Los timoneles de los conglomerados que apoyan el «Apruebo» confirmaron que llegaron a un acuerdo para mejorar y corregir el texto.

Los partidos oficialistas lograron un acuerdo para realizar cambios a la Constitución en caso que triunfe el Apruebo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Según comunicaron los partidos, «abriremos un nuevo camino, con políticas públicas transformadoras, que avancen en el sentido que Chile reclama y aseguren igualdad de oportunidades a todos y todas, con especial énfasis en paridad, la niñez, las mujeres y las personas mayores».

«Una Constitución que consagra el trabajo decente, el Estado ecológico, que confiere poder real a las regiones, que promueve la participación ciudadana, entre muchos otros avances sustantivos. Afirmamos que es esta la Constitución que nos representa y que estimamos necesaria para mejorar la vida en nuestra patria», declararon.

Además, detallaron que las actuales propuestas de la nueva Constitución «serán necesariamente aprobadas y debatidas democráticamente y con participación ciudadana».

Así, luego puntualizaron ejes que «consideramos necesario abordar en este momento, sin perjuicio de otras que más adelante puedan surgir del debate nacional».

• Plurinacionalidad
  • Sobre la consulta indígena, «se establecerá que el verdadero sentido y alcance se refiere sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas.
  • Sobre el consentimiento previo, «se establecerá explícitamente que sólo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales, respetando los principios establecidos en el referido convenio».
  • Respecto a los sistemas de justicia indígena, «reafirmamos la igualdad ante la ley como principio rector y que todas las personas, indígenas y no indígenas, somos iguales ante la ley en dignidad y derechos. No existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial. La justicia indígena solo
    se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. La justicia indígena, tal como lo señala la nueva Constitución, siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema».
• Derechos sociales
  • En materia de pensiones, «nos comprometemos a que la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad, cuestión que es plenamente consistente con la nueva propuesta constitucional».
  • Sobre la propiedad de las viviendas, «el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad están absolutamente asegurados, siendo complementos para dar continuidad a la actual política de vivienda que entrega la plena disposición para el beneficiario y su familia. Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia».
  • El Sistema Nacional de Salud «permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores. La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales, y centros médicos privados.
    Bajo el Seguro Único de Salud, se protegerá la libertad de todas las personas a elegir dónde atenderse dentro de la red del nuevo Sistema Nacional de Salud».
  • La educación como «derecho social, y en su implementación legislativa, se respetará la existencia y desarrollo de la
    educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación».
• Seguridad
  • En relación a los Estados de Excepción, «proponemos establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho. Todos los Estados de Excepción, como señala el texto, se aplicarán con estricto respeto a los derechos fundamentales».
• Sistema político
  • «Dado que la nueva Constitución innovó y acordó un nuevo sistema político, con profundos mecanismos de participación ciudadana y fortalecimiento de las regiones, que valoramos, nos comprometemos a analizarlo para lograr el mejor equilibrio en el Poder Legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales».
  • «Las iniciativas de gasto fiscal, respetarán siempre el beneficio de las personas y el principio de responsabilidad fiscal. En este sentido, creemos necesaria la eliminación de la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al Estado. Igualmente, la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley, deberán sujetarse al máximo anual que a este efecto fije la ley de presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal».
• Poder Judicial
  • «La independencia del Poder Judicial, reconocida expresa y reiteradamente en la propuesta de nueva Constitución, es un principio fundamental para el Estado de Derecho, que regirá toda la implementación normativa. Proponemos reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de ‘Poder Judicial’. Proponemos también revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces. Adicionalmente, creemos que conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos».

Finalmente, los partidos oficialistas llamaron a la ciudadanía a «conocer la nueva Constitución, así como este acuerdo de implementación y  mejoras, con el ánimo de que el pueblo chileno se pronuncie con el mayor grado de certeza posible y la absoluta convicción de que la nueva Constitución es un avance sustantivo para fortalecer la democracia en nuestro país y lograr los cambios anhelados por la ciudadanía».

El acuerdo fue firmado por Natalia Piergentili (PPD), Patricio Morales (PL), Tomás Hirsch (AH), Lorena Fries (Movimiento Unir), Paulina Vodanovic (PS), Leonardo Cubillos (PR), Juan Ignacio Latorre (RD), Flavia Torrealba (FRVS), Guillermo Teillier (PC) y Diego Ibáñez (CS).