La Contraloría General de la República instruyó al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), encabezado por Mara Sedini, iniciar un proceso disciplinario tras detectar irregularidades en una publicación que aludía a un supuesto “Estado en quiebra”.
En su dictamen, el organismo fiscalizador señaló que, aunque el ministerio puede informar a la ciudadanía mediante redes sociales —incluso usando lenguaje cotidiano—, estas comunicaciones deben respetar los principios de probidad, transparencia y la obligación de entregar información “verificada, correcta y oportuna”.
La Contraloría indicó que la Segegob sí presentó antecedentes sobre la situación fiscal, como el endeudamiento y medidas de ajuste, dentro de un marco permitido. Sin embargo, advirtió que no se entregaron respaldos suficientes para sustentar “fáctica y técnicamente” el uso de ciertos términos, en particular la expresión “Estado en quiebra”.
Además, el propio ministerio reconoció que el uso de ese concepto no se ajustó “cabalmente al estándar de moderación y mesura” exigido a las autoridades, admitiendo que pudo generar confusión en la ciudadanía, lo que llevó a eliminar la publicación.
A partir de estos hechos, la Contraloría instruyó adoptar medidas para evitar contenidos imprecisos o ambiguos en el futuro. Asimismo, ordenó iniciar un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades, fijando un plazo de cinco días hábiles para informar sobre su inicio y resultados.
El origen de la controversia
La polémica se originó en marzo, cuando la Contraloría ofició al gobierno del presidente José Antonio Kast tras detectar publicaciones institucionales que afirmaban que el Estado chileno estaba “en quiebra”.
Entre los contenidos cuestionados había material gráfico y audiovisual relacionado con el alza de los combustibles, donde se afirmaba que no era posible reducir su precio porque “nos dejaron sin plata” y que existía “un Estado en la quiebra”.
Estas afirmaciones generaron críticas desde distintos sectores, incluido el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien rechazó el concepto y afirmó que “jamás ocuparía esa palabra”.
La controversia escaló rápidamente en el plano político y comunicacional, lo que obligó al Ejecutivo a retirar el contenido y responder al requerimiento del organismo fiscalizador. Posteriormente, el propio Gobierno reconoció el error en el uso del término, en medio del debate sobre la situación fiscal y las medidas de ajuste.
