Consejo Regional de Los Lagos aprobó una inversión de $4 mil millones para avanzar en la construcción del Parque Metropolitano Sebastián Piñera de Puerto Montt, iniciativa propuesta por el Gobierno Regional y que forma parte de un proyecto de mayor envergadura.
La iniciativa contempla una inversión total de $20.325 millones, de los cuales más de $16 mil millones serán aportados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del Serviu. El proyecto se emplazará en un terreno fiscal de 42.841 metros cuadrados y considera áreas verdes, espacios deportivos, juegos infantiles, un anfiteatro, una laguna artificial, un auditorio, una cafetería, locales comerciales, senderos, plazas interiores y estacionamientos.
El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, destacó que se trata de un proyecto de alto estándar, orientado a recuperar un espacio público y transformarlo en un nuevo punto de encuentro para habitantes y visitantes.
“Para nosotros, la seguridad pública, la recuperación de espacios públicos y la integración de las comunidades son aspectos prioritarios. Por eso hemos comprometido un aporte cercano al 20% del financiamiento total del proyecto”, afirmó la autoridad regional.
Santana agregó que el trabajo conjunto con el municipio y el Ministerio de Vivienda permitirá acelerar una iniciativa impulsada originalmente durante la administración del expresidente Sebastián Piñera.
Respaldo municipal y ministerial
El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, valoró el respaldo del gobernador y del Gobierno Regional. “Estamos muy contentos con la aprobación de estos recursos. Es uno de los proyectos más importantes a nivel nacional y permitirá transformar un lugar abandonado, afectado por la incivilidad y la delincuencia, en un espacio público para la comunidad”, señaló el jefe comunal.
Wainraihgt agregó que el proyecto forma parte de una estrategia para convertir a Puerto Montt en una ciudad de parques urbanos, en línea con iniciativas como el Parque Costanera, el Parque Mirador y el Parque Campanario.
Por su parte, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Mario Marchant, agradeció al gobernador y al Consejo Regional por la aprobación de los recursos. “Como Ministerio de Vivienda y Urbanismo aportaremos más de $16 mil millones. Será un espacio de esparcimiento con altos estándares, que además generará empleos, comercio y nuevos servicios”, sostuvo.
El presidente de la Comisión de Infraestructura del Core, Rodrigo Arismendi, destacó que las áreas verdes son fundamentales para mejorar la calidad de vida y fortalecer el encuentro comunitario. En tanto, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Yasna Vásquez, afirmó que el parque será una obra de gran relevancia para Puerto Montt y toda la región, al incorporar espacios para la recreación, el deporte, la seguridad y el desarrollo de actividades comerciales.
La iniciativa es resultado de más de dos décadas de planificación y participación ciudadana. Durante 2025 obtuvo su recomendación satisfactoria, lo que permitió avanzar hacia la etapa de ejecución.
Agrícola para toda la región, tras los severos daños que el reciente sistema frontal provocó en el sector rural. Según cifras manejadas por el Gobierno Regional, más de 4 mil agricultores resultaron afectados.
La petición se realizó luego de una reunión con la directiva de la Asociación de Municipalidades de La Araucanía (AMRA), y cuenta con antecedentes técnicos elaborados por INIA Carillanca, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) e INDAP. El gobernador hizo un llamado a las autoridades del nivel central a decretar la medida a la brevedad.
Saffirio comprometió que, una vez declarada la emergencia, el Gobierno Regional presentará al Consejo Regional una propuesta cercana a los $1.400 millones destinada a la recuperación del sector silvoagropecuario, considerando acciones sanitarias con el SAG, recuperación de infraestructura y apoyo tanto a usuarios INDAP como a pequeños productores no INDAP.
El gobernador pidió que la respuesta del Estado sea «integral, rápida y sin letra chica», según señaló en un video difundido en sus redes sociales.
La Sala del Senado dio luz verde al informe de la Comisión Mixta que zanjó las últimas diferencias sobre el proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social. Tras un extenso debate, la iniciativa fue aprobada con 27 votos a favor y 22 en contra, concluyendo así su tramitación en el Congreso y quedando en condiciones de ser promulgada como ley por el Ejecutivo.
