Según el fallo, el alcalde de Llanquihue incumplió su deber de supervisión en áreas financieras claves, afectando la transparencia del municipio. Aunque su defensa alegó prescripción de los hechos y responsabilidad de funcionarios, el Tribunal determinó un perjuicio permanente para la comuna.

Redacción FRESIA AHORA/ EL GONG.- El Tribunal Electoral Regional (TER) de Los Lagos resolvió destituir al alcalde de Llanquihue, Víctor Rubén Angulo Muñoz, tras acoger la acusación presentada por los concejales Cristian Olavarría y Luis Oróstica. La sentencia, dictada el 5 de septiembre de 2025, establece que el jefe comunal incurrió en notable abandono de deberes y lo inhabilita por cinco años para ejercer cargos públicos.

La decisión marca un nuevo capítulo en la historia política de la comuna, que en 2015 ya había visto la salida de un alcalde por corrupción, y que ahora vuelve a enfrentar un proceso de inestabilidad institucional.

Qué dijo la defensa del alcalde

En su contestación, el alcalde —representado por el abogado Braulio Sanhueza Burgos— pidió al Tribunal rechazar el requerimiento, planteando como primer punto la prescripción de los hechos.

“Opone excepción de prescripción, pues los hechos datan de más de cuatro años antes de la notificación del requerimiento, de conformidad con el artículo 51 bis de la Ley Nº 18.695 y el artículo 154 del Estatuto Administrativo.”

También cuestionó la forma en que fueron construidos los cargos:

“Los cargos imputados son la transcripción literal de las conclusiones a que arribó la Contraloría Regional de Los Lagos (…) en ningún caso corresponden a acciones personales del alcalde, sino que derivan del actuar de los referidos funcionarios del Departamento de Administración y Finanzas.”

La defensa insistió en que no hubo perjuicio directo al municipio:

“No se ha causado perjuicio económico ni afectación al funcionamiento del municipio; los cargos formulados corresponden a irregularidades ya subsanadas.”

Otro punto relevante de su defensa fue el contexto heredado en 2015, cuando Angulo asumió como alcalde suplente tras la destitución de su antecesor:

“La defensa sostiene que, al asumir en 2015, el municipio estaba en una situación financiera crítica; no había fondos para pagar remuneraciones ni cotizaciones, y los cheques municipales eran rechazados por los bancos. Esa situación, afirman, fue revertida con el tiempo.”

Además, sus abogados señalaron que la responsabilidad debía restringirse solo a su último período alcaldicio:

“Resulta improcedente extender la responsabilidad a periodos alcaldicios anteriores (…) su período inmediatamente anterior comprende del 28 de junio de 2021 al 5 de diciembre de 2024.”

Finalmente, la defensa calificó de desproporcionada la solicitud de destitución, recordando que las sanciones a funcionarios involucrados habían sido leves:

“En sede administrativa se impusieron sanciones leves a los funcionarios involucrados, las cuales fueron rebajadas mediante decreto alcaldicio, aprobado sin observaciones por la Contraloría, lo que evidencia la desproporción de solicitar la destitución del alcalde.”

Lo que resolvió el Tribunal

Pese a estos descargos, el TER fue categórico en su análisis. Según la resolución, se acreditaron los cinco cargos formulados: irregularidades en cuentas contables, deuda flotante, anticipos no rendidos por funcionarios, problemas con el Fondo Común Municipal y cuentas corrientes sin respaldo.

En palabras de la sentencia:

“Las omisiones del alcalde constituyen faltas graves, reiteradas y contumaces en su deber de supervisión jerárquica, afectando directamente la administración municipal y la transparencia en el uso de los recursos públicos.”

El Tribunal recalcó que, aunque las irregularidades fueran cometidas por funcionarios, el jefe comunal no podía desligarse de su deber de control:

“El superior jerárquico no está exento de su responsabilidad ante la falta de control, como dan cuenta los múltiples informes de Contraloría.”

Incluso, el fallo señaló que el daño causado a la administración fue sostenido y profundo:

“La prueba de los perjuicios en la administración de la comuna ha sido permanente, siendo incluso difícil de calcular en su magnitud dado el desorden de las cuentas y finanzas.”

Para los jueces, lo “notable” del abandono de deberes se reflejaba en que las faltas eran:

“Importantes, sustanciales y persistentes, lo que representa una conducta reiterada e incluso contumaz de inacción por parte del edil.”

El Tribunal también reprochó hechos concretos, como el no haber fiscalizado el pago oportuno de cotizaciones previsionales:

“No fiscalizar el pago íntegro y oportuno de cotizaciones (…) pagando multas e intereses, causando perjuicio económico al municipio.”

Y concluyó que la inacción del alcalde tuvo consecuencias graves:

“La falta de control del edil ha causado grave detrimento al patrimonio municipal.”

Una comuna en tensión

La destitución de Víctor Angulo deja a Llanquihue nuevamente sin su máxima autoridad. El concejo municipal deberá definir en los próximos días la sucesión en la alcaldía, mientras se abre la opción de que la defensa del edil recurra al Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL).

Más allá de lo jurídico, el fallo tiene un fuerte impacto político y ciudadano. Para los demandantes, se trata de un triunfo en defensa de la probidad. Para los cercanos al alcalde, en cambio, es una decisión excesiva que no consideró el contexto heredado y los avances en la gestión.

El propio fallo del TER resume la exigencia hacia una autoridad comunal:

“La determinación de una autoridad por elección popular implica un celo y cuidado exigente ante el uso de recursos públicos.”

Con esta sentencia, Llanquihue entra en un nuevo periodo de incertidumbre política e institucional, marcado por la salida de su alcalde y la necesidad de recomponer la confianza ciudadana en la gestión municipal.