«Las respuestas del candidato José Antonio Kast, que apuntan a la expulsión de alrededor de 350.000 personas de manera prácticamente indiscriminada, carecen de sustento logístico y financiero y no tienen viabilidad diplomática», expresaron los exministros de Relaciones Exteriores.
En el escrito, afirman que “la política migratoria de Chile debe enmarcarse estrictamente en el Estado de derecho y en las obligaciones internacionales asumidas por el país en materia de derechos humanos, refugio y protección de personas en situación de especial vulnerabilidad. Las propuestas que se basan en la amenaza de expulsiones masivas, la posibilidad de separación de familias o el confinamiento de personas en recintos de carácter cuasi carcelario resultan incompatibles con el respeto irrestricto a la dignidad humana y con los estándares del sistema internacional y regional de protección de derechos humanos”.
En esa línea, afirman que Chile tiene un “interés esencial en preservar relaciones de respeto, cooperación y buena vecindad con Perú y Bolivia, especialmente en la gestión de fenómenos transfronterizos como la migración irregular, el crimen organizado y el narcotráfico”.
“La idea de ’empujar’ o derivar a miles de personas hacia las fronteras de Estados vecinos, sin mecanismos de coordinación ni acuerdos bilaterales claros, constituye un gesto inamistoso que puede ser percibido como una forma de presión política, afectando la confianza mutua y debilitando los espacios de diálogo construidos con esfuerzo a lo largo de décadas”, dice la misiva.
De todos modos, los exministros recalcan que “la inmigración irregular es inaceptable, vulnera la legislación vigente y tensiona gravemente la convivencia nacional, especialmente en las regiones de frontera”.
Por ello, señalan que Chile tiene el deber de reforzar de forma efectiva el control de sus fronteras y mantener orden en los flujos migratorios.
Sin embargo, apuntan directamente al candidato republicano y las propuestas que ha presentado durante la campaña presidencial: “Las respuestas del candidato José Antonio Kast, que apuntan a la expulsión de alrededor de 350.000 personas de manera prácticamente indiscriminada, carecen de sustento logístico y financiero y no tienen viabilidad diplomática, considerando el rechazo del régimen de Nicolás Maduro a recibir repatriados desde Chile; se trata de planteamientos que no ofrecen soluciones reales ni sustentables a la situación que enfrenta el país”.
“La actual situación migratoria en el norte de Chile exige respuestas firmes, pero viables, acordadas con los países vecinos y consistentes con el derecho internacional, no planteamientos retóricos que prometen soluciones simples a problemas complejos. Corresponde fortalecer los canales diplomáticos, activar los comités de frontera, perfeccionar los acuerdos de reconducción y retorno, y avanzar en mecanismos de regularización y control que se diseñen conjuntamente con Perú y Bolivia sobre la base de la corresponsabilidad y el respeto mutuo”, recalcan.
Y añaden que la gestión en materia migratoria y de seguridad en la frontera debe compatibilizar el “control efectivo del territorio con la protección de la vida e integridad de las personas, evitando la generación de crisis humanitarias en pasos fronterizos por acumulación de familias sin salida ni asistencia adecuada. Ello exige reforzar la coordinación entre cancillerías, ministerios competentes y fuerzas de seguridad de los tres países, así como la adopción de medidas que impidan la estigmatización de comunidades nacionales específicas y la criminalización colectiva de las personas migrantes”.
Alvear, Fernández, Insulza, Muñoz, Urrejola y Walker remarcaron en la carta que quienes aspiran a la Presidencia del país “tienen el deber de contribuir a un debate serio, responsable y fundado en evidencia sobre la migración y la seguridad, que no se apoye en el temor ni en la desinformación. Resulta inaceptable que, con fines electorales, se tensionen innecesariamente las relaciones bilaterales o se formulen propuestas que desconocen las limitaciones prácticas y jurídicas de eventuales procesos masivos de expulsión, así como su costo humano y financiero”.
“Hacemos nuestras las reflexiones contenidas en la carta publicada por el arzobispo de Concepción, en cuanto a que la política migratoria no puede reducirse a la lógica del “te vas o te expulsamos”, ni a una respuesta meramente punitiva frente a realidades humanas de gran fragilidad, y debe siempre respetar la dignidad de las personas y buscar caminos acordes con ella”, cierra la misiva.