El punto clave de la discusión se concentró en el mecanismo diseñado para compensar a los municipios por la pérdida de ingresos que provocará la exención del pago de contribuciones (impuesto territorial) a todas las personas mayores de 65 años sobre su vivienda principal. Para aminorar dicho impacto, el Ejecutivo estableció una fórmula que contempla la entrega de 110 mil millones de pesos al Fondo Común Municipal (FCM) y otros 80 mil millones de pesos en transferencias directas a las municipalidades. Los montos serán calculados anualmente por el Servicio de Impuestos Internos (SII) e informados a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y a la Tesorería General de la República para su posterior distribución.
Para acceder a estos recursos compensatorios, los municipios deberán cumplir con dos condiciones obligatorias: mantener al día la entrega de información sobre su recurso humano a la Dipres y acreditar una reducción de al menos un 30% en los tiempos de tramitación de permisos entre los años 2023 y 2025. Adicionalmente, la ley traspasa a la Tesorería la facultad de realizar la cobranza administrativa y judicial de las deudas por derechos de aseo que remitan las municipalidades, otorgándole la capacidad de entregar facilidades de pago, condonar multas o retener devoluciones de impuestos a los contribuyentes morosos en patentes o aseo.
El debate en el hemiciclo, seguido desde las galerías por un grupo de alcaldes de oposición, expuso profundas divisiones sobre el criterio distributivo. Quienes votaron en contra argumentaron que la medida carece de focalización al no exigir un límite de ingresos a los adultos mayores beneficiados, lo que genera una distribución inequitativa donde comunas con mayores recursos reciben aportes significativamente superiores en comparación con sectores vulnerables. Señalaron que el resguardo financiero debió canalizarse únicamente a través del Fondo Común Municipal para proteger la equidad territorial.
Por el contrario, los parlamentarios que respaldaron la propuesta enfatizaron que la ley cumple el compromiso de asegurar que ninguna comuna de Chile reciba menos recursos que los actuales. Asimismo, destacaron la urgencia de despachar el marco legal para acelerar la reactivación económica del país y brindar un alivio tributario concreto a la clase media. Tras la votación, los senadores Claudia Pascual y Francisco Huenchumilla hicieron reserva de constitucionalidad sobre la fórmula aprobada —lo que abre la opción de una revisión ante el Tribunal Constitucional—, mientras que el senador Fidel Espinoza se inhabilitó de emitir su voto por parentesco con un potencial beneficiario.
Valparaiso, 15 de julio 2026
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en la sesion del Senado durante votacion del proyecto de Reconstruccion Nacional
Sebastian Cisternas/Aton Chile
Sigue en directo el debate y votación del último artículo pendiente de la megarreforma del gobierno de Kast, que define el mecanismo para compensar a los municipios.
Cuando un país se comienza a arrodillar ante la avalancha ideológica de la extrema derecha con el aval del conservadurismo tradicional que también ha hecho historia en la conservación de una patria democrática.
Por Gustavo Cid Asenjo – Periodista
EL GONG .- El Ejecutivo ha registrado en las últimas horas la peor evaluación de todo su período, marcando un hito de desaprobación histórica respecto a la eficacia de su gestión en las áreas más sensibles y estratégicas para el desarrollo del país. Las cifras entregadas por los principales sondeos de opinión pública no solo reflejan una baja sostenida y progresiva en la valoración ciudadana, sino que confirman el quiebre prematuro de la amplia base de apoyo que llevó a José Antonio Kast a la Presidencia de la República. El capital político obtenido en las urnas se ha disipado a una velocidad inédita, reduciendo el respaldo popular a apenas un escaso tercio de la población y dejando al descubierto un severo desgaste de legitimidad institucional en tiempo récord.
Esta acelerada pérdida de adhesión no constituye un fenómeno fortuito ni atribuible a errores coyunturales de comunicación; es el resultado directo de una forma de gobernar percibida como distante, autoritaria e inflexible. La constante apelación a la autosuficiencia y la nula apertura a la construcción de consensos han terminado por aislar a La Moneda del sentir de las mayorías. En la práctica, el apoyo al proyecto republicano se ha atrincherado en el núcleo más duro de la derecha ortodoxa, mientras los sectores de la derecha moderada y progresista han terminado por claudicar ante un programa de gobierno que prioriza la confrontación dogmática por sobre la resolución pragmática de las urgencias sociales.
