Chile merece una Constitución que suscite consenso y como ninguno de los dos textos que puedan resultar del plebiscito está en condiciones de lograrlo, el desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una Constitución que interprete a la mayoría de chilenos y chilenas.
La Constitución se ha definido como la ley de las leyes. De acuerdo a sus disposiciones se conforman las instituciones del Estado para funcionar legítimamente y es ella la que establece como interactúan esas instituciones en un sistema democrático, definiendo quién, cómo y con qué límites se puede ejercer el poder político. De allí que esas reglas deban adoptarse en un proceso democrático y transparente.
Este conjunto de normas, definido por constituyentes elegidos democráticamente, determina el pacto social en el que la ciudadanía acuerda una forma de gobierno y de orden social, lo que dota a la Constitución de legitimidad en su origen. Las constituciones necesitan de general aceptación y a sus reglas acudimos para salvar nuestras diferencias. Una constitución no puede ser partisana. Sólo así, discutiendo dentro de la Constitución y no acerca de ella, los países cambian en el marco de una razonable estabilidad.
El proceso constituyente en el que hoy estamos embarcados no terminará el 5 de septiembre, al día siguiente de que sepamos el resultado del plebiscito de salida, porque las dos alternativas en juego están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana.
La Constitución vigente tampoco logra concitar ese apoyo, pues se utilizó el poder de veto de sectores partidarios del Estado ausente o subsidiario cada vez que se buscó reformarla.
Chile necesita y merece una Constitución que suscite consenso y que, más temprano que tarde, nos permita dejar de debatir acerca de ella para convivir dentro de ella. Y porque ninguno de los dos textos que puedan resultar del plebiscito del 4 de septiembre está en condiciones de lograrlo, estoy convencido de que el desafío político relevante es encontrar la manera de abordar la continuidad del debate constitucional hasta alcanzar un texto capaz de concitar un alto grado de aceptación ciudadana. Corresponderá a las máximas autoridades del país conducir ese proceso.
Si gana el apruebo, se debe abrir el debate para incorporar mejoras en el texto. Si gana el rechazo, lo logrado por la Asamblea Constituyente no podrá dejarse de lado, pues hay elementos muy rescatables en su propuesta, que debieran ser incluidos en cualquier Constitución que se escriba en el futuro. Al día siguiente del plebiscito de salida, el trabajo se debe concentrar en incorporar los diferentes puntos de vista de todos los sectores.
En caso de que gane el rechazo habría que rebajar el quórum para reformas constitucionales; eliminar las leyes orgánicas constitucionales y de quórum calificado y suprimir el control preventivo de oficio y del Tribunal Constitucional; poner término a los vestigios de Estado subsidiario que permanecen en la Carta Fundamental actual y consagrar el Estado social y democrático de derechos; incorporar derechos económicos y sociales, siguiendo sustancialmente la propuesta de la Convención; asegurar la igualdad entre el hombre y la mujer; reconocer a los pueblos originarios, respetando y valorando sus tradiciones, idioma y cosmovisión y reconociéndoles un ámbito de razonable autonomía. Habrá también que seguir muy de cerca las propuestas de la Convención en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente. Debiéramos también, como ha hecho la Convención, reconocer los derechos de las minorías sexuales; de los adultos mayores; de las personas con discapacidad y de los niños, niñas y adolescentes.
De triunfar el apruebo, en cambio, habría que devolver el nombre del Poder Judicial equivalente a los otros dos poderes Legislativo y Ejecutivo a sus temas de administración de justicia y cambiar la integración y las facultades del Consejo de la Justicia; eliminar la iniciativa parlamentaria en las leyes de concurrencia presidencial; reformar el sistema político regulando a los partidos y sentando las bases del sistema electoral; revisar a fondo el rol del Presidente de la República y del llamado bicameralismo asimétrico; corregir el diseño del Estado Regional, especialmente en fuentes de financiamiento y autonomía presupuestaria y revisar el exceso de organismos autónomos a nivel constitucional, que perfectamente pueden ser regulados a nivel legal.
El desafío por venir consistirá en construir una buena Constitución que nos una, a partir del texto que resulte vencedor. Tengo la convicción que ese es el gran desafío que deberán enfrentar, en un par de meses, las fuerzas políticas y que el Presidente de la República tiene el deber de liderar. A ello contribuiré en lo que se encuentre a mi alcance. La tarea presente, en consecuencia, es comenzar a preparar ese camino y no dejar que el ambiente de campaña lo entorpezca.
Como otras veces en nuestra historia, Chile podrá hablar con una sola voz interpretando a la inmensa mayoría de chilenas y chilenos, que esperan de este ejercicio un país unido en su carta constitucional para el Siglo XXI.
