La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley que endurece las sanciones contra delitos cometidos en contextos de violencia escolar, iniciativa que ahora deberá continuar su tramitación en el Senado. La propuesta busca fortalecer la protección hacia profesores, asistentes de la educación, estudiantes y demás integrantes de comunidades educativas frente al aumento de agresiones ocurridas en establecimientos del país.
¿QUÉ FUE LO QUE SE APROBÓ?
La nueva normativa establece que cometer delitos dentro de establecimientos educacionales pasará a ser considerado una agravante penal. Esto significa que quienes cometan ciertos delitos en colegios, liceos, jardines infantiles, universidades u otros recintos educativos podrían enfrentar penas más altas que las actuales.
La medida aplicará cuando los delitos sean cometidos:
• Dentro de establecimientos educacionales
• En las inmediaciones de colegios
• Durante actividades escolares
• En transporte escolar
• Contra integrantes de la comunidad educativa mientras ejercen sus funciones o participan en actividades relacionadas al ámbito escolar
¿QUIÉNES ESTÁN PROTEGIDOS?
El proyecto define como integrantes de la comunidad educativa a:
• Estudiantes
• Profesores
• Asistentes de la educación
• Equipos directivos
• Padres y apoderados
• Sostenedores y funcionarios vinculados al sistema educativo
MÁS PENAS PARA AGRESIONES A PROFESORES
Uno de los puntos más importantes aprobados establece un aumento especial de penas para padres, apoderados o tutores que amenacen, golpeen o agredan físicamente a docentes o funcionarios educacionales. En estos casos, la sanción penal aumentará en un grado respecto de las penas actuales contempladas por la ley.
La norma también agrava delitos como:
• Lesiones físicas
• Amenazas
• Maltrato de obra
• Agresiones físicas
• Daños a infraestructura escolar
• Incendios dentro de establecimientos educacionales
¿POR QUÉ SE IMPULSÓ ESTA LEY?
El proyecto fue presentado como una respuesta al aumento de hechos de violencia registrados en colegios de distintas regiones del país, incluyendo agresiones contra docentes, riñas, ataques a funcionarios y daños a infraestructura educativa. Según el Gobierno, la iniciativa busca entregar mayor seguridad y respaldo institucional a las comunidades escolares.
La propuesta además complementa el proyecto “Escuelas Protegidas”, iniciativa que busca reforzar medidas de seguridad y convivencia escolar dentro del sistema educativo chileno.
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