La desaprobación al Presidente José Antonio Kast alcanzó un 52%, según los resultados de la última encuesta Criteria, cifra que representa un aumento de cinco puntos porcentuales respecto de la medición anterior y se transforma en uno de los niveles más altos registrados durante su administración.
En contraste, la aprobación presidencial experimentó una leve caída de un punto porcentual, situándose en 39%. De esta forma, la brecha entre aprobación y desaprobación se amplía a 13 puntos.
La encuesta también muestra un deterioro en la percepción respecto del manejo de la situación de emergencia que enfrenta el país. Un 46% de los consultados considera que el Gobierno está tomando un rumbo incorrecto, cifra que aumenta seis puntos en comparación con la semana anterior. Por su parte, quienes estiman que la conducción ha sido correcta disminuyen a un 36%.
En materia de gabinete, el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, aparece como la autoridad que más aumentó su nivel de conocimiento entre la ciudadanía, pasando de 30% a 56%. Además, lidera la evaluación positiva del gabinete con un 56% de aprobación.
Entre los ministros mejor evaluados también figuran May Chomalí e Iván Poduje, ambos con un 55% de respaldo. En el extremo opuesto aparecen Ximena Rincón y Jorge Quiroz, quienes registran las evaluaciones más bajas entre los secretarios de Estado con mayor nivel de conocimiento público.
La medición también abordó la percepción sobre la Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, cuyo respaldo muestra una caída significativa. Un 38% considera que sus efectos serán positivos para el país, siete puntos menos que en la medición anterior, mientras que la evaluación negativa aumenta hasta un 36%.
Asimismo, un 49% de los encuestados estima que los principales beneficiarios de esta iniciativa serán los sectores de mayores ingresos, alcanzando el nivel más alto registrado en las últimas cinco semanas.
Respecto de los recientes cobros de la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE), un 48% se manifestó a favor de que el Estado exija el pago de las obligaciones pendientes, mientras que un 28% expresó su desacuerdo. Además, un 57% considera que los anuncios sobre una eventual condonación incentivaron a algunas personas a dejar de pagar sus cuotas.
En cuanto al levantamiento del secreto bancario como herramienta para investigar delitos graves, la mayoría de los encuestados respaldó su utilización bajo ciertas condiciones. Un 56% considera que debe existir autorización judicial previa, aunque un 49% manifestó preocupación por eventuales efectos sobre la privacidad de personas inocentes.
Los resultados reflejan un escenario complejo para el Ejecutivo, marcado por una caída en los niveles de respaldo presidencial, un aumento de las críticas a la gestión gubernamental y una evaluación más dividida respecto de algunas de las principales iniciativas impulsadas por la administración de José Antonio Kast.
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