Al ministro de Justicia y a la institucionalidad chilena incumbente, se le abre una nueva arista al ya más que polémico caso de la rebaja de condenas.
Un ciudadano venezolano que recibió una rebaja de seis meses de condena mediante un decreto firmado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, volvió a ser detenido por tráfico de drogas en Arica. El caso suma nuevos antecedentes a la controversia por los beneficios penitenciarios autorizados durante el actual Gobierno.
Se trata de Edixon Escobar García, quien desde el 30 de octubre permanece en prisión preventiva por resolución del Juzgado de Garantía de Arica, junto a un ciudadano colombiano, en el marco de una nueva investigación por tráfico de sustancias ilícitas.
Según una investigación de Interferencia, Escobar García había sido detenido en agosto de 2020, cuando ingresó a Chile desde Perú por un paso no habilitado junto a otras cuatro personas. El grupo transportaba 25,5 kilos de cannabis y dos kilos de clorhidrato de cocaína.
Por esos hechos, el Tribunal Oral en lo Penal de Arica lo condenó a cinco años de presidio, aunque inicialmente sustituyó la pena por su expulsión del país, con prohibición de regresar durante diez años. Sin embargo, la suspensión de vuelos hacia Venezuela durante la pandemia dificultó concretar la medida.
Rebaja de condena pese a riesgo de reincidencia
En enero de 2023, Escobar García fue detenido y formalizado por un homicidio ocurrido en octubre de 2022. A raíz de esa investigación, el tribunal revocó la expulsión como pena sustitutiva y ordenó que cumpliera su condena por tráfico de drogas en prisión.
Posteriormente, en mayo de 2025, fue sobreseído de la causa por homicidio, luego de que la Fiscalía reconociera que no contaba con pruebas suficientes para sostener la imputación.
Durante su permanencia en la cárcel, el ciudadano venezolano acumuló antecedentes disciplinarios. En abril de 2025, una comisión rechazó concederle la libertad condicional debido a factores de riesgo de reincidencia. Tres meses después, Gendarmería lo sancionó con la suspensión de visitas por participar en desórdenes colectivos dentro del recinto penitenciario.
Pese a estos antecedentes, el 23 de abril de 2026, Rabat firmó un decreto que redujo en seis meses su condena. La resolución se sustentó en el criterio de que el Ministerio de Justicia no podía denegar el beneficio únicamente por la gravedad del delito, siempre que se cumplieran los requisitos legales.
Cuestionamientos a la coordinación institucional
Otro antecedente revelado por la investigación apunta a la distribución del decreto. El documento fue remitido a Gendarmería, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y el Registro Civil, pero no a la Policía de Investigaciones ni al Servicio Nacional de Migraciones, organismos involucrados en los procedimientos de expulsión.
De acuerdo con Interferencia, el Ministerio de Justicia comenzó a incluir a ambas instituciones entre los destinatarios de estos decretos recién en junio de 2026.
La nueva detención de Escobar García se conoce en medio de los cuestionamientos a las rebajas de condenas autorizadas por el Ministerio de Justicia y del debate sobre los mecanismos de control de estos beneficios. El caso incorpora un nuevo antecedente a la controversia: un condenado que obtuvo una reducción de pena pese a sus antecedentes penitenciarios enfrenta ahora otra investigación por tráfico de drogas. (El Mostrador)
