del proceso, “la Secretaría Técnica propuso una serie de modificaciones a la propuesta para la ordenación final del texto que resulte una vez concluidas las votaciones en el Pleno, particularmente de las referencias y remisiones normativas, como lo establece el Protocolo que se aprobó para tal efecto“.
Sin embargo, según expone el abogado representante del distrito 11, además de las sugerencias de la Secretaría, “la Mesa Directiva puso en votación la modificación del inciso segundo del artículo 191 del texto definitivo sobre la consulta indígena con consentimiento, lo que fue aprobado por ocho votos a favor y con mi voto en contra“.
“Los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultadas y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución”, indica el texto aprobado.
Asimismo, el texto modificado por la Mesa señalaría que “los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados o otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución”.
En síntesis, según Larraín, donde dice “2. Los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán…”, el nuevo texto precisa: “2. Los pueblos y naciones indígenas deberán…”
“Es complejo anticipar las consecuencias interpretativas, el sentido y alcance de esta modificación. De lo que hay certeza, es que la Mesa modificó el texto sin tener las facultades para eso. Espero que sean muchos los convencionales que transversalmente soliciten a la Mesa que deje sin efecto esta modificación“.
En un acto abusivo y antirreglamentario, la Mesa directiva de la @convencioncl modificó hoy el texto constitucional sin respetar la voz del Pleno.
Comparto Declaración pública para denunciarlo y revertir esta grave situación. pic.twitter.com/9wykW4w457
Por su parte, la convencional del Partido Comunista y una de las vicepresidentas adjuntas, Bárbara Sepúlveda, señaló que ésta polémica, ha sido la más “superficial y decepcionante”.
“Hernán, honestamente, esta es tu polémica más superficial y decepcionante. Lo único que hicimos fue estandarizar la nomenclatura para que quedara coherente con el lenguaje claro y el mismo concepto que se usó en toda la Constitución. Gana debatiendo, no con polémicas baratas”, señaló la convencional en sus redes sociales.
Hernán, honestamente, esta es tu polémica más superficial y decepcionante. Lo único que hicimos fue estandarizar la nomenclatura para que quedara coherente con el lenguaje claro y el mismo concepto que se usó en toda la Constitución. Gana debatiendo, no con polémicas baratas.
— Bárbara Sepúlveda Hales (@BSepulvedaHales) July 1, 2022
• Autoridades del Minvu junto a la Municipalidad definieron el corte total del tránsito vehicular a partir de este sábado 2 de julio, como una medida de precaución por un socavón en la intersección con Padre Harter. Trabajos estarán detenidos por al menos dos meses, mientras se ejecutan las obras de un colector de aguas lluvia, además de levantar muros de contención.
Un socavón de aproximadamente 8 metros de longitud es la principal causa de la suspensión del tránsito vehicular en las obras de ampliación de Avenida Ejército de Puerto Montt, a partir de este sábado 2 de julio. El socavón bajo el pavimento de la intersección de calles Ejército y Padre Harter motivó que, por sugerencia del consultor encargado del diseño de la obra, se resuelva suspender totalmente el tránsito vehicular por la vía habilitada de subida. A ello se sumó el potencial riesgo de derrumbe por vibración, dado el inesperado alto tráfico que registra esta arteria, aun cuando se trata de una sola pista de subida.
La disposición se tomó luego de que se reunieran los equipos técnicos del SERVIU junto al Seremi Minvu, el alcalde Gervoy Paredes y profesionales de la Dirección de Tránsito y Seremi de Transportes, además de la constructora a cargo de los trabajos. En dicho encuentro se analizó el alcance de esta definición y la urgencia con que se debe actuar, ya que se trata de un tema de seguridad vial que no es posible soslayar.
