También considera que se necesita concertar esfuerzos para abordar los problemas derivados de la falta de independencia judicial y la interferencia de los actores políticos en el sistema de justicia. Venezuela, por su parte, rechaza “con la mayor determinación” esta Misión, que “pretende erosionar la soberanía y la autodeterminación” del país.
La presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela considera que las investigaciones nacionales sobre derechos humanos son de “alcance limitado” y que, cuando se efectúan, se dirigen contra los “autores materiales de bajo nivel”.
Durante una actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos, Marta Valiñas dijo que por ese motivo la misión ampliará el campo de sus actuales investigaciones a los responsables más altos dentro de la cadena de mando y continuará “explorando los intereses que pudieron haber concurrido como motivación de estas violaciones y delitos”.
Como ejemplo, la experta citó la condena a dos oficiales de inteligencia militar a 30 años de prisión por los delitos de tortura y homicidio con alevosía por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo.
Independencia judicial
A continuación, indicó que son necesarios “esfuerzos concertados para abordar los problemas estructurales derivados de la falta de independencia judicial y la interferencia de los actores políticos en el sistema de justicia”.
Pese al anuncio de la Asamblea Nacional que conducir “un paquete de reformas” relacionadas con el sistema judicial a partir del mes de agosto del año pasado, la experta consideró que “una reforma legal, por sí sola, es insuficiente si no se implementa de modo adecuado”.
Entre las reformas aplicadas, registró “algunos avances positivos” en los casos investigados por la Misión, aunque recordó que todavía “hay decenas de personas que llevan más de tres años detenidas sin juicio”, una cifra “muy por encima de los límites impuestos tanto por la ley anterior como por la reformada”.
Como parte del paquete también mencionó la adopción de una ley que condujo a la creación de una Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos.
El decreto, que todavía no ha entrado en vigor, otorga poderes limitados a la Comisión para supervisar investigaciones y formular recomendaciones. Además, la Asamblea Nacional es la encargada de nombrar a los siete miembros de la Comisión, una situación que pone en peligro su independencia respecto de los actores políticos.
Selección de magistrados
Pese a la preocupación notificada en su último informe por la influencia política en la selección de jueces y las reformas aprobadas en enero por la Asamblea Nacional a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Valiñas indicó que “lamentablemente”, algunas de ellas “no solo no reducen, sino que aumentan, la influencia política sobre el Poder Judicial”.
La Misión también se mostró “profundamente preocupada” por el artículo de la reforma según el cual los actuales magistrados del Tribunal Supremo “pueden volver a postularse conforme al nuevo proceso de selección anunciado”, una circunstancia que “les permitiría seguir ejerciendo sus funciones a pesar de haber superado el plazo máximo de 12 años estipulado en la Constitución”.
Del mismo modo, explicó que el plan anunciado por el fiscal general para tratar el nombramiento de fiscales provisionales “puede ser un paso en la dirección correcta si se aplica adecuadamente”, pero destacó que “sólo afecta a fiscales en funciones y no adopta medidas para garantizar que el acceso a la carrera fiscal se determine mediante un concurso público”.
Venezuela rechaza la Misión
El representante permanente de Venezuela inició su exposición destacando que la Misión se recordará en el futuro “como una experiencia sumamente exitosa para despilfarrar dinero en medio de una crisis mundial, y también para formar especialistas en leer periódicos y toda fuente secundaria de la que extraen alegaciones y conclusiones impertinentes sobre mi país para complacer a la hegemonía mediática transnacional”.
Hector Constant Rosales señaló que tanto la actualización de hoy como los pasados informes carecen de seriedad y las calificó de “fábrica de innumerables falsedades, medias verdades y ‘fake news’ en contra mi país”.
Añadió que “su contenido, refrendado por una Misión fantasma y elaborado de manera remota, carece de rigor científico y metodológico en el tratamiento de la información, y es claramente politizado, parcializado y selectivo”.
El embajador explicó que, si la Misión tuviera algún interés en apoyar los derechos humanos del pueblo venezolano, “debería donar sus recursos financieros para que importemos bienes de primera necesidad que las criminales medidas ilegales coercitivas, que ellos mismos legitiman y provocan, nos impiden adquirir”.
Finalmente, rechazó “con la mayor determinación” a la Misión que indicó “pretende erosionar la soberanía y la autodeterminación de Venezuela”.
“Jamás aceptaremos la injerencia o intervención de ningún mecanismo inquisidor contra nuestra Patria. En Venezuela se disfrutan plenamente todos los derechos humanos. Las libertades democráticas se ejercen día a día de conformidad con la Constitución y la ley y cualquier violación cometida es sancionada sin distinción alguna”, resaltó.
