Por Liliana Cortés, directora social nacional Hogar de Cristo
Sin señales, no se puede avanzar. Hace cinco meses, la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara despachó el Proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, una iniciativa que se tramita desde el año 2020 y que, con este hito, daba un paso fundamental para su aprobación.
La propuesta es relevante, sobre todo para anticiparnos al fenómeno que ya está entre nosotros: en 2050, el 30% de la población tendrá más de 60 años. Establece las obligaciones del Estado para dar cumplimiento a los derechos de las personas mayores que han sido acordados en tratados internacionales; fija procedimientos y obligaciones para el acceso a la justicia; y entrega facultades al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) para fortalecer la institucionalidad en ese nivel, entre otras importantes medidas.
Pese a lo crucial de la normativa para asegurar una base jurídica que resguarde los derechos de los mayores, el proyecto parece haber entrado a un congelador que pone en riesgo su promulgación.
Desde agosto a la fecha, la propuesta se encuentra en la Comisión de Hacienda, teniendo como único movimiento el rechazo de la Sala para que fuera enviado a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Es decir, han pasado meses donde apenas se ha discutido un tema procedimental de la tramitación.
Mediáticamente, el único proyecto en el ámbito de las personas mayores que tiene protagonismo es la reforma a las pensiones, un tema que a todas luces requiere de una solución. Pero nuestras autoridades y representantes deben ser capaces “de caminar y mascar chicle al mismo tiempo”.
Además, en un contexto de debates álgidos, con escaso espacio para el acuerdo entre los distintos sectores políticos, este es un proyecto que reúne apoyos transversales, donde se esperaría que la mayoría de sus artículos fueran aprobados de forma unánime, en una discusión constructiva y respetuosa.
Por eso resulta inentendible que este proyecto no haya sido aprobado y despachado como ley de la República. Sabemos que todavía hay puntos de desencuentro, como el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la institucionalidad propuesta y aspectos vinculados a la normativa laboral. Pero estas diferencias no pueden tirar por la borda una tramitación de cuatro años que ha logrado incorporar una serie de aspectos relevantes para la vida de las personas mayores.
Es tiempo de retomar y concluir esta discusión. Simplemente, no hay excusas.