El corte de tránsito se extendería inicialmente por dos meses, periodo en el que se ejecutarán las obras tanto del colector necesario para subsanar el socavón generado por acción de aguas lluvia, como también ejecutar los muros de contención necesarios para construir obra definitiva. “Los trabajos en el sector dieron cuenta de un socavón de unos 8 metros, generado por la ausencia de un colector de aguas lluvia que debería conducir el agua de Ejército hasta el colector de calle Los Leones. Subsanar este inconveniente requiere de una intervención mayor, por lo tanto, se ha definido suspender el tránsito completamente, de forma tal que los trabajos se ejecuten con la mayor agilidad posible y se pueda restaurar el flujo vehicular”, explicó el director regional (s) del SERVIU, Alvaro Valenzuela.
El seremi del Minvu, Fabián Nail, indicó, además, que los desvíos se materializarán por las vías conectoras existentes entre la segunda y tercera terrazas. “Entendemos la importancia de la cuesta Ejército para conectarse con Presidente Ibáñez, no obstante, debe primar la seguridad de todos. En este sentido, seguirán como alternativas las cuestas Santa Teresa y O`Higgins, además del viaducto y avenida Salvador Allende. Sin duda, los tiempos de traslado y los recorridos de la locomoción colectiva se verán alterados, pero es por un periodo acotado que redundará en la concreción de una nueva avenida Ejército, con cuatro pistas en toda su extensión y un alto estándar de seguridad que mejorará la calidad de vida de toda la ciudadanía”, sostuvo Nail.
Las obras iniciadas en diciembre de 2021 implican una inversión del Minvu de 8.500 millones de pesos, las que permitirán contar con dos pistas por sentido entre las calles Seminario y Ramón Yuraszeck. El proyecto considera una extensión aproximada de 1.440 metros, con la construcción de doble calzada de hormigón de 18 cms. de espesor (23.128 m2), aceras de hormigón (9.671 m2), solución de aguas lluvias, modificación de servicios, desvíos de tránsito, señalética y demarcación, semaforización y sincronismo, sumado a un proyecto de estructuras que considera muros de contención y una pasarela peatonal por sobre Avenida Ejército para unir los sectores Lago Chapo y La Colina. Además, incorpora ciclovía en el tramo entre Padre Harter y Ramón Yuraszeck. El contrato de estos trabajos fue adjudicado vía licitación pública a la Constructora Hurtado.
«No existen las garantías mínimas de seguridad y abunda la desesperanza. Son cientos las familias afectadas que solo quieren paz, pero hoy no es posible», dijo el presidente de la CPC.
Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) emitió un duro mensaje respecto a la violencia registrada en la macrozona sur, aseverando que ahí operan «organizaciones criminales ejercen la dictadura y el terror».
De acuerdo a lo señalado por el empresario, en el marco del encuentro Enela 2022, la seguridad implica «una agudización de un problema crítico, donde organizaciones criminales con poder de fuego y narcotráfico ejercen la dictadura y el terror».
«Son cientos los afectados que solo quieren paz para ellos y sus familias, sin embargo, esto hoy no es posible. No existen las garantías mínimas de seguridad y abunda la desesperanza», prosiguió.
El líder empresarial mostró su «empatía» con «las familias de La Araucanía, sé que debemos enfrentar un clima de permanente incertidumbre, amenaza y temor».
Asimismo, añadió que «el Estado de Derecho está superado y la justicia no funciona, pero ha que redoblar esfuerzos. No doblegarnos y menos callar ante estos hechos».
Junto con narrar el aumento de ataques incendiarios en el Biobío, La Araucanía y Los Ríos, Sutil lamentó «los graves y dolorosos 15 homicidios en solo seis meses del 2022, sumando 44 desde el 2018. Cada uno es una tragedia para las familias, ¡basta ya! Vamos a las soluciones».
Igualmente, pidió «medidas legislativas que permitan elevar las penas, modernizar la inteligencia, más facultades a policías y resolver termas territoriales pendientes».
«El Presidente de la República debe garantizar la paz de todos los chilenos, las herramientas están y debemos actuar con determinación», concluyó.