El trasfondo de esta deriva gubernamental va más allá de un tropiezo estadístico en los paneles semanales de evaluación; tensiona directamente los aprendizajes históricos y los pilares fundamentales de la convivencia democrática. La línea discursiva e ideológica desplegada por el oficialismo revive esquemas y dogmas propios de la Guerra Fría, reabriendo divisiones que la sociedad chilena e internacional creían superadas bajo la premisa irrenunciable del «nunca más». Al reivindicar y validar marcos doctrinarios ultraconservadores, la administración actual evoca referentes históricos asociados a la imposición y a la pérdida de libertades, lo que genera un profundo rechazo en una ciudadanía que rechaza los retrocesos en materia de derechos y pluralismo.
Finalmente, el ejercicio del poder bajo esta lógica de trinchera revela una pretensión de gobernar sin contrapesos, ignorando las alertas que emiten tanto las instituciones como la propia calle. Al reducir la gestión pública a la ejecución de un itinerario ultra ideologizado, el Gobierno no solo arriesga profundizar el estancamiento de las reformas clave, sino que acrecienta la brecha entre la agenda política de las élites gubernamentales y las verdaderas necesidades de la ciudadanía. La persistencia en esta estrategia, lejos de consolidar la autoridad presidencial, amenaza con perpetuar un escenario de crispación política y desaceleración que tensiona de manera crítica el futuro inmediato del país.
El mandatario registra esta semana una reprobación histórica en todos los niveles macro, claves para el país
ELGONG, SANTIAGO.- El análisis comparativo de las tres principales mediciones de opinión pública publicadas este inicio de agosto da cuenta de un desplome coincidente y continuo en las cifras de evaluación gubernamental. De acuerdo con los datos entregados por las firmas encuestadoras, la desaprobación a la gestión del Ejecutivo cruza la barrera crítica del 60% a nivel nacional, registrando una tendencia a la baja que descarta cualquier margen de error aislado o fluctuación coyuntural. La convergencia entre los paneles de Cadem, Criteria y Pulso Ciudadano ratifica que el desgaste afecta tanto a la valoración de la figura presidencial como a la percepción general sobre el rumbo del país.
En el desglose de los instrumentos de medición, los informes técnicos revelan variaciones significativas pero alineadas en una misma trayectoria descendente. Por un lado, la encuesta Pulso Ciudadano ubica el respaldo en un 25,6%, marcando una de las cifras más bajas de la serie histórica del presente mandato. Por su parte, el estudio Agenda Criteria registra un descenso consecutivo por segunda semana que deja la aprobación en un 34% y escala el rechazo al 55%. Finalmente, el seguimiento semanal de Cadem posiciona la aprobación en un rango entre 36% y 37%, al tiempo que la desaprobación consolidada toca el 60% en los centros urbanos.
Los datos demográficos y la segmentación socioeconómica de los sondeos muestran que el deterioro de la aprobación no se concentra en un único sector, sino que se extiende de forma transversal. La pérdida de respaldo se evidencia con mayor fuerza en las capas medias y bajas de la población, áreas donde la sensibilidad hacia los costos de vida y las expectativas de empleo tienen un impacto directo en la percepción del desempeño fiscal. Asimismo, en la distribución territorial, las regiones muestran un nivel de rechazo equivalente al de los grandes centros urbanos del país.
Al profundizar en las variables explicativas, los reportes estadísticos apuntan a la gestión económica y al mercado laboral como el principal factor de erosión. La percepción de estancamiento, sumada a la menor capacidad de consumo de los hogares y al aumento en la preocupación por el desempleo, ha provocado que la evaluación del área económica registre cifras negativas superiores al 65%. Las expectativas de recuperación a corto y mediano plazo reflejan un marcado escepticismo por parte de los consultados, lo que restringe el margen de tolerancia ciudadana.
El segundo pilar de análisis técnico se ubica en el área de seguridad pública y control del orden social. Aunque esta materia constituyó un eje central de las expectativas ciudadanas, la persistencia de delitos de alta connotación y la percepción subjetiva de temor en los espacios públicos mantienen paralizados los indicadores de aprobación en este rubro. El cruce de variables evidencia que las medidas implementadas hasta la fecha no logran revertir la sensación de vulnerabilidad en los hogares, impactando de forma directa en el balance global de la gestión.
