Por Laura Wistuba Muñoz
Administradora Pública. Licenciada en Ciencias Políticas
Magister en Dirección Pública y Gobierno (c)
A una semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias, Chile vuelve a debatirse entre consignas y proyectos. En medio de los cierres de campaña, se repite un viejo eslogan con tono de solución mágica: “hay que reducir el Estado.”
Durante este periodo, lo hemos visto repetitivamente en matinales, programas y en las redes sociales, como si gobernar y administrar el presupuesto de la nación fuese tan simple como eliminar glosas o borrar filas de un Excel. Resulta inquietante que algunos candidatos repitan y compitan por quién disminuye más el presupuesto de la nación, por lo cual, surge la pregunta crucial ¿en qué momento confundimos eficiencia con ausencia?
El Estado no puede ser contemplado ni entendido como un gasto, es inversión estructural sobre el cual se sostiene la vida colectiva. El Estado es el hospital que no deja de atender, es la escuela que abre cada mañana, la seguridad que garantiza la vida en nuestras comunidades, la red que permite a las familias de nuestro país puedan sostenerse y vivir. Sin estado, se disuelve el pacto social, no hay equidad ni cohesión, no hay dignidad, sólo mercado y desamparo.
Desde las derechas, Evelyn Matthei insiste en un Estado “más ágil”, aunque su “agilidad” se traduce en recortes y desregulación. En el Centro de Estudios Públicos (CEP) fue explícita: Chile —dijo— necesita “una buena tijera de podar, grande y rápida” para fusionar ministerios y ahorrar US$600 millones. Pero no hay nada innovador en esa idea: es el viejo dogma neoliberal disfrazado de eficiencia. Su discurso confunde gestión con tijera, agilidad con desmantelamiento, y termina reduciendo la administración del Estado a un ejercicio de poda.
Por su parte, José Antonio Kast, presenta una reducción de US$6.000 millones en 18 meses, presentándola como un ajuste “responsable”. Sin embargo, ha evitado de manera persistente explicar el cómo de su recorte, evadiendo la responsabilidad técnica que exige cualquier política fiscal seria, el responder el “cómo lo hará”, qué servicios públicos dejarían de financiarse, ni cómo impediría que esa austeridad afecte a hospitales, escuelas y pensiones. Su propuesta, más que prudencia fiscal, revela una ligereza técnica preocupante y un desprecio profundo por la gestión pública y sus consecuencias sociales.
Aún más radical, Johannes Kaiser plantea una rebaja drástica del gasto público, estimada entre US$12.000 y 15.000 millones, argumentando incluso que la Pensión Garantizada Universal (PGU) no debiese financiarse con recursos fiscales (El Periodista, 2025). Su visión de Estado se reduce a un aparato mínimo de vigilancia moral y control coercitivo, donde el bienestar se deja al arbitrio del mercado y la función pública se desdibuja hasta la irrelevancia. Esa propuesta no es modernización, es la demolición planificada del Estado social.
Todas estas propuestas, más que modernización, son el proyecto neoliberal reciclado: un desmantelamiento metódico del Estado bajo la apariencia de eficiencia. Lo llaman reforma, pero es amputación; lo presentan como orden, pero es despojo institucional y al mejor postor.
Estos tres aspirantes de las derechas encarnan a un sector dividido por su propia ambición de poder, que fue incapaz de articular una candidatura unificada en primarias. Cada facción apostó por su parcela, evidenciando no sólo diferencias ideológicas, sino una nula capacidad de diálogo y de gestión política, condiciones mínimas para gobernar un Estado moderno. Su desunión no es táctica: es síntoma de un proyecto que se agota en la competencia interna y carece de visión de país.
Resulta aún más preocupante que quienes se ubican más al extremo de este sector, carezcan de experiencia en gestión pública ni han evidenciado habilidad para colaborar ni articular más allá de sus círculos afines ni de quienes agitan sus banderas. Proponen gobernar, pero carecen de evidencia alguna sobre capacidad de gestión, menos aún, de visión estratégica, responsabilidad institucional y sentido social, principios esenciales para conducir el Estado y sostener el interés público.
