Una batería de normas aprobadas por las derechas, que gozan de mayoría en el órgano redactor, abren la puerta al descuelgue de la centroizquierda. Mientras, el rechazo ciudadano pisa el acelerador

Fuente: EL PAIS- Antonia Laborde

El segundo proceso constitucional chileno para reemplazar la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, sometida a unas 60 reformas desde 1989, ha entrado esta semana en un terreno pedregoso. En las votaciones de enmiendas en el pleno Consejo Constitucional, un proceso que arrancó el pasado viernes 16 de septiembre, las derechas han hecho valer su contundente mayoría. La derecha tradicional agrupada en Chile Vamos ha sumado sus votos a la derecha extrema del Partido Republicano –que tiene 22 de los 50 escaños del órgano– y juntos han aprobado normas polémicas como “el derecho a la vida de quien está por nacer”, la expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados, la objeción de conciencia institucional y la exención tributaria de la primera vivienda (que beneficia a los de mayores ingresos). En los últimos días, diferentes sectores políticos que componen el Consejo han comenzado a expresar públicamente sus dudas respecto de respaldar el texto en el plebiscito del 17 de diciembre.

A las voces críticas del oficialismo de izquierda, esta semana se han sumado las de autoridades de la centroizquierda que llamaron a rechazar la propuesta anterior y que ahora amenazan con descolgarse si no giran el rumbo hacia la moderación. Una de esas voces es la del senador de Demócratas, Matías Walker, quien advirtió que lo que está redactando el Consejo Constitucional “dista mucho” de la idea que tiene de una Constitución. “Una Constitución no es un programa de Gobierno ni un proyecto de ley. Las derechas están cometiendo exactamente el mismo error que las izquierdas en el proceso anterior”, aseguró en referencia al anterior intento que Chile llevó a cabo entre 2021 y 2022, que terminó en septiembre del año pasado en un contundente fracaso. Un 62% de los votantes lo rechazó y fue una derrota importante para el oficialismo del presidente Gabriel Boric.

El partido Amarillos, de centroizquierda no oficialista, ha criticado algunas normas aprobadas como la exención tributaria de la primera vivienda, pero mantiene la esperanza que en las etapas restantes se moderen. “Si eso no es así, simplemente vamos a tener que asumir la realidad y votar en contra”, aseguró el exministro de Justicia de Michelle Bachelet, Isidro Solís.

El exconstituyente por el Partido por la Democracia (PPD), Felipe Harboe, aclaró que desde la centroizquierda no van a apoyar un texto constitucional conservador. “Lo hemos advertido y lo seguiremos haciendo”, sostuvo.

Desde la izquierda oficialista se han puesto las mismas luces rojas. Antes de las votaciones de esta semana, la expresidenta socialista Michelle Bachelet hizo un llamamiento a su sector a “no ofuscarse, a no tirar la toalla antes de tiempo”, aunque ha advertido: “Si la propuesta de nueva Constitución retrocede en los derechos de las mujeres, yo no podría votar a favor”. La exministra de la Secretaría General de la Presidencia de Boric, la socialista Ana Lya Uriarte, el 13 de septiembre, en un encuentro sobre el asunto constitucional de ICARE, alertó: “El texto que está hoy requiere urgentemente la operación rescate”.

A las advertencias de la izquierda, los consejeros republicanos también deben sortear fuego amigo. Unos 200 militantes de la formación de extrema derecha, entre los que figuraba el senador José Manuel Rojo, solicitaron realizar un referéndum interno para definir una postura común de cara al plebiscito de diciembre, advirtiendo que ven entre sus compañeros de partido una inclinación mayoritaria hacia la opción En Contra, por considerar que hay normas que atentan contra la libertad y la igualdad ante la ley. Este partido, en cualquier caso, nunca ha estado por cambiar la Constitución vigente, pero al quedarse con 22 escaños en el Consejo Constitucional en las elecciones de mayo pasado, su líder, José Antonio Kast, ha remado por sacar adelante enmiendas que representan el corazón de su fuerza política.