Por último, el seguimiento de la confianza institucional e indicadores de gobernabilidad evidencia un estancamiento en la percepción de efectividad de las reformas legislativas. Los encuestados perciben un desaceleramiento en la concreción de acuerdos y políticas de fondo, lo que debilita el optimismo respecto a la capacidad de la administración para resolver los problemas prioritarios. La coincidencia cuantitativa de estas tres mediciones proyecta así un escenario estadístico adverso de cara al arranque del segundo semestre, caracterizado por una curva de desaprobación consolidada en los niveles macro del país.
La innovación y el desarrollo productivo requieren diálogo, confianza y la capacidad de reunir a quienes comparten un objetivo común: fortalecer el futuro de la Región de Los Lagos.
El cierre del primer año del Programa Territorial Integrado (PTI) Industria Sostenible del Salmón dejó una señal alentadora. La participación de gremios, empresas, academia, instituciones públicas y el Gobierno Regional demuestra que existe una voluntad concreta de trabajar colaborativamente para fortalecer a la industria y, especialmente, a sus proveedores.
En Corfo creemos que esta gobernanza es uno de los principales activos del programa. Escuchar distintas miradas permite construir mejores soluciones y avanzar con una visión compartida.
Uno de los desafíos prioritarios es dar mayor visibilidad a los proveedores de la Región de Los Lagos, empresas que generan innovación, empleo y valor agregado para la salmonicultura. Fortalecer su vinculación con la industria significa potenciar el desarrollo económico regional y hacer más competitiva toda la cadena productiva.
En este desafío, la futura plataforma digital de proveedores será una herramienta clave para conectar la oferta regional con nuevas oportunidades de negocio y fortalecer las capacidades locales.
En Corfo seguiremos promoviendo la colaboración entre el sector público, el sector privado y la academia para impulsar una salmonicultura más sostenible, competitiva y con un fuerte sello regional.
Con 10 restaurantes más que el año pasado y una carpa 30% más grande, la comuna se alista para recibir a miles de visitantes a la gran feria gastronómica del sur de Chile, entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto.
Hoy comienza. La cuenta regresiva para el III Festival Gastronómico de Invierno ya se siente en las calles de Puerto Varas, donde los equipos trabajan a toda máquina para levantar una carpa de 2.000 metros cuadrados —un 30% más grande que la del año pasado— que albergará a 27 restaurantes locales, diez más que en la edición 2025.
La comuna ya probó que esto funciona: de los 10 mil visitantes que llegaron en 2024 se pasó a 18 mil en 2025, y este año la organización espera recibir a 20 mil personas durante los tres días de festival. Un crecimiento que confirma algo que Puerto Varas viene demostrando edición tras edición: el invierno también puede ser temporada alta.
Hasta hoy viernes 31 de julio, quienes quieran ir sumándose a la previa pueden ir directamente a los 27 restaurantes participantes y pedir el plato con el que cada uno compite en el concurso gastronómico, a $9.500. Ya durante los tres días de feria —con entrada gratuita— cada uno de esos 27 restaurantes tendrá además un plato único a $5.500, pensado para recorrer y probar de a poco la gran feria gastronómica del sur de Chile.
El alcalde Tomás Gárate destacó que el crecimiento del Festival Gastronómico de Invierno refleja una apuesta sostenida por posicionar a la comuna como un destino atractivo durante todo el año. “Este festival demuestra que Puerto Varas también se vive con fuerza en invierno. Estamos impulsando eventos de primer nivel que no solo fortalecen a nuestros emprendedores y al rubro gastronómico, sino que también atraen a miles de visitantes, dinamizan la economía local y contribuyen a extender la temporada turística más allá del verano. Queremos que Puerto Varas sea un destino activo los 365 días del año, y este tipo de iniciativas son fundamentales para lograrlo”, señaló.
“Este evento ha impactado de buena manera a los restaurantes locales. A pesar de ser una temporada difícil, las ventas que se logran durante estos tres días rondan los $5 y $7 millones”, destacó María Josefa Palomero, coordinadora de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad de Puerto Varas.
Cocinas en vivo, degustaciones, música y actividades familiares completan una programación que se desarrollará en la calle techada Santa Rosa y, por primera vez, también en calle San Juan —un espacio nuevo que permitió sumar a más restaurantes esta edición.