Administrar lo colectivo, como sabemos quienes venimos del servicio público, es una tarea compleja y noble, que es necesario incluso, que merece ser defendida por su capacidad de transformar la vida de las y los ciudadanos. En esa complejidad reside la verdadera política: la que no promete, sino que gestiona; la que no destruye, sino que construye.
En ese contexto, Jeannette Jara destaca como la única candidata que ha exhibido una comprensión pragmática del rol que aspira. Su trayectoria en el servicio público, liderando equipos, negociando con diversos actores y encabezando procesos de políticas públicas, la posiciona con solvencia. Desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ha impulsado el fortalecimiento y la sostenibilidad de la Pensión Garantizada Universal (PGU), demostrando que la responsabilidad fiscal y la justicia social no son opuestas, sino complementarias cuando se gobierna con convicción y técnica.
Es por esto que, cuando nos encontramos ante el debate de la reducción presupuestaria, este exige un enfoque estratégico meticuloso, nunca una simpleza. Ante la falta de estrategia, las consecuencias recaerán sobre todos, porque sin transparencia en estas medidas de recorte, es inevitable cuestionarse ¿Qué beneficios sociales se verán comprometidos? ¿Qué servicios dejarán de estar operativos? ¿Cuánto aumentará el costo de la vida si el Estado reduce su contribución?
El asunto no radica en el tamaño del Estado, sino en su habilidad para servir con eficacia, un punto fundamental.
Según la OCDE (2024), Chile destina apenas 25% de su PIB al gasto público, frente al promedio de 41% del bloque. Y de acuerdo con la Dirección de Presupuestos (DIPRES, 2024), más del 70% del presupuesto nacional se destina a salud, educación y protección social.
Reducir gasto sin criterio, no es ni será nunca un tema de eficiencia, sólo significa debilitar precisamente lo que sostiene la vida cotidiana de las familias de nuestro país.
Un país no prospera con consignas, sino con gestión pública eficiente y responsable, y eso exige reconocer que la administración de este no es una carga, sino que es el motor de lo que somos como nación, lo que sostiene a nuestras familias y comunidades.
De allí, el gran peligro que supone la deshumanización que domina el debate político, esa lógica de antagonismo que fractura y agota. Como señala Byung-Chul Han, vivimos en “la sociedad del cansancio”, donde la competencia y el rendimiento reemplazan el sentido del cuidado. Y sin cuidado, un Estado verdaderamente funcional resulta imposible.
Chile no necesita un Estado más pequeño, sino que uno más justo, más presente y más humano. Uno que profesionalice cada vez más su gestión, fortalezca su ética y comprenda la responsabilidad de gestionar el presupuesto público.
Optar por la desmantelación del Estado en pos de una supuesta eficiencia, francamente, es tan disparatado como derrumbar la casa porque no le gusta su color. ¿Usted lo haría? Obviamente, no. Carece por completo de lógica.
No se administra mediante meros eslóganes, ni se gobierna con el desdén o indiferencia. Se gobierna con astucia, con gestión, diálogo, y convicción, y por supuesto, un profundo respeto hacia lo público, puesto que este nos pertenece a todas y todos.
Cuando llegue el momento crucial de decidir, recordemos que Chile se juega su Estado.
No se trata sólo de elegir un programa o un nombre, es decidir si queremos un país que se administre con propósito y responsabilidad, con convicción, técnica y sentido de comunidad.
Un Estado debilitado no moderniza: renuncia. Y, cuando el Estado renuncia, renuncia también la democracia, porque sin Estado no hay justicia, ni igualdad, ni futuro compartido.
Porque este domingo no sólo elegimos autoridades: decidimos el tipo de Estado que queremos sostener. Votar con responsabilidad es votar con memoria, con sentido de lo público y con la convicción de que un país se construye gestionando lo común, no recortándolo.
