El juicio a un profesor de Carahue que abusó sexualmente de una niña de 11 años y respecto del cual se dictó veredicto de condena, es la manifestación más obscena y dolorosa de una crisis sistémica de protección a la niñez que el Estado chileno arrastra como una herida abierta y purulenta.
TEMUCO (ELGONG)
El veredicto de condena a Eladio Beroiz Bustos, profesor de una escuela rural en Carahue, por el delito de abuso sexual reiterado contra una niña de 11 años, no es un hecho aislado ni una anécdota judicial más en las páginas policiales. Es la manifestación más obscena y dolorosa de una crisis sistémica de protección a la niñez que el Estado chileno arrastra como una herida abierta y purulenta.
Que el agresor haya operado desde el interior de un espacio que por definición debe ser el refugio más seguro para un menor —la escuela— evidencia que los mecanismos de prevención y control institucional fallaron de raíz.
1. La salud mental y el trauma: El abandono institucional frente a la vulnerabilidad
Casos como este revelan con crudeza el impacto devastador en la salud mental de los escolares y sus familias, quienes además de cargar con la agresión, deben someterse a un sistema judicial revictimizante.
- El testimonio del padre de la víctima, obligado a revivir el horror prestando declaraciones una y otra vez, desnuda un Estado insensible ante el daño psicosocial profundo.
- La escuela rural, con su aislamiento y menor fiscalización, se transforma a menudo en un territorio de impunidad donde la vulnerabilidad socioeconómica y geográfica de las familias campesinas e indígenas es aprovechada por depredadores que lucen investidura de autoridad. La salud mental de los niños en estos contextos no está en «alerta máxima»: está derechamente desamparada.
2. El peligro real: Entre el aula y la indolencia burocrática
La respuesta institucional tras la catástrofe suele reducirse a respuestas burocráticas y lavados de manos tardíos. Que el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Costa Araucanía confirme que el docente «dejó de ejercer funciones hace aproximadamente dos años» plantea una interrogante ineludible y aterradora: ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la alerta inicial y su separación efectiva del cargo? ¿Cuántos meses o años estuvo la infancia expuesta mientras el aparato estatal operaba a velocidad de tortuga?
- El resguardo de los escolares no puede depender de reacciones administrativas a posteriori. La protección debe ser rigurosa, preventiva y permanente, tanto al interior de los establecimientos como en los trayectos y comunidades donde la niñez más vulnerable queda a la deriva.
3. El fantasma del SENAME y la urgencia de una refundación estructural
Permitir que la violencia y el abuso sigan infiltrándose en los espacios educativos nos devuelve inevitablemente al espejo del Servicio Nacional de Menores (Sename): décadas de negligencia estatal, donde la niñez bajo la tutela o supuesta protección del Estado se convirtió en moneda de cambio de la desidia institucional.
- Exigencia de coherencia: Hoy, los organismos estatales encargados de velar por la protección de la infancia deben corregir, revisar y crear urgentemente políticas coherentes con la realidad actual. No basta con pedir penas de presidio efectivo —como los 7 años solicitados por la Fiscalía- cuando el daño ya está consumado; se requiere un sistema que erradique preventivamente a los abusadores de las aulas, que fiscalice los rincones más apartados de la ruralidad y que entienda que la seguridad de los niños y niñas no es transable.
Nota de Origen:
- Hecho: Un profesor de una escuela rural de Carahue (Eladio Beroiz Bustos) fue declarado culpable de abuso sexual reiterado contra una niña de 11 años (hechos ocurridos en 2023). La Fiscalía solicitó 7 años de presidio efectivo.
- Contexto institucional: El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco dictó el veredicto condenatorio tras un juicio de dos jornadas, mientras que el SLEP Costa Araucanía confirmó que el docente dejó de ejercer hace dos años. La sentencia definitiva se dará a conocer próximamente.