Datos clave
•Fechas: viernes 31 de julio, sábado 1 y domingo 2 de agosto
•Entrada a la feria: gratuita
•Plato del concurso (en los restaurantes, hasta el 31 de julio): $9.500
•Plato único (en la feria, los 27 restaurantes): $5.500
•Lugar: calle techada Santa Rosa y calle San Juan, Puerto Varas
La Municipalidad de Puerto Varas invita a la comunidad y a los visitantes de toda la región a vivir estos tres días de sabores. Toda la información en @municipiopuertovaras o @fomentoproductivopuertovaras
ELGONG / FRESIA AHORA.- El debate público en Chile atraviesa un proceso de profunda transformación en la relación entre la ciudadanía, las instituciones y el ejercicio del poder. En este escenario, la irrupción del Ministro Iván Poduje ha comenzado a configurar un fenómeno político y comunicacional que, para muchos, trasciende la gestión de la vivienda y el urbanismo.
En sus recorridos por distintas comunas del país no solo se observan anuncios de proyectos habitacionales o reuniones con vecinos. También se evidencia un contraste entre dos formas de entender la administración pública: una marcada por la burocracia y los largos procesos administrativos, y otra que apuesta por la rapidez, la presencia en terreno y la resolución inmediata de los problemas.
El ya denominado «efecto Poduje» se ha instalado con fuerza en el debate político y en las redes sociales. Mientras un sector importante de la ciudadanía valora su forma de actuar, especialmente en comunidades que llevan años esperando soluciones, otros cuestionan sus métodos y advierten sobre las implicancias institucionales de este estilo de liderazgo.
¿Por qué conecta con la ciudadanía?
La buena recepción que ha tenido su forma de gestionar responde, en parte, a una percepción ampliamente extendida entre los chilenos: que el Estado suele ser lento, excesivamente burocrático y poco eficiente para responder a las necesidades de las personas.
En ese contexto, la aparición de una autoridad que rompe con los protocolos tradicionales genera un impacto inmediato por varias razones.
Resolver en terreno
Durante años, muchas personas han escuchado respuestas que derivan los problemas a estudios, informes, mesas técnicas o nuevas reuniones. En contraste, Poduje ha construido una imagen basada en la toma de decisiones durante sus visitas a terreno, acompañado de equipos técnicos y jurídicos que buscan destrabar conflictos administrativos en el mismo lugar donde ocurren.
Esa forma de actuar transmite una sensación de rapidez, liderazgo y capacidad de gestión que suele ser valorada por quienes esperan soluciones concretas y no nuevos trámites.
Un lenguaje directo
Otro elemento que explica su popularidad es su manera de comunicar.
A diferencia del lenguaje técnico o excesivamente protocolar que caracteriza a buena parte de la clase política, utiliza un discurso sencillo, directo y, en ocasiones, confrontacional.
En varias de sus intervenciones ha manifestado públicamente la frustración de vecinos y dirigentes sociales frente a cobros considerados injustificados, retrasos administrativos o decisiones que afectan el avance de proyectos. Esa actitud hace que parte de la ciudadanía lo perciba como una autoridad dispuesta a enfrentar la burocracia y defender los intereses de las comunidades.
Presencia constante en las regiones
Para muchas comunas alejadas de Santiago, la presencia de una autoridad nacional tiene un importante valor simbólico.
Más allá de los anuncios, los vecinos suelen valorar que un ministro visite el territorio, escuche directamente sus inquietudes y dialogue con las autoridades locales y los dirigentes sociales. Ese contacto directo reduce la sensación de distancia entre el gobierno central y las realidades que viven las comunidades.
El factor político
El llamado «efecto Poduje» también tiene una importante dimensión política.
Sus intervenciones en terreno, especialmente cuando cuestiona decisiones de municipios u otros organismos públicos, generan tensiones con autoridades locales. Mientras sus partidarios consideran que se trata de una señal de firmeza y compromiso con el correcto uso de los recursos públicos, sus detractores sostienen que ese estilo puede afectar la autonomía municipal o incentivar una confrontación política innecesaria.
Al mismo tiempo, su creciente visibilidad ha llevado a diversos analistas a plantear que podría transformarse en una figura con proyección nacional. Sin embargo, esa misma exposición implica mayores exigencias: cada compromiso asumido en terreno será posteriormente evaluado por la ciudadanía.