Esta semana, Kast entró de lleno en asuntos clave que se discuten en el Consejo, donde su partido tiene la amplia mayoría pero no necesariamente la última palabra. Llegó a llamar telefónicamente a un consejero de la derecha tradicional para conseguir su voto. Cuando el Consejo Constitucional finalice el texto, el Comité de Expertos –que redactó un borrador que dejaba conforme a buena parte de la clase política– debe hacer un informe con observaciones, las que deben ser aprobadas por 3/5 del Consejo o rechazadas por 2/3. Si no hay quórum, se conformaría una comisión mixta.

La atención hoy está puesta en si Chile Vamos, la coalición de la derecha histórica, se desmarcará de las normas más extremas presentadas por los republicanos. Hasta ahora, salvo en contadas excepciones y solo algunos descolgados, han votado en bloque, haciendo valer su mayoría en el Consejo.

“Corderitos de republicanos”

En una columna publicada este sábado en La Tercera, el empresario y economista César Barros, ligado a la derecha económica tradicional, calificó de “corderitos” de republicanos a los consejeros de la derecha tradicional y los acusó de temer perder negociaciones de cara a las próximas elecciones locales. “La Constitución no es lo importante: lo que de verdad importa es el botín que se viene, y al cual hay que sacarle el mayor provecho posible, aunque sea a costa de un nuevo rechazo, o de una nueva Constitución con aires preconciliares que no será ni de cerca la casa de todos que Chile Vamos prometió antes y después del plebiscito de septiembre”, apuntó Barros.

En el mismo periódico, el diputado Diego Schalper (de RN, de la derecha tradicional), aseguró que “el proceso constituyente está en un punto de inflexión, si fracasa va a salpicar a todos los sectores”. Schalper, que ha sido parte de las negociaciones, advirtió que tanto Chile Vamos como republicanos tienen que asumir que “si el texto no tiene transversalidad, difícilmente va a llegar a flote”.

La prudencia que ha marcado este proceso entre el Gobierno de Boric y el Consejo Constitucional también sufrió alteraciones en los últimos días. Después de que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, criticara las normas aprobadas vinculadas a los derechos reproductivos que, según dijo, “permitiría que podamos retroceder incluso en la pastilla del día después”, la presidenta del Consejo, la republicana Beatriz Hevia, escaló la discusión asegurando que espera del Gobierno una actitud “de informar a la ciudadanía y no de confundirla respecto de lo que está ocurriendo dentro del Consejo”.

Fue el propio Kast el que endureció el tono: “El Gobierno inicia campaña en contra del proyecto constitucional, mintiendo y desinformando, buscando -con complicidad de los medios- de desviar atención de aprobación de normas claves en materia de inmigración. La expulsión inmediata de inmigrantes ilegales es un cambio radical”, escribió el líder de los republicanos en su cuenta de Twitter.

Boric, cuya Administración se la jugó por aprobar el texto que la ciudadanía rechazó rotundamente (62%) en septiembre de 2022, intentó poner paños fríos desde Nueva York: “No van a encontrar a un antagonista en mí. Yo quiero que al Consejo le vaya bien, que Chile tenga una nueva Constitución. No quiero la polarización ni cometer los errores que cometimos en el primer proceso”. Tras cuatro años de incertidumbre en materia constitucional –la ruta constituyente se abrió tras el estallido social de octubre de 2019–, la Administración de izquierdas no quiere lidiar con otro fracaso que frustre el objetivo de un pacto político transversal. No es evidente, en cualquier caso, cuál será la decisión final del oficialismo de cara al plebiscito, entre otras cosas porque el texto no está terminado.

Mientras, más ciudadanos se decantan por votar en contra de la propuesta en el plebiscito del 17 de diciembre. La opción del rechazo nunca había sido tan alta, según las encuestas (57%, Cadem; 45% Criteria; 68%, Black & White).