El desafío institucional
Más allá de las opiniones que despierta su estilo, el fenómeno plantea una interrogante de fondo: ¿es necesario que un ministro intervenga personalmente para resolver problemas administrativos que deberían solucionarse mediante el funcionamiento normal de las instituciones?
Para muchos, el éxito del «efecto Poduje» refleja precisamente una debilidad del aparato estatal. Si las personas celebran que una autoridad nacional deba intervenir para destrabar proyectos o corregir procedimientos, es porque perciben que los mecanismos habituales no siempre funcionan con la rapidez y eficacia esperadas.
Sin embargo, también surge un desafío importante: evitar que las soluciones dependan exclusivamente del liderazgo de una persona.
Resolver casos puntuales puede entregar respuestas inmediatas, pero las dificultades estructurales requieren reformas permanentes, procesos administrativos más ágiles, mayor transparencia y una modernización efectiva del Estado.
¿Un liderazgo excepcional o una señal de un problema mayor?
El «efecto Poduje» también abre un debate sobre el tipo de liderazgo que hoy demanda la ciudadanía.
En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, las personas parecen valorar cada vez más a las autoridades que toman decisiones visibles, hablan con claridad y enfrentan públicamente los conflictos. Sin embargo, también existe el riesgo de que la expectativa ciudadana se concentre en figuras individuales, cuando el verdadero desafío es fortalecer las instituciones para que funcionen correctamente sin depender de intervenciones excepcionales.
La eficacia de un liderazgo puede resolver problemas inmediatos, pero la calidad de un Estado se mide por su capacidad de responder de manera permanente, independiente de quién ocupe un cargo público.
La prueba de fuego
Iván Poduje ha logrado instalar un estilo de gestión que despierta atención pública y genera expectativas en distintos sectores del país. Para algunos representa una nueva forma de ejercer la autoridad; para otros, un modelo que aún debe demostrar resultados sostenibles en el tiempo.
La verdadera evaluación del «efecto Poduje» no dependerá únicamente de la repercusión de sus intervenciones o del impacto que generan sus recorridos en redes sociales. Su éxito se medirá, principalmente, cuando los compromisos asumidos se traduzcan en viviendas entregadas, proyectos ejecutados, servicios funcionando y una mejor calidad de vida para las familias.
Solo entonces será posible determinar si este fenómeno representa un cambio duradero en la forma de gestiona
REGIONAL. Un complejo escenario enfrenta la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Lagos luego de que se confirmara la tramitación de cinco denuncias en contra de la seremi de la cartera, Evelyn Brintrup, interpuestas al amparo de la Ley Karin por funcionarias de la repartición pública.
Las acusaciones, provenientes de trabajadoras pertenecientes a las provincias de Llanquihue y Palena, apuntan a presuntos episodios de malos tratos, hostigamiento laboral y la aplicación de medidas administrativas que consideran arbitrarias. Todos los antecedentes fueron derivados al Ministerio de Salud (Minsal) para que la entidad determine si corresponden responsabilidades administrativas.
De acuerdo con el registro de las acciones ingresadas:
28 de mayo: Se interpusieron las primeras dos denuncias.
22 y 23 de julio: Se sumaron dos nuevas presentaciones.
Posteriormente: Se confirmó la incorporación de una quinta acción formal, completando las cinco investigaciones actualmente activas.
Con el objetivo de velar por la imparcialidad del proceso y evitar eventuales conflictos de interés al interior de la misma sede regional, se prevé la designación de funcionarios de otras reparticiones públicas del país para llevar a cabo la indagatoria de los hechos.
La respuesta de la autoridad
Consultada por la situación en conversación con Radio Bío Bío, la seremi Evelyn Brintrup confirmó haber sido notificada de la mayor parte de los requerimientos y reafirmó la legitimidad de las denunciantes para recurrir a los canales normativos:
«Yo fui notificada por cuatro y la verdad, las personas están en su pleno derecho de poder ejercer las denuncias. Fui notificada y solicité que se realice la investigación necesaria».
El proceso continúa su curso formal en manos de la autoridad central de salud a la espera de los informes y diligencias que determine la fiscalía instructora designada.
